“Tenemos que empezar a deportar a gran escala”. Con esas palabras, el canciller alemán Olaf Scholz se refirió a la situación migratoria que está viviendo su país, un poco antes de aprobar un “histórico” proyecto de ley con normas más estrictas para quienes estén en situación irregular. “Para proteger el derecho fundamental al asilo debemos limitar significativamente la inmigración irregular”, aseguró al respecto la ministra de Interior Nancy Faeser.
Luego de la política “puertas abiertas” durante la crisis del 2015, Alemania está dando vuelta su política y busca frenar la llegada de migrantes. Para eso, está haciendo controles fronterizos con sus vecinos del este, lo que de hecho choca con la libre circulación del Acuerdo de Schengen.
La balanza política en Alemania está inclinándose a la derecha, luego de que en las encuestas el partido Alternativa para Alemania (AfD) gana espacio con su discurso antiinmigración.
Ya en la frontera con Polonia, las policías alemanas están aumentando los controles, aún cuando se trata de un país en el Espacio Schengen. Las autoridades alemanas aseguran que también están aumentando las personas que atraviesan esa frontera por rutas irregulares.
Como respuesta a esto, durante esta semana se mandó a aprobar una ley, “un paquete migratorio amplio”, en el que se prevé, entre otras cosas, acabar con la burocracia necesaria par devolver a los migrantes, en caso de que su solicitud de asilo no cumpla con los requisitos. Según el Ministerio de Interior, al menos 50 mil personas deberían abandonar el país inmediatamente en caso de aprobarse la ley.
En Alemania, a causa de un “estatus de tolerancia”, una gran parte de las personas en irregularidad no está realmente amenazada de expulsión: se trata de quienes carecen de documento de identidad, o quienes están enfermos o tienen un hijo menor de edad con permiso de residencia. Por estas condiciones, dos de cada tres intentos de deportación fracasan.
El proyecto, además, le da más atribuciones a la policía para determinar identidades, e incluye “inspecciones sin previo aviso” en los domicilios. Asimismo, las deportaciones ya no se anunciarían a sus afectados.
Junto con el endurecimiento de las reglas hacia los migrantes, Alemania también tendría una ofensiva contra los traficantes de personas. Así, quien sea “miembro de organizaciones criminales” podrá ser deportado de manera casi automática.
Respecto a los contrabandistas, señaló Faeser, se prevé aumentar las penas mínimas y máximas, “especialmente en casos de acciones violentas”. Aparte de las dificultades propias del gobierno alemán, se suma a veces la poca voluntad de los países que deben acoger a sus nacionales de vuelta. En esa dirección, Berlín está tratando de llegar a acuerdos con esos países.
“Esto simplemente aumentará las tensiones sociales y hará que la integración sea aún más difícil”, dijo a Die Zeit Julian Pahlke, experto en migración del Partido Verde.
Refiriéndose a los refugiados ucranianos, en tanto, la ministra indicó que estas normas están hechas para que Alemania pueda cumplir mejor sus responsabilidades humanitarias con ellos: “Las nuevas normas son necesarias para que podamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria para con las personas a las que tenemos que proteger de la guerra y del terror, como los 1,1 millones de personas procedentes de Ucrania”.
En Italia, en tanto, las políticas antimigración de Giorgia Meloni agregaron un nuevo capítulo este lunes, cuando la primera ministra anunció la creación de “centros de retención” en Albania, país que no está en la Unión Europea, y al cual los barcos militares italianos enviarían sus migrantes. En una conferencia de prensa con Edi Rama, el primer ministro de Albania, se informó sobre esta medida, que imita así las del premier británico Rishi Sunak, que intentó hacer lo mismo enviando a solicitantes de asilo a Ruanda.
Según la líder del Partido Democrático, en la oposición, Elly Schlein, indican que un acto como ese podría no estar dentro del derecho internacional y europeo, ya que no habría certezas sobre los derechos de los migrantes recluidos. Así, Schlein acusó a Meloni de querer crear un “Guantánamo italiano”.
En declaraciones al periódico Il Messaggero el martes, Meloni dijo que los planes podrían servir como un “modelo de cooperación entre países de la UE y no pertenecientes a la UE”.
Pero el Comité Internacional de Rescate calificó el acuerdo de Roma con Tirana como un “golpe adicional” a la solidaridad de la UE. Su director senior para la defensa de Europa lo describió como “deshumanizante” y dijo que “todo el mundo tiene el derecho fundamental a solicitar asilo, independientemente de dónde sea o cómo llegue”.
Médicos Sin Fronteras dijo que el acuerdo iba “un paso más allá” de anteriores alcanzados entre los países de la UE y Turquía, Libia y Túnez. “El objetivo ya no es sólo desalentar las salidas, sino impedir activamente que las personas huyan y que los rescatados en el mar obtengan un acceso seguro y rápido al territorio europeo, eludiendo así las obligaciones de protección y rescate consagradas en el derecho internacional y los convenios europeos”, afirmó en un comunicado.
Un portavoz de la Comisión Europea, citado por The Guardian, dijo que estaba buscando detalles de Italia, pero advirtió que tendría que garantizar que cualquier “acuerdo respete plenamente el derecho internacional y de la UE”.
Ya en septiembre, el gobierno italiano había aumentado el tiempo en que los migrantes podían ser retenidos, además de tomar medidas para garantizar que más personas sin derecho a quedarse fueran repatriadas. Esta medida se produjo un poco después de que casi 10 mil migrantes llegasen a la isla de Lampedusa en la primera semana de septiembre, lo que en su momento significó un golpe a la credibilidad de Meloni.
