Diputados presentan proyecto de ley para hacer obligatorio el uso de cámaras en vehículos particulares

El tema de la seguridad vial sigue captando la atención del Poder Legislativo. A los avances que se espera con el Proyecto CATI, ahora se sumó el proyecto de ley presentado por los diputados y diputadas Jenny Alvarez, Pamela Jiles, Iván Flores y Félix González, quienes patrocinaron la moción de hacer obligatorio el uso de cámaras de seguridad en los vehículos particulares.

Según se indica en la propuesta, el proyecto de ley tiene su origen en una idea que proviene de jóvenes que participaron en la iniciativa “Delibera”, una alianza entre la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que realizó una investigación cualitativa con la finalidad de describir prácticas y valoraciones de jóvenes secundarios chilenos, a partir de su desinterés y desencanto en la participación política.

En esa instancia, los estudiantes del “Equipo Rocket” del Colegio Marina de Chile de la comuna de Concepción, conformado por Solange Fierro, Nicolás Contreras, Joaquín Ortiz y Carlos Vargas, fueron premiados con el primer lugar por su propuesta denominada “Ley que establece el uso obligatorio de cámaras de seguridad en vehículos particulares”.

Para los estudiantes, una de las alternativas que podrían mejorar la seguridad vial y los siniestros de tránsito es implementar una nueva tecnología basada en la instalación de cámaras al interior de los vehículos motorizados, con la finalidad de entregar un medio de prueba que permita sancionar a los responsables de este tipo de accidentes.

“Hicimos un compromiso en nuestra Región del Biobío con los y las estudiantes que participaron el año 2019 de poder presentar el proyecto ganador como proyecto de ley en la medida que fueras atribuciones del Congreso. Y este proyecto que ganó nos parece muy necesario y estamos cumpliendo este compromiso. Lo teníamos presupuestado ingresar y tramitar en noviembre de 2019, pero vino el estallido social y luego la pandemia, por eso lo hemos postergado este tiempo y de acuerdo a la agenda legislativa es el momento propicio para que esté ahora”, precisó Félix González, uno de los diputados que firmó el proyecto de ley.

Entre los fundamentes que se entregan en el proyecto de ley, destacan las cifras dadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual establece que “durante el año 2014 se registraron 78.445 accidentes de tránsito con 1.630 fallecidos, durante el año 2015 se registraron 79.880 accidentes con 1.646 fallecidos, durante el año 2016 se registraron 91.711 accidentes con 1.675 fallecidos y por último durante el año 2017 la cantidad de siniestros automovilísticos fue de 94.879 con 1.483 fallecidos”.

Pero, además de las cifras, la propuesta apunta a que los accidentes de tránsito no solo tienen costos humanos, sino que también costos económicos, “entre los que podemos enumerar algunos factores tales como traslados, hospitalizaciones, días perdidos de trabajo, pagos de seguridad social. Estos gastos se traducen en un costo para el estado de $15.000 millones de dólares cercanos al 3% del producto bruto del país en el año 2017 (FESVIAL)”, dice la moción.

Considerando lo anterior, un problema grave que vieron los estudiantes es que “la gran cantidad de estos accidentes señalados anteriormente conllevan juicios, de los cuales muchos de ellos se resuelven de modo que no se penaliza al verdadero culpable o incluso no llegan a una resolución, otros tardan años o simplemente las causas quedan archivadas”.

Y una de las principales causas de estas injusticias, tal como se lee en el texto presentado por los diputados, “es la falta de evidencia objetiva y concisa de la que disponen los magistrados al momento de atribuir responsabilidades. Esto genera descontento en la población afectada, pues se espera que la justicia llegue a resolver estas y otras situaciones, proporcionando un veredicto ecuánime”.

Sobre los detalles del sistema que se propone, el diputado González precisó que “es una instalación de bajo costo, mirando hacia afuera y que puede ser abierta solo una vez, al que tenga acceso el Juzgado de Policía Local o la fiscalía. No es de uso privado, es una especie de caja negra que se abre a petición de los tribunales”.

