Los motochorros son hoy por hoy un gran problema de seguridad ciudadana. La violencia y rapidez con que se cometen los delitos bajo esta modalidad -dejando sin capacidad de reacción a sus víctimas-, son una temible amenaza en nuestras calles.
Y no solo en las nuestras, pues este “modus operandis” se replica en varios países de la región, donde delincuentes cometen un robo a bordo de una moto. Se dice que derivó del método que antiguamente usaban las FARC o los narcotraficantes en Colombia, y donde el acompañante -el que iba atrás-, efectuaba los disparos o el ajusticiamiento.
Precisamente, en Cartagena de Indias, el segundo destino turístico de Colombia, se acaba de reestablecer una medida para proteger a los ciudadanos del robo de teléfonos celulares y de bolsos de mano, a través de la modalidad de “motochorro”.
¿En qué consiste? Ante la alta cifra de robos registrados en esta ciudad de casi un millón de habitantes, el alcalde Dumek Turbay, promulgó un decreto que prohíbe que los hombres viajen en el asiento trasero de cualquier tipo moto en 10 barrios de toda la urbe.
Según el Decreto 0384 del 11 de marzo de 2024, esta restricción de movilidad regirá hasta marzo de 2025. Desde luego que no todos están de acuerdo con la medida, sobre todo el gremio de los mototaxistas, un medio de transporte muy popular en la localidad, y que ahora no podrá brindar servicio a hombres, lo que se traduce en pérdidas económicas para ellos.
¿Debería adoptarse en Chile?
La modalidad de delito “motochorro” se ha hecho cada vez más frecuente en el país, caracterizado por el violento “abordazo” a las víctimas, como ya lo decíamos. Asimismo, se ha vinculado a las empresas de reparto y aplicaciones que utilizan motocicletas y bicicletas en sus labores con una mochila en la espalda.
En este contexto, en 2020 el diputado Álvaro Carter presentó un proyecto de ley que buscaba prohibir el tránsito de dos personas sobre una motocicleta, sancionando al conductor con hasta la caducidad de la licencia y el retiro de circulación de la motocicleta.
Además, se pretendía aumentar las penas en caso de la existencia de un delito bajo el método de “motochorro”.
El legislador planteaba que una importante cantidad de robos de este tipo eran cometidos por sujetos con motos de aplicaciones delivery, por lo que, en ese caso, habría una sanción doble en materia penal para el autor o los autores de robo y para la empresa, pues era de su responsabilidad saber qué personas usaban sus logos.
Entonces, la iniciativa no llegó a buen puerto. “Quedó dormida en el congreso, ya que hubo presiones de grupos de motoristas que acusaron que la medida era discriminatoria, ilegal y arbitraria. Incluso, algunos de estos grupos llegaron a amenazar a legisladores de ir a amedrentarlos a sus casas. A ellos, se les trató de explicar el proyecto, que era solo para delivery, pero no se logró acuerdo”, explica hoy Carter.
Pese a ello, hoy este proyecto de ley vuelve a ponerse sobre el tapete ante el descontrol de este tipo de delito. “Hoy vamos camino a tener una ley como la de Colombia. Eso sí, soy tajante, no estoy de acuerdo con la distinción de sexo del acompañante, porque eso es discriminatorio. Ni tampoco con que se vea la gran mayoría de los motoristas afectados, ya que esto debe ser exclusivamente para los delivery”.
¿Por qué solo delivery? “Porque como todo trabajo se debe regular con una norma y hoy sucede que la delincuencia se vale de los vacíos legales de este rubro para delinquir, por lo tanto hoy necesitamos proteger a quienes trabajan en esta actividad, pero también a cientos de motoristas particulares que no tiene nada que ver en esto”, puntualiza el diputado.
