El 4 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley de Tránsito, con respecto al límite de velocidad máxima de circulación en las zonas urbanas de Chile, reduciendo la velocidad de 60 a 50 km/h.
En aquella ocasión, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, precisó que “la reducción de velocidad fue creada con foco en los ciudadanos, para mejorar su calidad de vida democratizando los espacios viales y generando condiciones de equidad y de mayor seguridad para todos”.
Hoy, esa medida aparece en cuestionamiento por un proyecto de ley que busca volver a la antigua velocidad máxima en ciudad.
Al frente de la moción parlamentaria se encuentra un grupo de senadores de oposición liderados por Iván Moreira y respaldado por Juan Antonio Coloma, presidente de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Van Rysselberghe, Manuel José Ossandón y Alejandro Kusanovic, quienes buscan reponer la anterior velocidad máxima debido a que no se habrían conseguido los objetivos de disminuir los fallecimientos.
La moción de los senadores no dejó indiferente a los expertos, de hecho, para varios resultó llamativo el pensar en aumentar la velocidad cuando en diversos países se trabaja para disminuirla aún más, pensando siempre en reducir los siniestros y las lesiones que provocan los impactos.
Sobre esta medida, Axel Rimbaud, fundador de MEL (Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal), revisa la historia y recuerda que “en agosto 2018, Chile dio un paso adelante para reducir el número de fallecidos por exceso de velocidad con la publicación de la ley 21.103 que redujo el límite máximo de velocidad en zonas urbanas. Esta reducción de velocidad corregía también el error cometido en 2002, cuando se aumentó el límite de velocidad máxima urbana de 50 a 60 km/h. El año siguiente (2003) los siniestros de tránsito en zonas urbanas, cuya causa puede ser atribuible a velocidad excesiva aumentaron en un 29%”.
Respecto del proyecto de los senadores, Alberto Escobar, gerente de Movilidad de Automóvil Club de Chile y especialista en seguridad vial de la institución, no tuvo dudas al momento de analizar el tema y precisó que “es extraño que normas que ayudan a prevenir fallecidos y heridos en las vías, como lo fue la reducción a 50 km/h hace algunos años atrás, sigan siendo sujeto de crítica y discusión. Es inexplicable que recién enero se haya aprobado el proyecto CATI, que incorpora la fiscalización electrónica a las calles para salvar vidas, y ahora aparezca esta moción que pretende volver a subir la velocidad en zonas urbanas. Con este proyecto de ley sólo se ratifica que aún no se dimensiona las devastadores consecuencias que ha provocado el exceso de velocidad en la siniestralidad vial del país, que representa cerca del 30% de la mortalidad anual, y que aún no existe en Chile un interés genuino por reducir la tasa de fallecidos y heridos en las calles”.
En el mismo sentido, Claudia Rodríguez, directora ejecutiva de la ONG “No Chat”, comentó que “es una pésima idea, un muy mal proyecto que va en contrasentido a todo lo que se ha avanzado en tema de seguridad vial, partiendo porque ya está clarísimo a nivel de evidencia que aumentar la velocidad en 10 km/h aumenta en una relación directa las muertes y los siniestros. Además, este grupo de senadores desconoce que Chile suscribe el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial y se compromete a disminuir las muertes y los fallecidos y los lesionados graves en el tránsito en un 30% al año 2030″.
Tomando también la importancia que tuvo el cambio de 2018, Luis Stuven, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad, recordó que “ese año, junto con la tramitación de la Ley de Convivencia Vial, se redujo la velocidad a 50 km/h, y lo que hizo en ese momento el país fue ponerse en una posición de igualdad con otros países de la OCDE que tienen todas sus velocidades en zona urbana a 50 km/h como máximo, de hecho, recordemos que muchos de ellos, principalmente europeos, han reducido incluso esa velocidad a 30 km/h en zona urbana”.
Junto a la visión de los expertos, la propia ex Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, fue muy clara sobre el tema y comentó que “durante mi periodo como ministra, incluso antes, fui una activa promotora de reducir la velocidad máxima, especialmente en zonas urbanas. La evidencia cada vez es más contundente respecto a la probabilidad de fallecer cuando ocurren siniestros por exceso de velocidad, es más, el 30% los fallecidos en siniestros viales tienen relación con la velocidad como causa basal, así que mi convicción es total sobre el riesgo que implica para todo el sistema de transporte operar a velocidades muy altas”.
