Pasadas las 18 horas del 22 de diciembre de 2020, comenzó lo que Eduardo Inzunza (43) relata como una verdadera pesadilla de la que todavía no despierta. Este padre de dos hijos pequeños, que se desempeña como chofer de una empresa de logística, llegó a su casa en una de las comunas céntricas de Santiago y estacionó su vehículo año 2018 frente al domicilio.

A la media hora, cuenta, uno de sus familiares salió a regar el antejardín y se percató que al auto le faltaba la patente de atrás. “Eduardo, sabí que te falta una patente”, le advirtió. “Salí a mirar el auto y como solo faltaba esa, pensé que se había caído en el trayecto de vuelta de la empresa o bien en la misma planta”, relata este Técnico en Comercio Exterior. No le dio más vueltas.

“Al día siguiente cuando salí a echar a andar el auto. Me subí y de inmediato, al querer mirar hacia atrás, me percaté que los espejos estaban abatidos. Los enderecé y solo estaban las carcasas. Me bajé y fui a mirar por adelante y tampoco tenía la patente delantera. Estaban los tornillos ahí mismo tirados en el suelo. Recién ahí me di cuenta de que era víctima del robo de la identidad de mi auto. Todo coincidía, porque, de hecho, me robaron los espejos solo porque tenían grabadas las patentes. Ahí caí”. Eduardo Inzunza era otra víctima más de lo que se conoce como la clonación de vehículos, vale decir, robar las patentes para ponérselas a un auto de la misma marca, modelo y color.

Sin saber digerir todavía bien lo ocurrido, concurrió a la Comisaría más cercana y en paralelo llamó a su jefe para explicarle que iba a tener que llegar más tarde. “Los carabineros me dijeron ‘¿sabe qué? El auto no puede moverlo, porque si es fiscalizado así, el vehículo se va al corral municipal y generará una multa por al menos siete días’”.

En la tarde, una vez que llegó otra vez a su casa. Inzunza fue de nuevo a Carabineros. “Me recomendaron que no hiciera denuncia, porque era un trámite más engorroso y que seguramente me llamarían a declarar, que mejor dejara solo una constancia. Un gran error del que no estaba consciente en ese minuto”.

Consciente de lo que podría enfrentar como víctima de la clonación, Inzunza tomó acción. “Llamé al call center de la Autopista Central y la operadora me dijo que lo que tenía que hacer era irme a una oficina comercial y devolver el tag. Además, que tenía que llevar la constancia de Carabineros. Hice ese trámite en una oficina de Conchalí y el dispositivo me lo recibieron sin problemas”. Un nuevo error producto del desconocimiento y de la falta de preparación del personal de la autopista.

“A los dos días me contacté con un abogado. Me dijo ‘¿y por qué te hicieron devolver el tag? Si lo que tenías que hacer era interponer una denuncia en la Fiscalía, porque las autopistas actúan en base a los antecedentes de Fiscalía. Y pide altiro otro tag porque es la única manera de acreditar que el auto (el verdadero tuyo) transitó o no por las vías. De lo contrario te van a cobrar por las fotos de las autopistas, que eso es de acuerdo con la patente que sigue estando a tu nombre’”.

El profesional volvió entonces a la misma sucursal de Autopista Central. “Ahí recién la asistente me atendió con todos los antecedentes que llevaba. ‘La información que a usted le entregaron acá no fue la correcta’, me dijo. Me pasaron una declaración tipo que tuve que llevarla a una notaría para validarla, donde juré que la información que yo entregaba era verdadera”, prosigue.

Pandemia mediante, la persona encargada del caso trabajaba semana por medio de manera presencial. “Al final pasaron varios días para entregarle la declaración jurada. En ese momento hizo un requerimiento a la central de la autopista. Así, cada vez que me llegara una boleta a mi casa informando de una deuda (que en la práctica no me correspondía), tenía que llamar al call center y decir que había un número de requerimientos de cobros que podrían estarse efectuando de forma irregular”.

“La primera cuenta que me llegó por trayectos que no hice fue por $ 29 mil, eran en la Ruta 78 y la Autopista del Sol. Empecé a llamar y decir que yo tenía un número de requerimiento. Me dijeron que me iban a contactar vía mail o por teléfono, cuestión que nunca sucedió. Insistí a una dirección electrónica de casilla de ayuda donde adjunté todos los antecedentes. Recibí un mail de vuelta en el que me explicaban que lamentaban mucho la situación, pero mientras la Fiscalía no me diera la razón la deuda seguía a mi nombre y yo era el responsable. Tal cual”, cuenta.

Eduardo Inzunza repitió este envío de información a todas las autopistas concesionadas de la Región Metropolitana. “Mandé fotos de mi vehículo cuando tenía las patentes, la constancia en Carabineros, la denuncia en Fiscalía y la declaración jurada ante notario”

Continúa su relato. “Pasaron las semanas y llegaban cada vez más boletas. Por $ 100 mil, $ 80 mil y así iba. La mayor cantidad es de Autopase, a la fecha suma casi $ 300 mil. De los mails que mandé, la única que se dignó a contestar fue la Autopista Vespucio Sur. Pero me advirtieron que si comenzaban a llegarme multas de las municipalidades, era yo quien tenía que ir personalmente a exponerle mis antecedentes al juez de policía local”.

