Ricardo Abuauad: “Una cárcel no es la inversión pública que se requiere en Santiago”

La decisión parece estar tomada. A pesar de las críticas, el Gobierno sigue empujando la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en el ahora llamado “barrio judicial y penitenciario” de la comuna de Santiago: una zona delimitada por avenida Pedro Montt, Centenario y Club Hípico, que alberga, entre otras instituciones, a Santiago 1 y al Centro de Justicia.

El proyecto, valorado en cerca de 90.000 millones de pesos, propone crear 500 nuevas plazas para delincuentes de alta peligrosidad. Además, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que se dispondrá de un dispositivo de seguridad consolidado por ley para resguardarla, una mitigación sostenida en el tiempo que no dependerá de decisiones transitorias.

La medida es inevitablemente polémica, como la construcción de cualquier cárcel. Afectará directamente a los habitantes de la población Yarur, quienes presentaron un recurso de protección en contra de la Presidencia de la República argumentando que el proyecto atenta contra sus derechos constitucionales.

Los vecinos señalan que esta nueva instalación acentuaría la sensación de inseguridad y deterioraría significativamente su calidad de vida. Especialmente porque en el lugar ya se emplaza el complejo carcelario más grande del país, compuesto por cuatro prisiones en el mismo perímetro.

Quien también ha alzado la voz en contra de la construcción de este recinto penitenciario es Ricardo Ubuauad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello UNAB, que tiene más de 20 años de experiencia desarrollando planes urbanos y proyectos de arquitectura como el Barrio Universitario de Santiago y el Plan Maestro del Barrio Puerto en Valparaíso, por nombrar algunos.

El arquitecto y máster en Gestión Urbana de la École Nationale des Ponts et Chaussées en París y la Université de Technologie de Compiègne, señala que la cárcel es un equipamiento considerado Nimby (acrónimo para “Not in my back yard” o “No en mi patio trasero”).

“Es un equipamiento mayor que trae asociados una serie de usos no solamente al interior, sino que en su periferia, en su entorno, que pueden ser bastante molestos para las personas que habitan cerca. Por eso es tan crítica la decisión de que se haga en el entorno de una comuna tan central como Santiago”, afirma.

Además del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y la Cárcel Anexo Capitán Yáber, en el perímetro Pedro Montt-Centenario-Club Hípico están los Centros de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría) y Santiago 1. La nueva prisión sería una ampliación de este, ya que se ubicaría en un terreno colindante.

Junto con los vecinos, la alcaldesa de Santiago también ha sido una férrea opositora de este proyecto. “Las políticas tienen que ser coherentes. No puede ser que por un lado queramos más seguridad para Santiago y por otro lado exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos y vecinas”, señaló Irací Hassler.

Por otra parte, la opinión pública tampoco parece estar de acuerdo con la ubicación escogida. La encuesta Plaza Pública realizada por Cadem reveló que sólo un 8% cree que es correcto construir una nueva cárcel en la comuna de Santiago, mientras que un 88% piensa que debería edificarse lejos de los grandes centros urbanos.

Sin embargo, la ampliación de Santiago 1 va. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, anunció que las obras comenzarán el primer trimestre de 2025. Actualmente es necesario avanzar en la modificación del plano regulador comunal, trámite en desarrollo a cargo del Ministerio de Vivienda. Se espera que esté terminada antes del fin del Gobierno del Presidente Boric, en marzo de 2026.

Ricardo Abuauad señala tres consideraciones por las cuales la construcción de la cárcel en Santiago es inconveniente:

“La primera, estamos en una de las mayores crisis de vivienda que ha experimentado este país, por lo tanto, todos tenemos un deber de crear la mayor cantidad de nuevas viviendas que se puede y de proteger las que ya existen. Hay una cuestión fundamental, no es menor afectar de forma significativa las residencias que hay en ese sector”.

