La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) expresó su preocupación acerca de las graves falencias que tiene el proyecto de ley que busca obligar a los motociclistas a portar cascos rotulados con la placa patente de su vehículo en uso.
Este proyecto de ley, fue aprobado por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional. Según la ANIM, considera que esta iniciativa es inadecuada tanto desde la perspectiva de la seguridad personal de los usuarios como por sus potenciales impactos negativos en un sector laboral fundamental para el país.
El Boletín 15077-15, que introduce modificaciones a la Ley de Tránsito, estará en discusión parlamentaria el próximo 21 de agosto. Entre sus disposiciones, se propone que los cascos lleven la placa patente del vehículo motorizado, con detalles sobre su adhesión, tamaño y color de las letras y números proporcionados por un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Frente a esto, la ANIM destaca que el casco es un elemento de protección personal independiente del vehículo y que su diseño y ajuste cumplen con estándares internacionales para garantizar seguridad en caso de accidentes. Al ser un elemento personalizado para cada usuario, no es apropiado ni efectivo compartirlo entre diferentes vehículos.
Esta imposición de adherir la placa patente de manera específica en los cascos plantearía desafíos significativos para usuarios de motocicletas, especialmente aquellos involucrados en actividades económicas como el servicio de delivery, cuya asignación de vehículos es dinámica. Además, ANIM resalta que no hay evidencia que respalde que esta medida contribuya a reducir la delincuencia.
Cristián Reitze, presidente de ANIM, comenta “La imposición de esta norma no solo generaría inconvenientes y gastos adicionales para los motociclistas y las empresas, sino que también podría comprometer la seguridad de las personas, dado que los cascos se ajustan individualmente según la morfología craneal de cada usuario”.
Además, esta nueva normativa afectaría actividades como servicios técnicos, pruebas de rutas y test drives, que requieren cambios frecuentes de vehículo. La ANIM sostiene que la fiscalización de esta medida sería prácticamente inviable.
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