En los últimos años, Francia ha implementado una serie de medidas que dificultan la compra y el uso de vehículos considerados como contaminantes, especialmente aquellos con altas emisiones de CO2. Estas medidas, que incluyen impuestos, restricciones de acceso y penalizaciones, han generado controversia y debate sobre su real impacto en la industria automotriz, el medio ambiente y los consumidores.
Uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno francés es el impuesto al CO2, que se aplica a todos los vehículos nuevos vendidos en el país. Este impuesto aumenta progresivamente según las emisiones de CO2 del vehículo, lo que encarece considerablemente el precio de los modelos más potentes y contaminantes.
El Toyota GR Yaris, uno de los deportivos más entretenidos del mundo, tiene un precio base de 46.300 euros en dicho país (unos 47,5 millones) y a modo de comparación, en Chile tiene un valor de $ 41.990.000.
Sin embargo, debido a sus emisiones de CO2, el impuesto al que está sujeto el Yaris GR eleva su precio final a 92.290 euros para la versión manual, más de 95 millones de pesos, mientras que el importe para la versión automática llega a 108.800 euros, es decir, poco más de 112 millones, lo cual es una auténtica locura, sobre todo considerando que las emisiones del GR Yaris son de 190 y 210 g/km respectivamente, lo cual no es un valor muy difícil de encontrar en autos disponibles en Chile.
Además del impuesto al CO2, Francia también ha implementado restricciones de acceso a las zonas céntricas de algunas ciudades para vehículos con altos niveles de emisiones. Estas medidas, conocidas localmente como “Zonas de Bajas Emisiones”, buscan reducir la contaminación del aire en las áreas urbanas.
A las medidas anteriores se suman insólitas penalizaciones por estacionar en la calle a estos vehículos considerados como contaminantes. En París, por ejemplo, el estacionamiento de un SUV en la vía pública puede llegar a costar hasta 36 euros por hora, lo que supone unos 37.000 pesos chilenos.
Si bien las medidas tomadas por Francia han generado controversia, también han tenido un impacto positivo en la reducción de la contaminación del aire. Las emisiones de CO2 del sector del transporte han disminuido significativamente en los últimos años, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del aire en las ciudades francesas.
Los consumidores también se han visto afectados por las medidas anticontaminación. El aumento del precio de los vehículos potentes y las restricciones de acceso a las ciudades han limitado las opciones disponibles para aquellos que buscan un vehículo con características específicas.
Como se calcula el impuesto
El impuesto al CO2 en Francia se aplica a todos los vehículos nuevos vendidos en el país, con una escala que varía según las emisiones de CO2 del vehículo. La escala se actualiza anualmente y se divide en tres tramos:
Tramo 1: De 118 g/km a 141 g/km de CO2: se aplica un impuesto de 50 euros, más 25 euros por cada gramo de CO2 que supere los 118 g/km.
Tramo 2: De 142 g/km a 193 g/km de CO2: la tasa aumenta progresivamente, con un recargo que puede superar los 100 euros por cada gramo de CO2 que supere los 142 g/km.
Tramo 3: A partir de 194 g/km de CO2: se aplica un impuesto de 60.000 euros.
Es importante tener en cuenta que existen algunas excepciones a la aplicación del impuesto al CO2, como los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Además, el gobierno francés ofrece incentivos para la compra de vehículos con bajas emisiones, como bonificaciones y subvenciones.
Ejemplo aproximado: Un vehículo con emisiones de 160 g/km de CO2 pagaría un impuesto de 2.100 euros, que se calcula de la siguiente manera:
- 50 euros (impuesto base)
- 1.050 euros (25 euros/g x 42 g)
En el contexto de la lucha contra el cambio climático, es muy probable que las medidas anticontaminación en Francia se intensifiquen en los próximos años. Se espera que esto impulse el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte más sostenibles y eficientes, como los vehículos eléctricos e híbridos. Aunque, estos modelos también podrían desarrollar sus propios impuestos según el nivel de emisiones que generen los fabricantes en el proceso de producción, por lo que la disputa de Europa contra la contaminación todavía no ha terminado.
