Un tribunal superior de Perú aceptó hoy una recusación presentada contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien a fines de octubre pasado dictó 36 meses de prisión preventiva contra la líder opositora Keiko Fujimori por presunto lavado de activos vinculado con la constructora brasileña Odebrecht.

La decisión fue tomada por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, presidida por el magistrado Octavio Sahuanay, e integrada por los magistrados Jessica León e Iván Quispe, informaron medios locales.

La medida declaró fundada la recusación que presentó contra Concepción el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, quien permanece en Estados Unidos como prófugo de la Justicia peruana y señaló que el juez adelantó opinión al declarar a medios sobre la investigación que se le sigue a Keiko y un grupo de personas vinculadas al partido Fuerza Popular.

La semana pasada, el propio Concepción rechazó la recusación presentada en su contra por Yoshiyama, por lo que el pedido fue enviado a la sala superior para que tome una decisión final sobre la solicitud.

En su resolución, la sala consideró que el magistrado "habría indicado que hay un partido político que tiene capturado el Ministerio Público", en referencia a los presuntos vínculos entre Fuerza Popular y el ex fiscal general peruano Pedro Chávarry.

Se cuestionó, además, que Concepción haya rechazado públicamente la destitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes fueron removidos de sus cargos el 31 de diciembre por Chávarry, quien debió reponerlos dos días después ante las protestas políticas y ciudadanas.

Los magistrados del tribunal superior consideraron que las opiniones personales del juez han creado dudas sobre su imparcialidad.

"Sobre hechos que tiene a su cargo como juez de garantías, efectuando afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación que lo implica adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso", indicó la resolución que declaró fundada la recusación y ordenó que se aparte del proceso.

Tras conocerse esta decisión, el fiscal Rafael Vela, quien coordina el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, la calificó de "ilegal e irregular".

"Esta situación es sorpresiva. Esperábamos una notificación como corresponde, por ello nos lleva a pensar que es absolutamente irregular y pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya", anunció Vela en el Canal N de televisión.

El fiscal reiteró que planteará la nulidad porque no se respetaron los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y porque esta se emitió en tiempo récord.

Vela precisó que la decisión de la sala de apelaciones complica las investigaciones contra Fujimori y Fuerza Popular y que Concepción Carhuancho debía anunciar este 25 de enero una decisión sobre la situación legal de seis abogados investigados por este caso, entre ellos la defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

"En palabras simples, ha sido apartado de todas las investigaciones acumuladas que tienen que ver con el financiamiento de la campaña política" de Fuerza Popular, remarcó.

El fiscal Pérez señaló, por su parte, que la decisión del tribunal superior puede llevar a la defensa de Keiko Fujimori a solicitar la liberación de la líder opositora, ya que se ha puesto en duda la imparcialidad del juez.

"El día de mañana o en unos días más podrían presentar una pedido de cesación de prisión preventiva al nuevo juez", dijo Pérez antes de recordar que en sus investigaciones determinó que el fujimorismo tenía la intención de que Concepción sea apartado de este caso.

Pérez invocó a los magistrados supremos a revisar la permanencia de jueces superiores como la magistrada Jessica León, a quien se vincula con el exmagistrado César Hinostroza, actualmente preso en España a la espera de su extradición a Perú por presuntamente liderar una red de corrupción en la Judicatura.