¿Serviría despenalizar el consumo de drogas para frenar el narcotráfico?

Entre las “medidas para mejorar Chile” que propuso el economista Klaus Schmidt-Hebbel, ello en el marco del seminario “La economía chilena en 2025: ¿Cómo viene?” organizado por Clapes UC, una de las ideas que causó revuelo fue “la legalización del consumo de drogas para quitar el mercado a los narcotraficantes y bajar la violencia asociada”.

Entre los argumentos que defendió Schmidt-Hebbel está que la prohibición del consumo “no ha sido efectiva ni en el mundo ni en Chile”. Lo cierto que no es la primera vez que el ex director del Departamento Económico de la OCDE plantea esta idea. Desde 2014 levanta el tema en la palestra, argumentando que la legalización permitiría una regulación tributaria, generando tributos con los cuales se podrían sustentar programas de desincentivo del uso de drogas o de rehabilitación de adictos.

Sin embargo, el contexto actual en que el economista lo defiende es otro. Chile lleva años bajo una encrucijada en términos de seguridad. Como nunca en Chile, la constante aparición de delitos violentos, junto con la presencia del narcotráfico y con figuras como el Tren de Aragua apareciendo en las noticias, hacen que la idea del experto en finanzas no parezca descabellada.

Si miramos el mapa, varios países han despenalizado el consumo de drogas en distintos grados, aplicando modelos que van desde la regulación estricta hasta la tolerancia parcial. El primero fue Portugal en 2001 con la despenalización total para los consumidores, y el último fue Alemania en 2024, eliminando su faceta restrictiva que lo caracteriza y aprobando la legalización del consumo recreativo de cannabis, permitiendo a adultos poseer pequeñas cantidades y cultivar para uso personal.

Francisco Cumsille, experto en políticas de drogas y exdirector del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la OEA, cree que la discusión sobre la despenalización en Chile debe hacerse en términos simétricos y sin sesgos.

“Si vamos a discutir sobre drogas que son ilegales, no lo podemos hacer con un pisco sour en la mano”, señala, apuntando a la falta de equilibrio con la que a menudo se abordan estas temáticas. “Si alguien consume alcohol, no decimos que la persona es alcohólica. Entonces, creo que tenemos que emparejar un poco la cancha en la discusión”.

Misma opinión posee Pablo Galain, investigador de la Universidad Andrés Bello, quien desde 2013 ha estudiado el mercado regulado del cannabis en Uruguay, y que es enfático al señalar que la existencia de mercados negros y del crimen organizado transnacional no depende de que un Estado o la comunidad de estados prohíban o no un producto, sino de las posibilidades de oferta y demanda de un producto que sigue siendo apetecible por los consumidores, como ocurre con el contrabando de cigarros en ferias libres.

El académico UNAB va más allá, explicando que la prohibición provoca “mantener todo un gran mercado negro que da lugar al uso de la violencia y de la corrupción”. Cumsille entrega otra arista: “Si existen bienes y servicios que son demandados por la sociedad y permanecen prohibidos, entonces existen los incentivos para que prospere una actividad económica destinada a abastecer esa demanda.”

Galain hace un contraste tomando en cuenta que hace más de un siglo muchas drogas como el opio o la cocaína eran legales y provocaron incluso guerras internacionales por su comercialización, pero fue en el siglo XX donde aparecieron una serie de tratados internacionales que exigieron la intervención del derecho penal en materia de drogas, reforzándose en 1988 con la Convención de Viena.

Eso sí, el consumo ha quedado a criterio de cada país, y en Chile legalmente no está prohibido, si uno se acerca a leer la Ley 20.000, que restringe su uso en ciertas circunstancias. Esto genera una contradicción, ya que las personas pueden consumir, pero sin acceso legal a las sustancias.

Si bien aún existen países prohibicionistas con medidas estrictas para el consumo, como ocurre con Rusia, China o países árabes, la tendencia internacional ha sido enfrentar al crimen organizado regulando y entendiendo que el consumidor no siempre es sinónimo de traficante.

También debemos pensar. ¿Por qué existe el consumo de drogas? La realidad global señala que el mercado está dominado por la marihuana. “Incluso la UNODC -oficina de las Naciones Unidas contra la Droga– reconoce que el 92% de los consumos son de marihuana, tiene un rol muy central en el consumo de estas sustancias”, señala Ibán de Rementería, ex funcionario de UNODC, y asesor de varios gobiernos en políticas de drogas, incluyendo a Chile.

A pesar de la preocupación por su impacto sanitario, la prevalencia del cannabis sigue siendo menor en comparación con el tabaco y el alcohol. “Más del 30% de la población consume tabaco y cerca del 60% consume alcohol en la actualidad, mientras que la marihuana solo alcanza un 12%”, explica. Rementería es enfático en señalar que, si bien el consumo reiterado de cannabis puede generar daños como cualquier otra droga, no existen pruebas de que su consumo en solitario pueda generar muerte.

