CATI: La ley que podría evitar la muerte de 4 personas por semana sigue sin poder implementarse

Las víctimas fatales por siniestros de tránsito en Chile bordean las 1.600. En ese total, la velocidad imprudente es la principal causa de personas fallecidas. Sin duda, un problema que no se ha logrado mejorar en la última década, pero que tenía una especie de luz al final del túnel con un proyecto de ley que estuvo nueve años en el congreso y que en abril de 2023 logró ser promulgada.

Se trata de la ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), normativa que tiene como finalidad reducir las muertes en el tránsito debido a la imprudencia de los conductores por exceso de velocidad.

La relevancia de la ley CATI es de tal importancia, que el propio ministro de transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó al promulgarse la ley, que “en Chile fallecen todos los años aproximadamente 2 mil personas por siniestros viales, estamos hablando de un promedio de 6 personas al día, y eso es lo que nos convoca esta ley”, agregando que “a través de un control automatizado de las infracciones del tránsito es que vamos a poder reducir cerca de un 30% de esos fallecimientos, es decir, producto de esta ley hay 600 personas cada año que debieran dejar de fallecer y eso es motivo de emoción y de profunda celebración”.

Como dice el titular de cartera, gracias a un sistema que centralizará las infracciones capturadas a través de cámaras fijas o móviles ubicadas en lugares debidamente señalizados, se estimaba que 600 vidas se podrían salvar.

La promulgación de la ley, que atravesó temporalmente cuatro gobiernos, parecía llevar a Chile a un camino que ya tomaron otros países desarrollados, donde las cifras son elocuentes: Francia disminuyó cerca de un 50% las muertes por velocidad, España cerca de un 60%, Australia y Reino Unido cerca de un 40%, entre otros ejemplos.

Entonces, tras la promulgación de la ley, sólo quedaba que la Contraloría General de la República (CGR) tomara razón del reglamento que rigería a la normativa. Sin embargo, en enero de este año el Ministerio de Transportes retiró el reglamento desde la CGR sin que haya sido reintegrado.

El motivo para la tardanza que ya tiene seis meses comenzó a preocupar a nivel legislativo, al punto que esta mañana el senador Juan Luis Castro (PS) solicitó un minuto antes de iniciar la sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para pedir explicaciones al Ministerio de Transportes (MTT) por lo que considera una situación “inaceptable”.

Tras la sesión en el Congreso, MT La Tercera conversó con el senador Castro sobre el oficio que se le enviará al MTT.

“Mi reclamo es grave, porque significa un retraso inexcusable del Ministerio de Transporte. Llevamos 15 meses de la promulgación, marzo de 2023, y tenemos retiros de tres reglamentos esenciales, sin novedad alguna en el frente. O sea, estamos paralizados, porque además se requiere 90 días para que se publique el último reglamento antes de que entre en vigencia la ley. Y estamos en una situación de impasse no aclarado, por lo cual el oficio busca una explicación de fondo respecto a la razón por la cual tres reglamentos están retirados, dos de ellos en enero de este año, hace seis meses, y uno hace ocho meses, en noviembre del año 2023. Eso es lo que a mí me parece inaceptable, después de una ley que costó tanto, que se demoró nueve años, con casi cuatro gobiernos participando en esto, y lo sacamos finalmente para bajar el número de muertes por accidente de tránsito. Con esto prácticamente se evitan cuatro muertes por semana con sistemas automatizados con control manual de cada enero”, precisó el senador.

¿En la Comisión de Transporte no sabían del retiro, han comentado algo desde el MTT?

No, nada. Nada. Y eso es lo delicado. Y por eso (el oficio) entró de inmediato, fue unánime, y esperamos rápidamente que haya una respuesta del Ministerio de Transporte, porque parece inexplicable.

¿Existe un plazo para responder?

Normalmente 30 días, pero en general responden antes. Se le hizo ver a la asesora legislativa que llegó posteriormente a la sesión, y dijeron que iban a responder a la brevedad. Al parecer hay dificultades en la redacción de esos reglamentos, que yo no logro entender porque han tenido tiempo suficiente, incluso después de los retiros que han hecho, O sea, ocho meses desde que se retiró el reglamento de metodología para definir localización y cantidad de dispositivos a usar; seis meses del reglamento de especificaciones técnicas de los dispositivos automatizados; y seis meses del reglamento orgánico de la división de fiscalización, que están devueltos en el Ministerio de Transporte, a la espera de ser enviados de nuevo.

¿Qué pasos deberían darse con la ley CATI?

La pelota la tiene el Ministerio de Transporte, que son los que han pasado un tiempo muy largo, y no han repuesto estos reglamentos en toma razón. Y esto ya hará postergar para el próximo año la implementación de la ley.

Para conocer los motivos del retiro del reglamento por parte del MTT, consultamos a la cartera de transportes, desde donde indicaron que “los procesos de revisión de reglamentos, incluyen retirar de forma momentánea, la tramitación en CGR, con el fin de resolver cualquier observación o consulta que exista del documento, tal como ha ocurrido con otras oportunidades y con otras normativas”.