Respecto de los vehículos a los que se le exigiría esta cámara y el valor, el diputado González agregó que “la tramitación puede modificarse, pero planteamos que sea para vehículos nuevos y antiguos. Cuando se planteó el proyecto el costo es de 16 mil pesos, además ocupa la energía del auto, no necesita de pilas”.

En cuanto al uso, la propuesta presentada en el Congreso dice que “es simple, puesto que, estando correctamente instalada al momento de encender el vehículo, esta comenzaría a grabar de inmediato sin orden alguna. La adquisición e implementación de estas cámaras no es algo nuevo, en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia, entre otros, es bastante común su uso”.

Pese al uso de cámaras en distintos países, el diputado González reconoce que “no hemos visto un país que se haga exactamente igual a como acá se plantea, no se afectaría a la privacidad de las personas, se apunta siempre hacia la calle, no hay un lugar que se vea menoscabado y además sería una cámara sellada que no se puede revisar lo que está grabado”.

La idea de tener cámaras en los autos (DashCams) creció en Rusia a comienzos de la década pasada, principalmente por un apoyo de los seguros automotrices, quienes comenzaron a ocupar esas imágenes como pruebas para no tener que pagar a personas que se lanzaban a los autos con el objetivo de demandas posteriores e incluso como mecanismo de defensa de los conductores frente a actitudes hostiles de la policía.

Y si bien en Rusia y una serie de países de Europa del Este principalmente, el uso de las DashCam está permitido, en el resto de Europa existen grandes restricciones al uso y en algunos países (como Portugal) ni siquiera está permitido que se instalen.

En nuestro país el fondo es un poco diferente a lo que se busca en Rusia, aunque también se apuesta a generar un sistema probatorio. “Considerando el progresivo incremento del parque automotor en conjunto con el aumento de los accidentes y los puntos señalados anteriormente, nuestra propuesta consiste en implementar y utilizar esta nueva tecnología, que se basa en instalar cámaras al interior de los vehículos motorizados, lo que otorga un medio de prueba que traerá justicia efectiva y protección a las víctimas y sanciona a los verdaderos responsables”, dice el texto legislativo.

En cuanto a la protección de la privacidad y los fines a los que se puedan ocupar las distintas grabaciones, la propuesta señala que “igual que la implementación de cámaras por parte de carabineros de Chile, nuestra iniciativa busca implementar estos dispositivos, pero con la diferencia de no ser un elemento de vigilancia, puesto que no existe monitoreo detrás de estas grabaciones, sino que se utiliza cuando un accidente automovilístico lo amerita”.

De esta manera, las cámaras tendrían funciones como:

1. Aportar una prueba audiovisual objetiva, confiable e irrefutable.

2. Proteger al conductor en el ámbito judicial.

3. Facilitar el trabajo de la policía y las compañías de seguros.

4. Poseer evidencia en caso de fraude, fuga y/o agresión.

5. Aportar evidencia que beneficia el trabajo de los Tribunales de Justicia.

6. Atacar las falsas declaraciones y eventuales testigos falsos.

7. Genera un ahorro importante de recursos al Estado chileno respecto de los procesos judiciales.

Para llegar al objetivo de convertirse en Ley de la República, se indica que se deben hacer ajustes a la Ley de Tránsito, introduciendo diversas enmiendas, entre ellas, incorpora el numeral 11 al artículo 75:

“11. Cámara de seguridad situada en una posición estable que no impida la visibilidad y que cuente con un sistema de protección de los datos en caso de choque o daño de la cámara y que cumplan con los demás requisitos que el reglamento determine.

La cámara de seguridad no podrá ser manipulada durante la conducción del vehículo.

La cámara solo deberá captar material audiovisual cuando el vehículo se encuentre en circulación y su divulgación se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.

Un Reglamento dictado por el Ministerio de Transporte determinará los estándares técnicos y condiciones de instalación, funcionamiento y uso de las cámaras de seguridad”.

El primer trámite, de ingreso de proyecto, se realizó el 22 de junio y ahora pasa a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde deberá seguir adelante con el proceso legislativo, esperando que en las próximas semanas pase a tramitación.