El descontento contra el gobierno de la Presidenta peruana, Dina Boluarte, persiste y los dirigentes de las organizaciones sociales de la región de Puno anunciaron retomar las protestas mediante un paro seco (medida en la que no está permitido el tránsito vehicular, entre las 8 a.m. y las 6 p.m., pero sí pueden funcionar los negocios, los comercios y las entidades bancaria) a nivel regional, previsto para el 30 de mayo. Además, alistan nuevamente una marcha con dirección a la capital que sería bautizada como la “Tercera toma de Lima”, cuyo inicio fijaron para mediados de junio.

El dirigente del magisterio en Puno, César Tito Rojas, explicó que los representantes acordaron cambiar la medida de lucha que se estuvo acatando durante las últimas semanas, que era el paro seco durante los martes, por una estrategia que haga notar la contundencia de las manifestaciones; es decir, el paro seco regional y el viaje a Lima.

“Seguramente ya los dirigentes populares, sociales, sindicales van a comenzar a encaminar reuniones, asambleas, para que esto (acuerdo de protestas) pueda tener la contundencia a nivel de la región de Puno”, sostuvo, según consignó el diario La República.

Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazara en la presidencia al ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre pasado por el Parlamento, tras intentar sin éxito disolver el Legislativo para instaurar un gobierno de facto.

Puno se ubica a más de 1.200 kilómetros de Lima y se convirtió en el epicentro de las protestas. Uno de los factores que explica que el descontento persista en la zona es la discriminación a la que se ha visto enfrentada la región.

Tal como señala Amnistía Internacional, “su población, mayoritariamente indígena (como las de otras regiones como Apurímac y Ayacucho) ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política”.

La entidad también señala que la población de estas zonas ha “permanecido en continua lucha por acceder a los derechos básicos de salud, vivienda y educación”.

Puno hace parte de las regiones que se encuentran en los Andes peruanos. Una zona que vive en gran medida de la agricultura y su enorme riqueza mineral.

Pero muchos colectivos de la región denuncian que los recursos del país suelen reservarse para las grandes ciudades, dejando de lado a la ruralidad de Perú.

Según el portal de la radio RPP, “solo en Puno, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que 4 de cada 10 personas sufren de pobreza monetaria, con ingresos inferiores al costo de una canasta básica”.

Los representantes de los gremios y sindicatos de la región Puno sostuvieron, el sábado, un encuentro en la localidad de Yunguyo, donde acordaron que, previo al paro anunciado para el 30 de mayo, tres días antes sostendrán otro encuentro en la provincia de Azángaro con el fin de finiquitar las estrategias de lucha.

Según explicó La República, en la misma reunión de dirigentes, en Yunguyo, a la que también asistieron políticos, de acuerdo a la información entregada por el excandidato al gobierno regional Fernando Salas, los asistentes reafirmaron que el 19 de julio se emprenderá el viaje a la ciudad de Lima para exigir la renuncia de Boluarte y la reelección de la mesa directiva del Congreso para que se convoque a nuevas elecciones.

De acuerdo al dirigente del magisterio, César Tito, en las próximas semanas los dirigentes de las regiones del sur del país sostendrán una reunión en la región Apurímac, donde tratarán sobre la tercera marcha a la ciudad de Lima.

Este anuncio se produce días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera en su último informe sobre la crisis política en Perú, que se cometieron “graves violaciones” de los derechos humanos durante las recientes protestas contra Boluarte, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La CIDH ha señalado que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme y que se registraron varios episodios en los que se ejerció un uso excesivo de la fuerzas. Así, en Lima, Ica, Arequipa y Cuzco, “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

El organismo destacó que las protestas “han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas”, principalmente del sur, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa, regiones en las que se han registrado el mayor número de víctimas. El informe indicó que en la base de la protestas “hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.

El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles -incluidos manifestantes, un médico brigadista y una adolescente transeúnte-, “en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre”. “Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”, detalló.

Ante esto, Boluarte dijo en una entrevista publicada el domingo por el diario El Comercio, que “los ministros ni la Presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen” para el uso de la fuerza.

“Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando”, sostuvo Boluarte en la entrevista.

Por otro lado, aseguró que en Perú no se ha producido ninguna ejecución extrajudicial o masacre durante las protestas sociales contra su gobierno a inicios de este año. “Aquí no ha habido ninguna ejecución extrajudicial, menos una masacre, y que ello haya tenido que estar enmarcado en una estigmatización racial”, recalcó.

Estas declaraciones generaron una serie de críticas. En entrevista con La Rapública, Julio Schiappa, el exasesor de la campaña de Boluarte, se refirió a los comentarios que hizo la jefa de Estado, al asegurar que no tenía el mando sobre las Fuerzas Armadas respecto a sus decisiones y a su actuar durante las protestas en contra su gobierno, por lo que responsabilizaron a las fuerzas del orden sobre las 49 muertes registradas en las manifestaciones.

“Ellos (Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola) dicen que son comandantes de las Fuerzas Armadas, pero la culpa la tienen los policías y los militares. Esas son leguleyadas. También compartes responsabilidad”, dijo Schiappa. Sostuvo que Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, por tanto, “puede intervenir en cualquier fase de los procesos militares”. “Ella no es congresista, ella es una presidenta”, agregó.

Boluarte se reunió por una hora y media en la tarde de este lunes en el Palacio de Gobierno con los comandantes generales del Ejército, David Ojeda Parra; de la Marina de Guerra, Alberto Alcalá Luna; y de la Fuerza Aérea, Alfonso Artadi Saletti; y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.

Asimismo, este martes en la mañana reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional durante un acto público luego de las críticas que recibió por sus declaraciones sobre el papel de los militares en las protestas sociales ocurridas a inicios de año.

“Como Presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor integridad nacional, orden interno, y desarrollo del país”, dijo en la inauguración del ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas (SICOFAA) “Cooperación IX - Perú 2023″.