Ley Jacinta se suaviza: se le podrá exigir a todos certificado médico, pero solo en caso de que lo amerite

A principios de año, supimos que el proyecto de ley conocido como Ley Jacinta, el cual buscaba establecer mayores exigencias a los adultos mayores que quisieran solicitar o renovar su licencia de conducir, recibiría una modificación que incluiría a todas las personas que realicen este trámite.

Tras ello, y luego de varias reuniones con el equipo legislativo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), la familia que impulsa esta ley -junto a los diputados Erika Olivera y Cosme Mellado- presentará el nuevo texto durante los próximos días.

Eso sí, a diferencia del borrador que se conoció en enero, ya no se exigirá a todos los postulantes llegar con un certificado médico, sino que éste solo será requerido en caso de que el médico de la Dirección del Tránsito municipal lo solicite.

Al respecto, Liza Lucero, abogada de la familia que impulsa el proyecto de Ley Jacinta, argumenta que “el objetivo más importante es prevenir los accidentes a través de un certificado médico -si lo amerita- que acredite que todos los postulantes, cualquiera sea su edad, desde los 18 años en adelante, tengan la aptitud física para conducir un vehículo motorizado”.

“Para esto -agrega- se presentará una norma que permita a las Direcciones de Tránsito municipal revisar con mayor exhaustividad la condición de salud, a quienes requieran este documento. De esa forma vamos a asegurar que todas las personas tengan la salud compatible con una actividad tan peligrosa como es la conducción. Proponemos que se solicite un certificado médico sólo en el caso que el médico de la Dirección de Tránsito lo considere necesario”.

¿Así, en qué casos podría corresponder la exigencia del certificado médico? De acuerdo con los impulsores del proyecto de Ley Jacinta, dicho documento podría solicitarse en caso de sospecha, por ejemplo, de patología visual o si el examen visual resultara alterado, entonces correspondería solicitar un informe a un oftalmólogo.

Asimismo, y a modo de ejemplo, en caso de sospecha de demencia leve, se pediría un informe del médico tratante. También en presencia de Diabetes Mellitus 1 o 2 usuario de hipoglicemiante oral (Glibenclamida) o insulina.

La Ley de Jacinta lleva el nombre de la pequeña que murió en agosto de 2022, tras ser atropellada en un accidente causado por un conductor de 80 años.

Desde entonces, el abuelo de la menor, Max Schnitzer, es quien ha estado al frente de todas las negociaciones en la tramitación de este proyecto de ley, que apunta a prevenir y disminuir las actuales cifras de accidentes de tránsito, pero que también tiene una mirada protectora.

“El segundo objetivo de la Ley Jacinta es la protección de las víctimas en caso de que se produzca un accidente. Y en ese caso buscamos una serie de medidas, que son el fuero laboral por el lapso de al menos 6 meses para el caso de papás que hayan perdido hijos menores de edad a causa de un accidente; o que la SIAT tenga un plazo acotado de 120 días para la emisión de su informe para que llegue a la Fiscalía y así se pueda apurar el proceso”.

“Asimismo, otra de las medidas de protección que consideramos importante es que el juez de garantía -a proposición del Ministerio Público o del querellante- asegure bienes para que se pueda pagar una futura indemnización a la familia que son las verdaderas víctimas y así el imputado no pueda deshacerse de sus bienes en el transcurso del juicio”, añade Schnitzer.

En la misma línea, Lucero agrega que “también proponemos que el seguro SOAP sea activado por la institución de salud que atiende a las víctimas y así esa indemnización llegue lo antes posible a las familias para los pagos que son tan necesarios en una situación como ésta”.

Finalmente, otra de las propuestas es que el cuerpo sea levantado dentro de tres horas como máximo, una vez que el fiscal dé la orden para que no esté indefinidamente en la vía pública y a la exposición del público; y establecer que la persona que se fuga del lugar del accidente, sin ayudar a las víctimas, sea considerado un peligro para la sociedad y una agravante para decretar prisión preventiva.

“Con estas medidas esperamos que la Ley Jacinta pueda avanzar en la Cámara de Diputados al Senado, y sumado al apoyo del Gobierno que seguramente llegará en la tramitación, lograremos aprobar esta norma tan importante que busca reducir los accidentes de tránsito y las muertes por estos hechos en el país”, concluye Schnitzer.