Si bien la tardanza en el proceso puede ser normal, como explican en el MTT, el retraso en su implementación por el retiro del reglamento desde la CGR también genera impaciencia y frustración en expertos en seguridad vial, entre ellos quienes participaron en el proyecto de la ley.

Gloria Hutt, ex titular del Ministerio de Transportes en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, comentó que “la ley CATI es tremendamente importante para la seguridad vial y para proteger a las personas, y por eso las demoras tienen impacto y lo ideal sería que avanzara. Permite controlar los excesos de velocidad usando medios tecnológicos y centraliza toda esa información. Está probado el mecanismo con el cual en Europa se ha logrado bajar significativamente los siniestros viales fatales asociados a la velocidad. Y no hay que olvidar que en Chile más o menos 30% de los siniestros que tienen resultado de muerte tienen en sus causas la velocidad, los excesos de velocidad. Así que no hay razones para impedir que ese proyecto avance. Es muy importante y los más beneficiados serán las personas, los conductores”.

Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile y especialista en seguridad vial de la institución, comentó que “para aquellas organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado activamente por más de 10 años para que la ley CATI fuese una realidad, es muy frustrante percatarnos de la demora que ha tenido su implementación, más aún cuando la principal causa de muerte en nuestras vías sigue siendo el exceso de velocidad, y que muchos de estos decesos perfectamente se pudieron haber evitado si los radares electrónicos ya estuviesen operativos”.

“Si el reglamento fue retirado, probablemente es porque adolecía de algunos componentes que son claves para su correcta implementación. No hay que olvidar que esta iniciativa legal ha sido muy combativa a nivel del Senado, en la Cámara de Diputados, así como también de algunos sectores de la sociedad civil que se niegan hasta el día de hoy de querer ser fiscalizados por este sistema, y por lo tanto, suponemos que el Ministerio de Transportes está siendo muy cauteloso para que esta gran política pública en materia de seguridad vial, y la más importante en la última década, no pierda legitimidad”, agrega.

Sobre las repercusiones que puede tener esta ley, Escobar enfatiza que “se estima que la instalación de estos dispositivos en su primer año de operación debería generar al menos un 30% de reducción de muertes por siniestros viales en Chile, lo que implicaría salvar aproximadamente 600 vidas y, posteriormente, un 10% de manera anual. A esto habría que agregar el impacto en la reducción de heridos graves y lesionados, que podrían disminuir hasta en un 50%”.

Axel Rimbaud, fundador de MEL (Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal), también fue uno de los actores que incluso presentó en el Congreso sobre la necesidad de la normativa y que ve con preocupación la demora.

“El control automatizado de la velocidad es una de las medidas más eficientes para mejorar la seguridad vial y salvar vidas en el tránsito. La ley CATI, que se tramitó durante más de ocho años en el Congreso, debe implementar un sistema moderno y transparente de control automatizado de velocidad. Se estima que esta ley podría evitar la muerte de cuatro personas cada semana en Chile. Aunque confiamos que los equipos del Ministerio de Transportes hacen todo lo que pueden para que el reglamento de la ley CATI salga lo más rápido posible, esta situación nos entristece fuertemente, porque en estos seis meses de tramitación en la controlaría, son 100 vidas las que hubiéramos podido salvar”, comentó Rimbaud.

Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), entidad que se ha mostrado siempre a favor de la ley CATI, apuntan a la importancia de la normativa y prefieren que exista una demora por un mejor reglamento.

Según Diego Mendoza, secretario general de ANAC, “la ley CATI ha sido apoyada por ANAC en los más de 10 años de tramitación en el Congreso y su aprobación fue una buena noticia. Toda ley necesita sus reglamentos y las primeras versiones de los reglamentos que se prepararon por Conaset y por la división de normas de MTT nos parecieron bastante correctos en su funcionamiento. Creemos que la nueva versión que ingresen debe estar 100% en línea con la habilitación de todas las cámaras de seguridad, de autopistas, de las municipalidades, en el marco del programa SITIA (Sistema de Televigilancia con apoyo de la Inteligencia Artificial) que ha anunciado el Ministerio del Interior para combatir la delincuencia. Esto, que no era una problemática en los 10 años de tramitación de CATI, hoy sí lo es y estamos a tiempo de incorporar un sistema de cámaras CATI que permita identificar portonazos, autos recuperados, autos clonados o gemeleados, o autos con encargo por robo. Sería una gran noticia que eso se logre”.

En cuanto a la demora en la reintegración del reglamento a la CGR, Mendoza dijo que “sobre los tiempos de tramitación, que han sido largos en este reglamento, desde nuestra Asociación creemos que lo mejor es tener un buen reglamento, moderno y acorde a la realidad chilena de hoy, antes que apresurarse a implementar de manera deficiente este sistema de monitoreo. Con todo, es algo que debiese quedar zanjado bastante pronto”.