Después de que Apple confirmara en el 2017 la programación de un código para ralentizar los iPhone más antiguos para que las baterías no tengan una muerte súbita, el grupo francés HOP (Halte a l'Obsolescence Programmee o Paren la Obsolescencia Programa) presentó una querella contra la compañía, y las autoridades francesas comenzaron la investigación en enero del 2018.

Después de más de dos años desde la presentación de la querella, Francia ha dirimido que Apple deberá pagar un total de 27 millones de dólares y poner una advertencia en la versión francesa de su sitio web sobre la obsolescencia programada de sus dispositivos.

El actuar de Apple, centrado en el manejo de las baterías, fue visto por muchos como un intento de la compañía para obligar a los usuarios a comprar los nuevos modelos antes de que necesitaran cambiar de teléfono. Si bien ya lo había admitido, la empresa afirmó que no lo hacía con esas intenciones, sino que era por el bien de los iPhone más viejos y que estos no colapsaran ante la demanda de rendimiento de los usuarios.

Los consumidores de la compañía no se tomaron bien la obsolescencia programada, especialmente porque Apple nunca había sido claro al respecto antes del 2017. Con el eventual comienzo de la investigación por parte de las autoridades de Francia, la compañía se disculpó y ofreció descuentos en los cambios de batería, finalmente 11 millones de personas pagaron $29 dólares ($23.000 pesos chilenos) por una nueva fuente de poder.

Desde entonces, Apple diseñó un nuevo sistema de manejo de poder para el iPhone 11, para mantener la batería funcional por más tiempo. Asimismo, aceptó la multa y pronto publicará un comunicado de prensa al respecto. En ese sentido, la compañía le dijo a France24 que se encuentra trabajando en hacer que sus celulares "duren lo más posible".