Tras meses de incertidumbre, el Tribunal Supremo español confirmó las sentencias de entre 9 y 13 años contra los nueve líderes independentistas de Cataluña, acusados de sedición y malversación, lo que provocó diversas protestas en varios puntos de Cataluña y un colapso en el aeropuerto del Prat en Barcelona. El jefe de Estado español en funciones, Pedro Sánchez, convocó una reunión con los principales partidos mientras aseguró que La Moncloa acatará las sentencias. La reacción política confirma que la sentencia se transformará en uno de los principales temas en las elecciones del 10 de noviembre.
La tensión escaló entre los Mossos y los manifestantes, que buscan generar el "máximo bloqueo posible". Por esto, miles de personas paralizaron el aeropuerto al cortar las vías de acceso lo que generó la cancelación de 67 vuelos. Según el diario El Mundo, esto representa solo el 6% del total, ya que para hoy hay 1066 vuelos programados. A esto se suma una veintena de carreteras cortadas y barricadas.
El caos no solo ha sido en Barcelona, sino que se extendió a las capitales de las provincias de Girona y Lleida. La organización Tsunami Democràtic convocó a los manifestantes a pernoctar en el aeropuerto. "Ante la acción policial, nuestra respuesta es la desobediencia civil, que por definición es no violenta. Si quieren generar una situación de tensión, nuestra respuesta ha de ser masiva. Somos masa y no nos moverán", señalaron los independentistas.
Según el diario El País, la sentencia del "procés" es tercer grado penitenciario o semilibertad, lo que abre la puerta a un régimen abierto en el que los catalanes podrían dormir en la cárcel de lunes a jueves. Esto, porque el Supremo rechazó la petición de la fiscalía para que los exlíderes catalanes no optaran a la semilibertad hasta cumplir la mitad de la condena. Así, desde hoy el Servicio Penitenciarios de la Generalitat tienen hasta dos meses máximo para decidir en qué régimen deberán cumplir la condena los independentistas.
El diario La Vanguardia, sostiene que la primera acción de la defensa sería solicitar la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo. Los siguientes pasos pueden ir desde un recurso ante Tribunal Constitucional, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y/o permisos penitenciarios.
Una de las opciones más distantes sería la libertad condicional, ya que se necesitan dos condiciones para ser concedida: que el recluso esté "clasificado en tercer grado penitenciario" y que haya cumplido "tres cuartas partes de la condena o dos terceras partes", según el artículo 90 del Código Penal.
El escenario se complica más después que el socialista Pedro Sánchez, aclaró que el indulto no es una opción. "El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento", señaló el líder del PSOE, tras asegurar que "garantizamos el absoluto cumplimiento (del fallo)".
Independentismo y 10-N
Durante la mañana, Sánchez se reunió con ministros y parte del círculo de confianza para evaluar los siguientes pasos. En esa línea, el gobierno aseguró que tiene "todo previsto" y planes ante "cualquier circunstancia" para evitar repetir los "errores" del gobierno en 2017. Durante la tarde, el presidente de gobierno español se reunirá con los líderes de los grandes partidos españoles: Pablo Casado (Partido Popular), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).
El president de la Generalitat, Quim Torra, envió una carta al rey Felipe VI y a Pedro Sánchez para solicitar una reunión "urgente" para conversar sobre el "conflicto político que hay que resolver, ahora más que nunca, políticamente". En tanto, Carles Puigdemont junto a otros seis "procés" no enfrentaron a la justicia española por encontrarse fuera del país. Sin embargo, cuatro horas después de la sentencia el juez Pablo Llarena -encargado del proceso- solicitó la reactivación de las órdenes internacionales y europeas en contra del exlíder catalán por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont durante una conferencia de prensa hoy en Bruselas.[/caption]
Según el diario El País, el Supremo español solicitó la extradición de Puigdemont con la intención de que los tribunales de los países donde hay "otros fugados" se replanteen la entrega de ellos, especialmente hacia Bélgica donde permanece el expresidente catalán y los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.
En un discurso, Puigdemont llamó a los catalanes a "hacer sentir" su voz contra la condena que catalogó de "injusta e inhumana". El político pidió convertir las próximas elecciones convocadas el 10 de noviembre en "una manifestación masiva de rechazo y firmeza" y responder en las urnas "con más fuerzas que nunca".
A menos de un mes de la próxima cita electoral, desencadenada tras la fallida investidura del socialista, contará con el independentismo como uno de los principales "ejes" políticos. Ante esto, Pedro Sánchez criticó al "procés" dejando en evidencia su postura de cara a las elecciones. "Hoy se confirma el naufragio de un proyecto que ha fracasado en su intento por lograr apoyo dentro de España y un reconocimiento internacional", finalizó Sánchez. Según El País, la crisis política española se debe al proceso catalán, ya que "antes los votos de los nacionalistas catalanes, como lo de los vascos daban estabilidad y ahora se han convertido en inutilizables".
En tanto, la Junta Electoral Central ordenó a los partidos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) excluir de las listas para el 10-N a los líderes catalanes que quedaron con penas de inhabilitación.