“La segunda cuestión es que la comuna de Santiago ha experimentado en los últimos años, desde el estallido, un deterioro muy significativo. Tenemos equipamientos mayores que han dejado la comuna central como los bancos. Tenemos edificios patrimoniales deteriorados. Tenemos un comercio que tiende a cerrar sus puertas, tendemos a ver en las calles y espacios públicos que siempre valoramos, usos más bien deteriorantes, como son el comercio ambulante y las cocinerías”, comenta el arquitecto.

“Sabiendo que es la comuna probablemente más importante de Chile, la que reúne los edificios más valiosos, los espacios públicos más significativos, etc., tenemos una obligación de recuperar y en ese sentido, una cárcel no es la inversión pública que se requiere en una comuna como esta”, afirma.

“El tercer factor es que estamos atravesando –y la comuna de Santiago más que ninguna otra— una crisis de seguridad mayor. Por lo tanto, hay que mirar este proyecto desde el punto de vista de si contribuye o no a mejorar los muy críticos y graves números de atentados, de asaltos, de asesinatos en la comuna. Probablemente la respuesta a eso es no”, sentencia el decano del Campus Creativo de la UNAB.

Ricardo Abuauad asegura que, haciendo un balance, son más los contra que los pro de la iniciativa. “Entiendo cuáles son las razones que llevan a nuestras autoridades a pensar que podría ser una buena idea. Hay cuestiones vinculadas al traslado de reos desde una de las cárceles a otra o desde tribunales a la cárcel”.

“Hay cuestiones logísticas que también son importantes, como por ejemplo que ya existe un terreno ahí disponible. Pero creo que todas estas cosas pesan poco al lado de un equipamiento de esta envergadura, de esta trascendencia, que va a durar ahí décadas de décadas”, indica el arquitecto.

La alcaldesa Irací Hassler se ha opuesto a la iniciativa penitenciaria señalando que la tendencia es que las cárceles se construyan fuera de los centros urbanos y la evidencia internacional la respalda. Sin embargo, a las cárceles en lugares alejados se les cuestiona el que dificultan el contacto entre el preso y sus familias y cercanos.

“No quiere decir que los vayamos a enviar a un sitio remoto, sino que podamos controlar de mayor manera lo que ocurre alrededor, que es justamente el tema de conflicto que tienen los vecinos hoy día, que perciben este conjunto carcelario, aquel que se ha llamado el ‘barrio penitenciario’, como una zona de sacrificio. Y creo que tienen toda la razón”, afirma el decano UNAB.

La ampliación de Santiago 1 significaría un desincentivo a los planes de regeneración urbana y repoblamiento del barrio. En el último tiempo, nuevos proyectos de vivienda habían surgido en el sector producto del desarrollo de obras como el Parque Víctor Jara o la línea 6 del Metro de Santiago. Ricardo Abuauad lo confirma:

“Va a tender a deteriorar un barrio en el que además se han hecho inversiones importantes para mejorarse. Hay que recordar que en ese mismo barrio se invirtió en la recuperación del Zanjón de la Aguada, en la recuperación de Machasa. Es decir, ya se está haciendo o se han hecho inversiones importantes para esa recuperación. Yo diría que esto iría en el sentido contrario”.

Ricardo Abuauad apela al criterio de los responsables para resolver esta encrucijada. “El deber de la autoridad hoy día en relación con nuestras ciudades es recuperarlas. Nuestras ciudades están pasando por una crisis mayor y creo que no hay que ser urbanista ni arquitecto experto para verlo en nuestra ciudad”, asegura.

“Están pasando por una crisis mayor que tiene que ver con el deterioro de los últimos años. El deterioro vinculado a la seguridad o a la falta de ella, al cambio climático, a la crisis de vivienda. El deterioro de las maneras que tenemos de relacionarnos, del uso de espacio público, del patrimonio de las áreas centrales”, enumera.

“Todas estas cuestiones no son menores, porque afectan directamente la calidad de vida y por lo tanto cualquier intervención –sobre todo si es con plata pública— tiene que preguntarse, en primer lugar, no solo si resuelve una necesidad, un problema, sino que además si contribuye a la recuperación de nuestras ciudades. Ese es el tema central que hay que plantear”, concluye.