El 16 de abril de 2007, un estudiante de Virgina Tech de 23 años, Seung-Hui Cho, entró al campus armado con dos armas semiautomáticas y cerca de 400 balas, y abrió fuego contra estudiantes y docentes de la facultad. Luego de 10 minutos de tiroteo, se disparó a sí mismo.
Ese incidente, que dejó 33 muertos -incluido Seung-Hui Cho- y 17 heridos, es hasta el día de hoy el tiroteo escolar más violento, y con más muertos, en la historia norteamericana. En su tiempo, despertó el debate relativo a la tenencia de armas, llevando a cambios significativos en las leyes de Estados Unidos.
Asimismo, el ataque levantó alarmas respecto a la seguridad de los campus universitarios, llevando a replanteamientos respecto a la notificación de emergencias y evaluación de amenazas, que al día de hoy se han vuelto estándares básicos. ONG’s y fundaciones trabajan a lo ancho de Estados Unidos para mejorar en un ámbito donde ninguna precaución es suficiente.
El perpetrador del ataque de Virginia Tech, Seung-Hui Cho, era un ciudadano surcoreano con residencia permanente en Estados Unidos, y en su historial se encontraban antecedentes penales. Dos años antes del atentado, una corte de Virginia ya lo había declarado mentalmente incapacitado. Luego de que ocurriese el ataque, este aspecto se volvió central para el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.
Desde el Centro Brady para Prevenir a Violencia Armada, su presidente Dan Gross señaló que el estado de la salud mental de Cho debió haberle significado una barrera para pasar la verificación de antecedentes, antes de comprar las armas con las que realizó el ataque.
Menos de un año después del atentado, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Enmiendas Mejoradas de NICS, que endureció la presentación de informes de datos de salud mental de los estados a las bases de datos federales para la verificación de antecedentes en la compra de armas. Aquella ley, aprobada tanto por demócratas como republicanos, es considerada uno de los mandatos federales más fuertes relativos a la venta de armas. “Gracias a esa ley, casi todos los estados mejoraron drásticamente la entrega de ese tipo de información, y ese proceso sigue hasta hoy”, opina Gross.
Las consecuencias del atentado de Virginia Tech tuvieron muchas ramificaciones: solo en ese instituto, se aprobaron y siguieron casi la totalidad de las 208 recomendaciones que salieron del gobierno estatal. De hecho, en todo el país, puso en marcha una revisión sistémica de las normas de seguridad en distintos campus: las exigidas por el gobierno federal y las adoptadas de manera proactiva por las escuelas.
Mark Owczarski, funcionario de Virginia Tech, comentaba en 2017: “Toda la educación superior fue profundamente afectada por lo que pasó en nuestro campus. Hubo un cambio en la educación superior, y hubo un cambio en nuestra sociedad en los días y meses que le siguieron al ataque”.
Desde un punto de vista práctico, Virginia Tech y otras escuelas implementaron una serie de cambios de seguridad física, como instalar candados en el interior de las aulas, y reemplazar los herrajes de las puertas dobles con herrajes que no se pudieran encadenar y cerrar con llave desde adentro, como lo hizo el perpetrador del tiroteo en 2007.
Desde las leyes, uno de los impactos más significativos del tiroteo fue una enmienda a la Ley Clery de 1990, una norma federal que requiere que las instituciones de educación superior no solo recopilen e informen las estadísticas de delincuencia en el campus, sino que también desarrollen un sistema de alerta de emergencia multimodal para enviar información lo más rápido posible.
“Lo que hizo esto fue que los campus revisaran su política de notificación de emergencia, probaran su sistema y realizaran simulacros sobre cosas que podrían suceder en el campus”, dice Alison Kiss, exdirectora ejecutiva del Clery Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a facilitar capacitaciones de seguridad en el campus para colegios y universidades. “Antes de eso, las escuelas elaboraban protocolos que a menudo se metían en carpetas y luego tal vez se guardaban en el estante”.
“La mayoría de la gente piensa que la notificación es recibir un mensaje de texto”, dice Owczarski. “Pero tenemos alrededor de 10 formas en que notificamos a las personas al mismo tiempo, que varían según dónde se encuentre y qué esté haciendo”. Además de un sistema de mensajes de texto, Virginia Tech y otras escuelas también usan correo electrónico, Twitter, sirenas, letreros electrónicos que cuelgan en las aulas, alertas de escritorio y sus páginas de inicio para alertar a su comunidad sobre una situación de emergencia.
La mayoría de los funcionarios de seguridad del campus están de acuerdo en que la prevención es un trabajo que nunca termina, debido a que las amenazas y la tecnología a través de la cual se pueden realizar esas amenazas cambian constantemente. “La seguridad del campus nunca dejará de evolucionar”, dice Owczarski. “Es un esfuerzo continuo, porque una mente criminal nunca dejará de intentar encontrar formas de eludir”.
Según Kiss, uno de los principales desafíos que actualmente aparecen en cuanto a seguridad universitaria, es el de las redes sociales, y como, por ejemplo, los estudiantes pueden correr la voz de algo por Twitter antes de que los mismos funcionarios puedan proporcionar información precisa. “Ha sido un desafío tener que desmentir lo que tus estudiantes publican”, señala.
