La solicitud del primer ministro británico, Boris Johnson, a la Reina Isabel II para que finalice la actual sesión parlamentaria "en la segunda semana hábil de septiembre" y con ella de inicio a una nueva sesión parlamentaria el 14 de octubre causó indignación en el vocero de la Cámara de los Comunes, John Bercow, y el líder opositor, Jeremy Corbyn, consideró la idea de premier como una "amenaza a la democracia". 

Si Johnson obtiene el visto bueno del Palacio de Buckingham no daría tiempo a los legisladores para discutir y votar el acuerdo de "divorcio" que tiene prevista aplicarse a contar del 30 de octubre de este año.

A través de un comunicado el gobierno explicó que, "la decisión de poner fin a la actual sesión parlamentaria -la más larga en casi 400 años y una de las menos activas en los últimos meses- permitirá al primer ministro poner un nuevo programa nacional ante los diputados para su debate y escrutinio".

"No he tenido contactos con el Gobierno, pero si las informaciones que indican que se está buscando la prórroga se confirman, este movimiento representa un escándalo constitucional", indicó el speaker del parlamento británico al ser consultado por la prensa por la información publicada por el número 10 de Downing Street este miércoles.

Por otro lado, Diane Abbott, portavoz de Interior del Partido Laborista ha dicho que esta medida representa "un golpe contra el Parlamento" porque le arrebata la voz al pueblo —a través de sus representantes— respecto al Brexit.

El líder opositor Corbyn -quien tenía previsto presentar una moción de censura como última recurso para evitar un Brexit duro- indicó que la iniciativa de Johnson es una "amenaza a la democracia".

Además, desde del Partido Liberaldemócrata, reaccionaron con indignación ante este nuevo escenario: "Cerrar el Parlamento sería un acto de cobardía por parte de Boris Johnson. Sabe que el pueblo no elegiría un Brexit sin acuerdo y que sus representantes electos no lo permitirían. Está tratando de sofocar sus voces", señalaron a través de una declaración pública.

Desde el Partido escocés SNP, anunciaron que recurrirán a los tribunales e incluso calificaron al primer ministro británica como un "dictador".

Incluso el exministro de Economía de Theresa May, Philip Hammond, se sumó a la críticas de vocero de la Cámara de los Comunes añadiendo que la estrategia de Johnson es "profundamente antidemocrática".