El expresidente peruano, Alberto Fujimori, confirmó que tiene la intención de postularse a cargos públicos mediante una carta que envió al diario El Comercio, en la que al ser consultado si quiere ser candidato al Senado o a la presidencia indicó: “Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.
Fujimori fue internado en la UCI de una clínica el miércoles pasado, luego de sufrir una caída que le provocó una fractura en la cadera, según informó su hija Keiko Fujimori. “Me encuentro en una clínica local, recuperándome de una caída, a la espera de una cirugía de la que confío me recuperaré con éxito, con muchas ganas de volver a casa para seguir adelante”, indicó en la carta.
El retorno de Fujimori a la política activa depende de que responda de manera positiva al tratamiento que está recibiendo por el tumor maligno que le detectaron en la lengua, indicaron a El Comercio fuentes de Fuerza Popular.
“Si sale bien, él seguirá adelante y su participación política podrá ser más importante y trascendente”, dijeron.
El diario señaló que en febrero pasado- dos meses después de haber salido del penal de Barbadillo, tras la reposición de su indulto humanitario por el Tribunal Constitucional- Alberto Fujimori (85 años) decidió, con el respaldo de su hija Keiko Fujimori, su inscripción como militante de Fuerza Popular, según fuentes allegadas a la colectividad.
La conversación en la que se concretó la afiliación del sentenciado exmandatario fue en la casa de San Borja, donde vive actualmente con la excongresista y sus nietas, indicó El Comercio que añadió que la vivienda le perteneció a la ex primera dama Susana Higuchi, quien se la dejó en herencia a sus hijos.
Las mismas fuentes le dijeron al diario que si Alberto Fujimori se había inscrito en el partido antes de la fecha de vencimiento del plazo para existente para registrarse en una colectividad para ser candidato a las elecciones generales, que es el 12 de julio, es porque una postulación” de su parte al Senado e, incluso, a la Presidencia de la República “está abierta”. “Hay una posibilidad muy grande”, indicaron.
Incluso se ha señalado que se planea realizar una bienvenida pública al partido. “Para el fujimorismo, es necesario que Alberto Fujimori sea reivindicado en las urnas, ese es el mayor respaldo después de todo lo que ha vivido, ese es nuestro anhelo. Él regresó al Perú para su reivindicación, no para morir en prisión”, dijeron fuentes a El Comercio.
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó al mismo diario que Fujimori no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular, porque el indulto que recibió en el 2017 no declara su inocencia.
“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó a El Comercio.
En 2009 fue condenado a 25 años de prisión tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
Ese mismo año recibió su cuarta sentencia de seis años por el espionaje telefónico a periodistas y políticos, el pago a congresistas tránsfugas, y por la compra de Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario Expreso. Por ese caso fue hallado culpable del delito contra la Administración Pública – peculado (casos Medios de Comunicación e Interceptación Telefónica) y de cohecho activo (caso Congresistas Tránsfugas), ambos en agravio del Estado.
También se le encontró culpable del delitos contra la Libertad – violación del Secreto de las Comunicaciones – intervención telefónica (caso Interceptación Telefónica). Fue condenó a 6 años de cárcel y el pago de una reparación civil a las víctimas de lo que se conoció como el ‘chuponeo’, interceptación telefónica.
El 8 de enero del 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a 8 años de prisión por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar un grupo de diarios para impulsar su reelección en 1995. El 16 de agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, declaró su inocencia en este caso y lo absolvió de la pena de 8 años.
