La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo este miércoles que se toma “muy en serio” un supuesto plan de la guerrilla ELN -que fue advertido por Cuba al gobierno colombiano- para atacar la ciudad en los próximos días.
“Hemos evaluado esa información que aún es muy incipiente, pero que en todo caso nos tomamos muy en serio”, declaró la mandataria en una declaración a los medios junto al ministro de Defensa, Diego Molano.
Según López, la fuerza pública “ha desplegado unas acciones de prevención para que esa amenaza eventual no se ejecute” en Bogotá.
Colombia dio a conocer el lunes un memorando de la embajada cubana advirtiendo al gobierno sobre “un supuesto ataque del Frente Oriental de Guerra (...) para los próximos días en Bogotá”.
La Habana compartió esa información con un equipo del ELN en la isla, que participó en fallidos diálogos de paz, pero la delegación dijo desconocer esos planes y aclaró que no se involucra “en las decisiones militares u operaciones de la organización”.
De su lado, el ministro de Defensa afirmó que la inteligencia colombiana ya está al tanto de las intenciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Frente a las presuntas amenazas “están desplegadas todas las fuerzas y capacidades” de la policía y los militares, agregó.
El ELN perpetró en enero de 2019 un atentado con coche-bomba contra una escuela de policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.
A raíz de ello, el Presidente Iván Duque sepultó los diálogos de paz que sostenía su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, con la última insurgencia reconocida en el país tras la negociación y desarme de las FARC.
Duque exige a Cuba la extradición de los rebeldes en su territorio, pero la isla rechaza el pedido alegando los protocolos que suscribió con Colombia y países garantes y que prevén el retorno de la delegación a sus campamentos de forma segura.
El ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y una extensa red de apoyo en centros urbanos. Colombia también denuncia que un importante número de los rebeldes está en Venezuela con el amparo de “la dictadura de Nicolás Maduro”.