Al menos 17 personas murieron y otras 68 resultaron heridas este lunes en Juliaca, en el Departamento de Puno, informó el lunes la Defensoría del Pueblo y el Gobierno, en la peor jornada de protestas desde que el expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión, fuera sacado del poder por el Congreso.
Con ello, el número de víctimas fatales en choques con las fuerzas de seguridad aumentó a 39 desde diciembre.
Otras siete personas han fallecido en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos durante protestas, según datos oficiales.
Los manifestantes exigen elecciones anticipadas, la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.
El primer ministro, Alberto Otárola, lamentó en la noche en una declaración las muertes en Puno, pero agregó que unas 9.000 personas quisieron tomar el aeropuerto de la ciudad y que 2.000 de esas personas iniciaron un ataque contra la policía, utilizando “armas hechizas y armas con doble carga de pólvora”.
Fue un “ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones en Puno”, afirmó.
Entre las víctimas del lunes figura un menor de edad, dijo la Defensoría del Pueblo, que informó además, más temprano, que un recién nacido había muerto mientras era trasladado en Puno a un hospital en ambulancia, que se retrasó debido a un bloqueo.
Entre los heridos figuran también policías que no pueden ser evacuados por problemas en el aeropuerto, según las autoridades.
“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la fiscalía a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos”, dijo la Defensoría del Pueblo por Twitter.
El director regional de salud de Puno, Ismael Cornejo, dijo a la radio local RPP que algunas de las víctimas fatales y los heridos en la región tenían impactos de bala en el cuerpo.
La policía y las fuerzas de seguridad han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes usan armas y explosivos caseros.
“Quiero hacer un llamado al gobierno. ¿Cómo podemos tener tantas muertes?”, dijo Jorge Sotomayor, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Carlos Monge Medrano, de Puno.
En Juliaca, un testigo de Reuters grabó imágenes de disparos y humo en las calles mientras los manifestantes se cubrían detrás de grandes placas de metal y señales de tránsito y arrojaban piedras a la policía con hondas improvisadas.
Reclamos: “No está en mis manos”
Otras imágenes del testigo mostraban a personas haciendo una reanimación cardiopulmonar a un hombre que yacía inmóvil en el suelo con un suéter manchado de sangre; y otros heridos graves en la sala de espera de un hospital lleno de gente.
Imágenes de la televisión local mostraron en la noche saqueos de negocios en Puno. En tanto, en la región andina de Ayacucho se suspendió la operación de su aeropuerto por medidas de seguridad, dijo el ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentran ahora en la región de Puno con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino. Desde la reanudación de las manifestaciones se había reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
La Presidenta Boluarte afirmó en Palacio de Gobierno, poco antes de conocerse públicamente las primeras nueve muertes de la jornada, que no estaba claro lo que estaban reclamando en Puno, donde las protestas estaban siendo lideradas por grupos indígenas.
“Ya les expliqué que los cuatro puntos políticos (que se pide) no están en mis manos. Lo único que estaba en mis manos, que es el adelanto de elecciones, ya lo propusimos”, afirmó.
A iniciativa de Boluarte, el Congreso dio en diciembre un primer paso para adelantar dos años las elecciones generales, en abril del 2024. La propuesta debe ser refrendada con una segunda votación prevista para febrero o marzo.
“Lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos en las ciudades, los llamo a la reflexión hermanos y hermanas”, manifestó la Presidenta en un discurso antes de una reunión con diferentes instituciones del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita a Perú del miércoles al viernes de esta semana, recorriendo Lima y otras ciudades para evaluar la situación en el país sudamericano.