¿Por qué las personas recurren a estas sustancias? Desde una perspectiva de salud mental, su uso puede estar vinculado con la autogestión de trastornos del ánimo como la ansiedad, la depresión y la angustia. “El consumo de drogas tiene que ver con el intento que tiene la población de autogestionar precisamente estos trastornos”, indica Rementería.

En Chile, la carga de salud mental es significativa. Según el investigador, “el 30% de las licencias de salud en el sector público y un 20% en el privado son por trastornos del ánimo”. En este contexto, el consumo de drogas podría ser una respuesta al estrés cotidiano y al llamado burnout.

Si revisamos la “Radiografía a personas en recuperación por consumo problemático de alcohol y otras drogas” de SENDA, las tres principales sustancias que motivaron el ingreso a tratamiento en algún centro de rehabilitación de dicha institución fueron el alcohol (35, 6%), la cocaína (30,2%) y la pasta base de cocaína (21,8%).

La diputada Ana María Gazmuri, parte de la bancada transversal Revolución por la Paz, hace un breve resumen de lo que ha ocurrido en la última década a nivel legislativo, donde ella ha asumido roles como activista de consumidores de cannabis medicinal, para luego asumir como congresista desde 2022.

En 2015, los diputados Karol Cariola y Vlado Mirosevic, junto a otros parlamentarios, impulsaron un proyecto de ley que buscaba despenalizar el autocultivo. El proyecto propuso modificar el Código Sanitario y la Ley 20.000 para permitir el cultivo de hasta seis plantas por domicilio, el consumo de cannabis con fines terapéuticos y el transporte de un máximo de 10 gramos para uso personal. Sin embargo, no siguió avanzando en sus etapas legislativas a pesar de ser aprobado por la cámara baja.

En 2018, la Cámara de Diputados realizó un nuevo intento que fue aprobado con un 80% de apoyo a la iniciativa “Ley Cultivo Seguro”, que buscaba despenalizar el autocultivo de cannabis para uso medicinal, modificando el Código Sanitario para que una receta médica fuera suficiente para evitar la incautación de plantas cultivadas por pacientes o sus cuidadores. Sin embargo, en octubre de 2021, la Comisión de Salud del Senado rechazó la iniciativa por tres votos en contra (UDI, RN y DC) y dos a favor (PPD y PS). Un rechazo que a su parecer mantuvo la criminalización de pacientes que cultivan cannabis con fines medicinales, a pesar de contar con prescripción médica, generando críticas de organizaciones.

El tema siguió durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se siguieron impulsando iniciativas para modificar la Ley 20.000, pero activistas y organizaciones defensoras de los derechos de pacientes y usuarios de cannabis medicinal afirmaron que podía aumentar la vulnerabilidad legal de sus derechos. Parlamentarios de diversas tendencias, incluyendo al actual presidente Gabriel Boric, presentaron indicaciones para proteger a los usuarios medicinales.

Ya en su periodo, Gazmuri participó en la reciente promulgación de la Ley 21.575 o “Ley Antinarco”, que introdujo modificaciones significativas, especialmente en lo que respecta al uso medicinal del cannabis. La diputada enfatizó que, si bien el consumo de cannabis ha estado despenalizado desde siempre, el problema radica en el enfoque con el que se aborda, lo que ha llevado a que muchos pacientes sean acusados injustamente de tráfico o cultivo ilícito.

“Finalmente se acusa de tráfico, microtráfico, de cultivo ilícito, sin que haya razones para eso, solamente desde un sesgo y un prejuicio”, señaló. En ese sentido, destacó que, con la implementación de la nueva normativa y su indicación medicinal, se ha trabajado intensamente en su aplicación para garantizar que los derechos de los pacientes no sean vulnerados. “Hemos tenido reuniones con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la PDI, con Carabineros, con Policía Marítima, para ver cómo están bajando e implementando la nueva ley para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los pacientes”, complementó.

Ante la posibilidad de tramitar un proyecto que despenalice el consumo de drogas para frenar el narcotráfico, la congresista considera que los esfuerzos hoy están puestos en “separar definitivamente” la persecución hacia el narcotráfico y no hacia los usuarios.

Si revisamos los compromisos de campaña del actual presidente Gabriel Boric, entre ellos está “terminar la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile”. Frente a la promesa, la diputada Gazmuri confirma que “estamos trabajando en eso”, y que se mantienen conversaciones con el Ejecutivo desde su bancada en dirección a asegurar que la normativa vigente se aplique correctamente, y continuar dialogando para ampliar la protección y los derechos de los usuarios.