Me llamaban todo el día y todos los días de las empresas de cobranza. Llegué al punto de bloquear las llamadas de números desconocidos. Lo mismo con los mails. O sea, aparte de todo, de que yo era la víctima, sufría de hostigamiento a sabiendas de que yo había enviado e informado de todos los antecedentes.

En febrero, esta víctima jugó otra de sus cartas. Pidió de manera online una audiencia con el fiscal. “Quedé agendado para el 9 de marzo a las 3 de la tarde. Necesitaba que la ley me protegiera. Yo era una víctima de todo esto”.

Inzunza cuenta que finalmente lo recibió la asistente del fiscal, también abogada de profesión. “Le expuse todo y le dije que necesitaba que la ley me amparara porque yo era la víctima. Para las empresas concesionarias yo era un ladrón que usufructúa de las vías, cuando era todo lo contrario: yo fui la víctima de un robo”.

“Las palabras de la asistente de la fiscalía fueron: ‘le voy a ser sincera. Los fiscales no hacen eso. No tienen por qué hacer eso. Las autopistas no pueden ni deben pasar por alto documentos oficiales y válidos ante la propia Fiscalía. Ellos con esa información que usted les proporcionó no deberían cobrarle ni un solo peso. Porque usted fue víctima. Fue a la Comisaría, entregó antecedentes personales. Es más: usted entregó una declaración jurada y ante notario. Con esa información, las autopistas no tendrían por qué cobrarle porque estos registros solo se generan por las patentes y la visión de cámaras, y no por el dispositivo tag. Las patentes estaban encargadas por robo en todo el territorio nacional’.

Inzunza sostiene que le pidió por favor a la asistente que gestionara con el fiscal algún documento que certificara que él no era el real deudor de todas las boletas con fecha posterior al 22 de diciembre. “La asistente hablaría con el fiscal, pero me dijo que no me podía garantizar que se gestionara el documento. Finalmente me mandaron un papel por correo electrónico con firma y timbre del fiscal, indicando todo lo sucedido y que se había, de algún modo, esclarecido. Esto era para ser presentado en las autopistas. Siento que al final esto lo logré porque el fiscal se apiadó de mí, porque, como me explicaron, ellos saben que las autopistas no deberían cobrarme...”.

Eduardo Inzunza ha gastado tiempo y ha pasado por bajones emocionales producto de la situación que enfrenta. Por lo mismo hace críticas al sistema.

“Si yo reviso las boletas, son casi todos cobros en la Ruta 78 y Autopista del Sol. Entonces si yo soy una autopista y tengo el dato que ese auto está pasando los lunes, los martes, los miércoles... ¿cómo no se pone un aviso? Eso nadie lo hace. Este es el primer auto 0 km que me compro en mi vida, me roban, soy la víctima y al final quedo como sinvergüenza, mientras hay otros delincuentes viviendo gratis y que son amparados por la legislación. Eso no es justo”, explica. “Además las autopistas tienen cámaras que registran la patente, y por eso me cobran aunque no suene un bip del tag, entonces me parece irrisorio que no tengan la voluntad de informar a Carabineros que hace 10 o 15 minutos pasó un auto con patentes encargadas por robo”, añade.

Inzunza, que bien conoce el trance por el que debe pasar una víctima de robo de patentes y clonación de autos, pide que se legisle en la materia. “Una manera de ponerle un punto final a este delito es hacer que una patente robada quede caducada a perpetuidad y que a la víctima se le asigne una patente con otra numeración. Así, sería mucho más fácil identificar las patentes robadas, sin seguir perjudicando a la víctima. Al final todo esto se convierte en una verdadera pesadilla. Las autopistas piensan de la siguiente manera: ‘como no hay una ley que norme esta materia, da lo mismo. Le endosamos la deuda al dueño de la patente, independiente de que lo hayan cogoteado o baleado... da igual”.

También reclama que es absurdo que no haya una especie de base de datos unificada entre las autopistas concesionadas. “No puede ser que yo tenga que andar como candidato a alcalde, de puerta en puerta avisando que me robaron las patentes y que hay un auto clonado haciéndose pasar por el mío...”

Eduardo Inzunza tuvo su auto parado por más de un mes ante el miedo lógico de salir y ser controlado por Carabineros. En plena pandemia el único Registro Civil que atendía solicitudes de reposición de patentes era el de calle Huérfanos, en el centro de Santiago. Un día laboral pidió otra vez permiso en su trabajo, se levantó a las 4 de la mañana para estar a las 6 en la puerta de la oficina. A las 11h recibió sus placas de cartón y finalmente en mayo tendrá otra vez sus dos nuevas placas de lata.

Podría sonar el fin de esta amarga historia, pero no lo es del todo. “Hace dos semanas me llegó la última cuenta por $ 258 mil. Me metí el mismo día a la página de Autopase, les reenvié la información y sigo la espera de una respuesta”.