"El ambiente es muy efervescente y muy polarizado", reconoce. En su calidad de relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, la abogada chilena Antonia Urrejola realizó una visita de trabajo a ese país entre el 17 y 21 de mayo. Su objetivo: observar en terreno de manera preliminar la situación de los DD.HH. en relación con las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega -y que han dejado al menos 76 muertos-, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado. En esta entrevista con La Tercera, Urrejola entrega detalles de esta visita.

¿Qué balance hace de la visita a Nicaragua, considerando que en principio el gobierno era renuente a ella?

Consideramos que era necesario ir cuanto antes, precisamente para facilitar el inicio del diálogo, respecto del cual hay mucha desconfianza. Nuestra apuesta fue facilitar un proceso que se está recién iniciando y dado que nuestra visita fue una de las condiciones de la Conferencia Episcopal para iniciar el diálogo. Desconocemos cómo va a terminar, pero la idea era ir a aportar a ese proceso y por eso fuimos y organizamos una visita en 48 horas, en una situación además atípica, porque hicimos la visita al país en medio de una crisis. Si bien nuestro rol era dar ciertas garantías, también podía ser leído como estar a favor o en contra de lo que está sucediendo en ese momento. Tengo que decir que el Estado de Nicaragua facilitó toda la visita. Parte de las preocupaciones de algunos sectores era que íbamos a ser utilizados y eso no se dio, para nada.

¿Y tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente Ortega?

No. Toda nuestra relación con el Estado antes de llegar y mientras estuvimos allá fue con el canciller y la vicecanciller. Con ellos nos coordinamos permanentemente y nos armaron una agenda de acuerdo con lo que nosotros habíamos solicitado. Pero no fue posible tener una reunión con el Presidente ni la vicepresidenta.

Dentro de las recomendaciones de la CIDH está el cese inmediato de la represión de las protestas. ¿Tuvieron algún pronunciamiento formal del gobierno al respecto?

El Presidente Ortega anunció la semana pasada que había dado órdenes a la Policía de no continuar con la represión. Pero efectivamente han continuado las protestas y hemos escuchado los testimonios de centenares de personas denunciando que la represión ha continuado. Efectivamente la policía tiene el deber de resguardar el orden público pero de la información que recibimos, el uso de la fuerza por parte de la Policía fue desmedida y desproporcionada. Por eso al legar, en nuestra declaración inicial, y en nuestro informe preliminar antes de irnos, hemos insistido en el cese a la represión. Nuestro informe fue el lunes, entonces ha pasado muy poco tiempo para ver cómo va a seguir esto, pero hemos tomado conocimiento de que uno de los acuerdos de la mesa de diálogo, el mismo día lunes 21, fue hacer suyo nuestro informe preliminar y sus recomendaciones. Entonces yo creo que eso ya es una muy buena señal.

Otra de las recomendaciones fue desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan a la población civil. ¿Obtuvieron algún compromiso en este punto?

Dado que la mesa de diálogo ha hecho suyo nuestro informe, y el gobierno es parte de esa mesa, puedo deducir de aquello que el Estado ha asumido el compromiso de implementar nuestras recomendaciones. Nos preocupa enormemente la represión por parte de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales que actuarían con el apoyo de agentes estatales . También le planteamos al Estado en reiteradas ocasiones su obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado e identificar y sancionar a los responsables. Por eso, una de nuestras recomendaciones es desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.

¿A dónde apunta la recomendación de crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos? ¿Esto pone un manto de duda sobre la composición de la actual Comisión de la Verdad instaurada por el gobierno de Ortega?

Sí, efectivamente y se lo dijimos al Estado. En nuestra opinión, la Comisión de la Verdad, por los testimonios que recibimos, no tiene las garantías mínimas de credibilidad en la sociedad civil y, sobre todo, para los familiares de las víctimas. Ese es un elemento esencial. Parte del problema, le dijimos, es que esta comisión no se generó con una la debida participación de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil.

¿Cuál fue su percepción del ánimo de los nicaragüenses, que pasaron de protestar contra la reforma de la Seguridad Social a pedir derechamente la salida de Ortega?

La salida de esta crisis es un tema sobre el cual no nos pronunciamos, es un tema que tienen que ver los propios nicaragüenses a través de la mesa de diálogo u otras instancias. Confiamos en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para el pueblo nicaragüense.