Para imaginar una posible discusión sobre la despenalización, los expertos levantan sus parámetros. Lo primero será hablar sobre cannabis y determinar cuánto será la cantidad de consumo personal. Ibán de Rementería recuerda una investigación que realizó en 2015, donde tras analizar casos ligados al porte de consumo de cannabis en cinco juzgados, un 70% de los acusados tenía menos de 2 gramos, mientras que un 90% poseía menos de 10, “cantidades bastante pequeñas” a ojos del experto para ser llevados a un proceso legal.

A ello, agrega que la población penal más grande en este país, después del robo con violencia, es por porte de droga, siendo un 22% del total, similar a la sobrecarga de población penal que hay en este momento en los penales.

Si ponemos la mirada en los casos internacionales, el académico de la UNAB destaca a Uruguay, donde se implementó un sistema que permite el acceso al cannabis a través de tres vías: autocultivo, clubes cannábicos y compra directa del Estado. Aunque inicialmente el 62% de la población estaba en contra de la medida, el gobierno de José Mujica defendió la regulación como una forma de combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores.

Galain destaca que, aunque la regulación no ha eliminado por completo el mercado negro, sí ha mejorado la calidad del producto disponible y ha reducido la violencia asociada al tráfico de cannabis. Además, Uruguay ha logrado proteger a los consumidores al ofrecer un producto controlado y seguro, lo que ha contribuido a una mayor madurez social en torno al tema.

Otro caso de referencia son los Estados Unidos, donde a pesar de ser una de las naciones más prohibicionistas, el cannabis es legal para uso recreativo en 24 Estados, y la cifra llega a 40 con los que la permiten para uso medicinal.

En 2012, estados como Colorado y Washington aprobaron el uso recreativo del cannabis mediante votaciones populares, siendo un laboratorio para la regulación, junto con brindar apoyo técnico y know-how a otros países, como Uruguay, que más tarde implementaron sus propios sistemas de regulación.

Sin embargo, el investigador también advierte sobre las diferencias entre los modelos de regulación. Mientras que Uruguay priorizó la protección de la salud pública y la seguridad jurídica de los consumidores, muchos estados de EE.UU. adoptaron un enfoque más economicista, creando una industria multimillonaria alrededor del cannabis, incluyendo el turismo cannábico.

“La industria que han creado sobre cannabis turístico es tremenda”, afirma Galain, refiriéndose a estados como Colorado, donde el mercado regulado ha generado importantes ingresos fiscales. Lo mismo ocurrió en Canadá, que dejó que cada uno de sus estados regularice la producción, distribución y consumo de marihuana para adultos, permitiendo su venta en dispensarios regulados.

A pesar de estos avances, Galain señala que las drogas sintéticas representan un problema mucho más grave en el país del norte que el cannabis. El fentanilo, una sustancia producida principalmente en China y distribuida por carteles mexicanos, está causando una crisis de salud pública sin precedentes.

Francisco Cumsille hace una evaluación del panorama mundial y considera que, a pesar de las iniciativas de prevención y prohibición, quien más se beneficia de no discutir la despenalización es el narcotráfico y su financiamiento. “En vez de perseguir la ruta del dinero, ¿por qué no cerramos la llave de paso del dinero? Transformar una actividad ilegal en legal podría desarticular financieramente al narcotráfico”.

El experto toma un estudio en el que participó en 2018, en el cual calcularon el gasto anual que existe para tres drogas como son la marihuana, pasta base y la cocaína. De aproximadamente un millón de consumidores de drogas ilegales en el país, cerca del 80% se usa exclusivamente en marihuana. “El narcotráfico genera alrededor de un millón de dólares diarios en el país, y el 90% de esos ingresos proviene del cannabis”, rememora.

Si la tendencia da cuenta que todo apunta a la despenalización, Pablo Galain cree que, para que Chile pueda discutir la despenalización en algún grado, quienes estén detrás de la conversación tendrán manejar argumentos y datos técnicos de experiencias comparadas (Uruguay, Canadá, Alemania, EE.UU), y no levantar discusiones viscerales basadas en prejuicios morales y lobbistas, teniendo en cuenta que día a día el crimen organizado satisface mucho de sus negocios a través de la droga, como son las migraciones ilegales, la prostitución, las armas, o los préstamos en ferias libres.

Discutir el tema, por más tabú que parezca, permitirá que una sociedad como la chilena madure y enfrente la socialización de la marihuana, que está presente y se percibe al solo olfatear en la calle. Cumsille sentencia que debemos aprender del pasado, como ocurrió con la ley seca de los años 30 en EE.UU, y no repetir viejos esquemas de prohibición que sólo dan pie a que otros se hagan cargo de un negocio que la misma sociedad parece necesitar.