Pero la voz de los expertos no es en base a creencias sustentadas en el aire, de hecho, Rimbaud aporta datos a la discusión y señala que “la velocidad de circulación es un factor clave en la seguridad vial, aumenta la probabilidad de ocurrencia de un siniestro de tránsito y también agrava sus consecuencias. Se estima que una disminución de 5% en la velocidad promedio puede generar una reducción de 30% del número de colisiones mortales”.
Stuven, quien fuese Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), también es enfático en el tema y señala que “cuando hay un siniestro de tránsito que involucra a peatones o ciclistas con un vehículo circulando a 60 km/h, en el 100% de los casos ese siniestro termina siendo mortal para el ciclista o para el peatón, a diferencia de lo que ocurre cuando ese vehículo impacta a la persona a 50 km/h donde tiene cierta posibilidad de salvarse. En ese sentido, nosotros como Mutual de Seguridad siempre vamos a preferir cualquier política pública que tienda a la protección de los trabajadores, que muchos de ellos se desplazan en calidad de peatón o de ciclista”.
Analizando otro de los puntos por los que se elabora la moción, relacionado con mayor fluidez en las calles al permitirse una velocidad más alta, Alberto Escobar comenta que “es contradictorio que hoy se quiera volver a validar conductas temerarias e irresponsables en las calles. Se sacan una serie de argumentos totalmente descontextualizados, como por ejemplo, que ayudará a mejorar la fluidez en el tránsito, y es un error garrafal. En vez de impulsar iniciativas que agravan más el problema de la siniestralidad vial, sería bueno que agilizaran la aprobación de otros proyectos, como es la licencia de conducir con puntos, que sí trae múltiples beneficios para morigerar conductas temerarias en las vías”.
El rechazo general
La idea de volver a los 60 km/h como velocidad máxima en zonas urbanas preocupó a los expertos, quienes de manera unánime lo vieron como un peligro. Además, enfatizaron en que urge una mayor fiscalización, lo que se podrá apoyar cuando empiece a regir la Ley CATI.
“Creo que si todos circulamos a las velocidades que corresponde, vamos a mejorar significativamente los niveles de seguridad, los riesgos de fallecimiento, no solo por impacto entre vehículos, a mayor velocidad, por ejemplo, un atropello o un impacto a un ciclista o cualquiera de los modos más activos, incluso scooter, es mortal, y cuando bajan 10 km/h tiene una probabilidad mucho más baja de fallecer. Esa es razón suficiente para empujar esta baja de velocidad y mantenerla. Y en los países donde eso se ha hecho ha sido evidente la reducción del número de fallecidos por causa basal de velocidad”, indicó Gloria Hutt.
“El proyecto de ley para elevar la velocidad máxima de vehículos motorizados en zonas urbanas a 60 km/h significará un aumento del número de fallecidos y un fuerte retroceso en materia de seguridad vial, por eso estamos en contra de esta norma”, precisa Axel Rimbaud.
Luis Stuven tampoco ve un avance con el proyecto y dice que “esto es un claro retroceso en temas de seguridad vial, de hecho, lo que se está viendo en otros países y Chile viene avanzando en esa misma lógica, es a reducir la velocidad por una parte y a una estricta fiscalización, cuestión que con la Ley CATI, que también como mutual de seguridad estuvimos impulsando junto a otras organizaciones de la sociedad civil y el propio Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, proyecto de ley que estuvo más de nueve años en el Congreso, vemos cómo seguimos esa senda de países más avanzados que nosotros, que a través de una correcta fiscalización pudieron reducir del orden de un 30% las fatalidades en tránsito”.
Claudia Rodríguez va un poco más lejos y espera que el proyecto quede solo en eso. “No es un buen proyecto, no es una buena idea y lo que esperamos también desde el COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) es que no se ingrese, porque efectivamente va en una lógica totalmente contraria a lo que venimos trabajando hace años en Chile en el tema de la movilidad segura, pero también a los compromisos que ha adquirido Chile a nivel internacional de comprometerse a bajar los fallecidos y lesionados graves en el tránsito”, precisó la directora ejecutiva de “No Chat”.
Alberto Escobar también apuesta por no restituir la antigua velocidad máxima. “Si se aumenta nuevamente la velocidad en zonas urbanas será un tremendo retroceso para la seguridad vial, e incluso, resultaría vergonzoso para nuestro país, más aún cuando la tendencia en gran parte del mundo es bajar los límites de velocidad precisamente para reducir la tasa de fallecidos y heridos en el sistema vial”, precisó el especialista en seguridad.