Aunque lleva casi 18 meses en la cárcel, recién este año el expresidente peruano Alejandro Toledo podría ser condenado. De hecho, sería el primer alto funcionario sentenciado por el caso de Lava Jato en Perú, un escándalo que se reveló en 2016.
Según indican en la prensa peruana, su juicio “avanza a buen ritmo”, desde que empezara el 16 de octubre en el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional. El desenlace de tal juicio podría darse este año, agregan. A Toledo se le acusa de colusión y lavado de activos, llegando a solicitar y recibir sobornos de hasta 35 millones de dólares. Esto, para adjudicar contratos a la constructora brasileña Odebrecht, en los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
Toledo está en la cárcel de Barbadillo, en Lima, y comparte el recinto con el expresidente Pedro Castillo. También lo hacía Alberto Fujimori, quien recuperó su libertad a comienzos de diciembre tras decisión del Tribunal Constitucional de Perú. Sobre este último puna condena de 25 años por delitos contra los derechos humanos, en tanto que Castillo tiene órdenes de prisión preventiva, acusado de rebelión y organización criminal.
Alejandro Toledo gobernó Perú entre 2001 y 2006, y años después estuvo viviendo en Estados Unidos, donde terminó siendo arrestado en 2019. De ahí, hubo toda una serie de idas y venidas alrededor de su extradición, que terminó concretándose en abril de 2023, cuando volvió a Perú.
En su caso, de presunta colusión agravada y lavado de activos, la fiscal Diana Canchihuaman pidió 35 años de prisión contra él. Una de las etapas “intermedias” de su juicio, “la audiencia de control de la acusación”, tendría lugar el lunes 25 de marzo. El juez, Richard Concepción, solicitó que esta audiencia sea de carácter “presencial e inaplazable”.
En este proceso, se revisará la acusación y se resolverán observaciones que las partes involucradas puedan determinar, para de ahí pasar a la etapa de juicio oral. En tanto, la esposa de Toledo, Eliane Karp, huyó en mayo de 2023 a Israel para evadir a la justicia peruana: su caso no tiene que ver con Odebrecht, sino con lavado de activos en el “caso Ecoteva”, por el que se le ha pedido una condena de 16 años.
Toledo no es el único expresidente peruano que se vio involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Alan García, en abril de 2019, había sido mandado a detener por el Poder Judicial peruano, para que fuera investigado. Cuando llegaron a detenerlo a su residencia en Lima, se había disparado en la cabeza, y murió un poco después.
El delito del que se le acusaba a García era lavado de activos, además de recibir sobornos, también de la constructora brasileña, para adjudicar la ejecución de la Carretera Interoceánica, además de los primeros tramos de la línea 1 del metro limeño.
Según aseguran las autoridades, el soborno se habría concretado a través de un pago de 100 mil dólares por una conferencia en Sao Paulo. Sus exfuncionarios de gobierno, Luis Nava y Miguel Atala, también habrían sacado una parte de estas coimas.
Otro expresidente complicado por Lava Jato es Ollanta Humala, aunque su juicio iría más lento de lo esperado. Esto, a causa de que el juzgado tuviera que prescindir de las declaraciones hechas por directivos de Odebrecht. Ello, porque un juez brasileño puso en duda la veracidad de las pruebas presentadas por los ejecutivos de la constructora, ya que los testimonios se sustentaban en copias de los sistemas internos de la misma empresa.
La Fiscalía también había solicitado 35 años de cárcel para el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, al que también se acusó de recibir sobornos de Odebrecht. A diferencia de los presidentes ya mencionados, a PPK se le dictó arresto domiciliario, a causa del estado de salud del político.
El año pasado, se le había negado un viaje que había pedido hacer a Estados Unidos, para someterse a exámenes médicos. Uno de los exdirectivos de Odebrecht, Jorge Barata, había llegado a asegurar que aportó dinero en la campaña presidencial de PPK en 2011, un hecho que Kuzcynski negó reiteradamente.
Esperando, en tanto, el desarrollo de su juicio tras las rejas, se encuentra el último de los expresidentes, Pedro Castillo. Se supone que podría ser sentenciado este año, a causa de la “rebelión” que habría encabezado el 7 de diciembre de 2022, cuando protagonizó un “autogolpe”.
En diciembre, la Fiscalía había dado por terminada la etapa de investigación, por lo que en pocas semanas podría presentar su acusación, que incluye también a los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez, y al exasesor Aníbal Torres, acusado de estar detrás del fracasado golpe de Estado.
