Hace un par de días se conoció la noticia de que uno de los proyectos más esperados por el Ministerio de Transportes pasaba a “suma urgencia” en el Senado. Con esto, el denominado proyecto Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) debería entrar a discusión en las próximas semanas, alimentando la esperanza de que pronto sea ley y los conductores se vean obligados a disminuir y respetar la velocidad máxima si es que no quieren ser multados.
Las cifras son alarmantes. En Chile, el año pasado fallecieron 518 personas en casos asociados a exceso de velocidad, un 35% más que el año anterior. Además, la velocidad imprudente con pérdida de control del vehículo es la principal causa de siniestros fatales con un 29% de los casos, seguido por la imprudencia del conductor (24%), la imprudencia del peatón (23%) y alcohol en el conductor (10%), según cifras de Conaset.
¿Pero cómo funciona este proyecto CATI?
Para empezar, es un proyecto que se presentó hace seis años. El 24 de enero de 2014 entró a la Cámara de Diputados. En octubre del año pasado se aprueba por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y recién en noviembre de 2020 pasa a suma urgencia.
El objetivo que tiene es salvar vidas en el tránsito. Hoy, los decesos producto de la velocidad son la principal causa externa de muerte en niños y jóvenes y es lo que pretende atacar el CATI.
A diferencia de los recordados fotorradares de fines de los 90, que estaban escondidos y apuntaba más a beneficios económicos de los municipios, ahora existirá absoluta transparencia y se instalarán las cámaras (móviles o fijas) en lugares indicados en un sitio web y con una señalética que permita identificarlos.
Como tercer eje, el sistema CATI permitirá avanzar en la modernización del Estado, ya que se multará de manera rápida y oportuna, sin necesidad de que el infractor acuda a un Juzgado de Policía Local, salvo en casos donde la infracción sea de carácter gravísima, haya daños a terceros o reinicida por cinco o seis veces en los últimos seis meses.
De esta manera, si una persona va a exceso de velocidad, va por una zona urbana con restricción ambiental o atenta contra las normas del MTT, se detectará mediante las cámaras y no servirá la famosa app que indica donde está Carabineros para escapar.
Esa información se enviará al CATI, donde se identificará la patente del vehículo y se validará (si corresponde) la infracción. Posteriormente, se le notificará al propietario dentro de los siguientes 15 días.
Si el infractor decide pagar la multa dentro de los primeros días y no apelar ante la Subtrans (plazo de 20 días), se le aplicará un descuento en el monto del 30%. Ese dinero irá en 15% al Fondo Común Municipal y en 85% al Beneficio Fiscal.
En el caso de que exista apelación, por sustracción del vehículo con anterioridad, error en la identificación del vehículo o patente clonada, la Subtrans evaluará si acoge la impugnación. Si es así, la multa se deja sin efecto y en caso contrario se sigue con el proceso correspondiente. Las multas no pagadas se enviarán al Registro de Multas de Tránsito y al año siguiente no se podrá renovar el permiso de circulación.
El éxito del proyecto dependerá en gran medida de la cantidad de cámaras con que se cuente. En Conaset esperan que el primer año se integren 200 unidades e ir subiendo año a año.
Con esto, se espera que las personas tomen conciencia de la gravedad que significa ir sobre el límite de velocidad y reducir en la próxima década en un 30% las muertes asociadas a la velocidad.
