En un primer encuentro marcado por la tensión, la Iglesia Católica de Nicaragua inauguró ayer un diálogo nacional con diversos sectores para buscar una solución a la crisis política que atraviesa el país y que ha provocado la muerte de al menos 58 personas.
Acompañado de su esposa, la vicepresidenta y vocera del gobierno Rosario Murillo, el Presidente Daniel Ortega llegó a las instalaciones del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, rodeado de un dispositivo de seguridad de más de 500 efectivos antimotines.
"¡Asesinos, asesinos, asesinos!", les gritaron a coro decenas de activistas y manifestantes apostados en la entrada del sitio mientras la caravana de seguridad rodeaba los vehículos en los que se trasladaba la pareja presidencial.
Después de escuchar el himno nacional y las palabras de bienvenida de la Conferencia Episcopal, que es mediadora y testigo de las conversaciones, se le dio la palabra a Ortega. Pero Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes, lo interrumpió antes de que comenzara a hablar para exigirle el fin inmediato de la represión de las protestas populares. "Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando", dijo el joven, citado por The Associated Press.
El jefe de Estado respondió que el hecho de llegar al diálogo era una muestra de buena voluntad y que le dolían las muertes producidas durante las protestas. "A todos nosotros nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Tenemos razón de indignarnos", indicó.
Sin embargo, defendió la actuación de la Policía que, su juicio, "ha sido víctima de esta campaña" y que "tiene órdenes de no disparar" contra los manifestantes. "La policía no está para reprimir la protestas sino para evitar el caos y es lo que hemos hecho, porque no es posible que anden atacando cuarteles de la policía, porque no son angelitos los que andan ahí", enfatizó Ortega en medio del griterío de los estudiantes.
El gobierno está interesado en hacer justicia por los muertos y "por eso hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dijo Ortega. Pero el mandatario autorizó recién el lunes la visita de la CIDH para observar la situación en el país. El viernes este órgano autónomo dependiente de la OEA había emitido un comunicado diciendo que había solicitado "por tercera vez" acceso a Nicaragua.
La relatora de la CIDH para Nicaragua, la abogada chilena Antonia Urrejola, había destacado la visita como "indispensable" para evaluar la situación en el país. "Es indispensable que podamos sostener reuniones con autoridades, pero también con diversos sectores de la sociedad civil, para poder hacer una evaluación y un diagnóstico serio, y poder de esa manera considerar la pertinencia de prestar el asesoramiento técnico", señaló la relatora de la CIDH.
En entrevista con El Nuevo Diario de Nicaragua, Urrejola dijo que "los países avanzan cuando se logra saber la verdad y se sanciona a los responsables", refiriéndose a la investigación de las muertes en las protestas. "La crisis solo puede ser superada mediante un diálogo constructivo y abierto", enfatizó.
Urrejola, abogada de la Universidad de Chile con postítulo en DD.HH. y Justicia Transicional, fue elegida el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA como miembro de la CIDH, para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Además de relatora para Nicaragua, también lo es para Brasil, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Urrejola también es relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia.
Exasesora en DD.HH. de la Presidencia de Chile, Urrejola además ha sido consultora de organismos internacionales. También fue asesora principal del ex Secretario General de la OEA entre 2006 y 2011, según reseña el portal de la CIDH.