Desde 2006, cuando la Corte Constitucional de Colombia legalizó el aborto en tres causales (por violencia sexual, malformación fetal o riesgo de la vida de la madre), el tema no ha dejado de causar debate en ese país. Pero en las últimas semanas la polarización entre los colombianos se ha profundizado, mientras la atención está puesta en la resolución que dará la justicia en las próximas semanas sobre una demanda que exige revertir la sentencia de hace 14 años.

El caso de una estudiante de 22 años de Popayán, al suroeste del país, que interrumpió su embarazo legalmente a los siete meses de gestación por "problemas mentales" y que está siendo denunciada por su expareja de "homicidio", terminó por dividir a los políticos en el Congreso.

Pese a que la sentencia C-355 de 2006 no específica un límite de semanas para abortar, por lo que "el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes", la joven ha recibido amedrentamientos al igual que su familia en redes sociales. Asimismo, se divulgaron los antecedentes personales de la mujer.

La senadora María del Rosario Guerra, del uribista partido Centro Democrático (CD) y quien lidera una "cruzada" contra el aborto en Colombia, acusó un "infanticidio" en este caso. Al menos 12 congresistas del CD, del Partido Conservador y Colombia Justa-Libre enviaron una carta a la Corte Constitucional en la que "reclaman la facultad del Congreso" para "definir los asuntos relacionados con el derecho a la vida de todos los colombianos, incluidos aquellos que estén en el vientre de la madre".

En la acera opuesta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido progresista Alianza Verde, dijo que todavía persisten barreras que no permiten el acceso de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y defendió que es un "derecho fundamental" alcanzado por las mujeres.

En tanto, la organización Profamilia, que acompaña a las mujeres en el proceso IVE, señaló que la joven cumplía con las causales que estipula la ley, que el procedimiento fue autorizado tras evaluaciones psicológicas y realizado en una clínica legal de acuerdo a los protocolos establecidos.

Expectación

Aun teniendo el derecho de las tres causales, las mujeres colombianas enfrentan el temor de investigaciones debido a que en el país existe el delito de aborto que es penalizado con uno a tres años de cárcel. Según cifras de la Fiscalía, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por abortar, de ellas 502 eran menores de edad.

A esto se suma la preocupación por ser estigmatizadas. Por esto, muchas mujeres interrumpen el embarazo en clínicas clandestinas bajo condiciones inseguras.

El Ministerio de Salud colombiano informó que entre 2005 y 2017 al menos 828 mujeres fallecieron por "causa básica de embarazo terminado en aborto" y solo en 2019 el número de víctimas fatales fue de 70.

La expectación está en lo que ocurrirá con las dos demandas presentadas por la abogada Natalia Bernal Cano. En la primera solicita "penalizar totalmente el aborto" y en la segunda que se reconozca como personas con derechos a los fetos, lo que apela y pone en jaque a la despenalización alcanzada en 2006. Según la BBC, en estos años se han presentado decenas de acciones legales para revertir la IVE.

Así, la edil bogotana hizo referencia al proceso judicial planteado en la Corte Constitucional y enfatizó en que si la justicia "decide pronunciarse de fondo, despenalice el aborto".

La prensa local sostiene que, por el contrario, en vez de provocar un revés en las tres causales, se daría mayor respaldo a la legislación. Según el diario El Tiempo, la discusión por el aborto realizado a los siete meses de gestación se da "dos semanas antes de que la Corte Constitucional estudie una ponencia del magistrado Alejandro Linares que propondría que se permita interrumpir el embarazo en cualquier caso hasta la semana 12 de gestación".