Aplicación de nueva ley de consentimiento sexual en España genera fuerte disputa entre gobierno y jueces

“Esta ley supone un cambio de paradigma, un cambio completo de paradigma. Si no hay consentimiento explícito de las mujeres, lo que se está produciendo es una agresión, así y así de claro, señoría”, celebró Laura Berja, diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el 25 de agosto pasado en España. Festejo al que se sumó la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien agradeció ese día el respaldo a uno de sus proyectos emblemáticos. “Gracias a la mayoría parlamentaria feminista que lo ha hecho posible”, escribió en Twitter.

La norma, conocida popularmente como “ley solo sí es sí”, entró en vigor el pasado 7 de octubre, seis años después de lo que se conoció como el caso de La Manada, en el que cinco hombres violaron en grupo a una joven de 18 años en los encierros de Pamplona, pero en un principio se les impuso una condena menor por el delito de abuso sexual. Este caso provocó manifestaciones en toda España y llevó al gobierno a cambiar la legislación penal sobre delitos sexuales.

Pero España quiere ahora revisar la ley para ofrecer más protección a las víctimas de delitos, ya que una “laguna legal” ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

¿Y por qué se rebajan las condenas? La ley de Libertad Sexual eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión. Sin embargo, esta refundición de conductas también amplió el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos. Así, en algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Por ejemplo, el rango por violación es de cuatro a 12 años, antes del “sí es sí” era de seis a 12. Si la víctima es menor, ahora la pena es de seis a 12 años, cuando antes era de ocho a 12. Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable, explica la BBC.

La cadena británica profundiza en la “laguna” que permite esta práctica: el cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un código al otro.

En lo práctico, esta semana se supo de al menos 15 casos de reducción de sentencias. En uno de ellos, un tribunal de Madrid recortó de ocho a seis años la pena de un hombre condenado por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años. En otro, una corte en Granada quitó dos años de una sentencia de 13 a un hombre que amenazó a su exesposa con un cuchillo y la violó. En Barcelona, un hombre de 28 años, que violó a una mujer de 60 años en su propia casa, fue condenado a tres años y 10 meses. Los jueces dictaminaron que, de acuerdo con la nueva ley, la sentencia debía ser de entre dos y cuatro años.

Y hay más casos. En uno de ellos, los jueces rebajaron la pena de más de seis años a poco más de uno a un hombre que abusó sexualmente de tres menores. La justificación de los magistrados, según recoge Cadena Ser, es que “acuerdan dejar sin efecto el abuso sexual continuado al no ser constitutivo de delito con la nueva normativa”. El segundo caso redujo de seis a cuatro años la pena de prisión a un hombre por agresión sexual, porque, según los jueces, la nueva ley favorece al reo, es decir, al culpable.

Incluso, el abogado de uno de los miembros de La Manada confirmó que pedirá la revisión de la condena. Ángel Boza, considerado culpable de agresión sexual, es el único de los cinco miembros del grupo que puede aspirar a una rebaja de su pena tras el cambio legal, informó el diario El País.

Toda esta situación indignó a la ministra de Igualdad y a los que apoyan dicha ley, quienes argumentaron que los jueces necesitaban más capacitación para superar los arraigados prejuicios de género. “El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley” por “machismo”, dijo Montero, señalando que los estereotipos sexistas ciegan a algunos jueces para ver la violencia de género como delito. Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por magistrados a los que les falta “perspectiva de género”.

Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y líder del izquierdista partido Podemos, el socio menor del gobierno de coalición que presentó la legislación, acusó a algunos magistrados de malinterpretar la legislación. “Algunos jueces de este país se han erigido en oposición a la coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad... Están aplicando mal la ley”, tuiteó. Además, sentenció que “no hay ninguna laguna” en esta ley, compartiendo para ello una tribuna con esa misma posición del jurista Manuel Cancio en el diario El País.

A las críticas se sumó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien declaró el martes en el Senado que “después de algunas sentencias que se han dictado, creo que hay que estudiar este tema..., porque, evidentemente, el objetivo de la ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso de menores. Todo lo contrario”.

Pero los partidos de oposición y grupos de magistrados se enfurecieron por los comentarios de Montero y culparon al gobierno de izquierda y sus partidarios en el Parlamento por aprobar una ley mal redactada, y pidieron la dimisión de la ministra.

Los jueces que redujeron las sentencias por delitos sexuales argumentan que estaban obligados a fallar a favor de los acusados si las leyes bajo las cuales fueron condenados originalmente cambiaron las posibles sanciones.

Ángeles Carmona, miembro del Consejo General del Poder Judicial de España y presidenta del Observatorio de Género y Violencia Doméstica, señaló que más de la mitad de los jueces en el país son mujeres y que todos deben realizar una formación especial en violencia de género.

Carmona dijo que el Observatorio ya había advertido a los legisladores sobre fallas en la redacción de la legislación sobre consentimiento sexual y que las críticas de Montero a los jueces corrían el riesgo de socavar la confianza de las mujeres en el sistema de justicia. “Nosotros ya en nuestro informe al Consejo General de Poder Judicial advertimos de la posibilidad de que ocurriera lo que está ocurriendo”, indicó Carmona, quien aseguró que el sistema de justicia no es sexista y los jueces están aplicando la ley de manera impecable.

En tanto, la Asociación Profesional de la Magistratura exigió la inmediata dimisión de Montero, ya que sus “descalificaciones” se suman a sus “ataques constantes” a los jueces del país que resultan “intolerables e inadmisibles en una democracia”.

Por su parte, Vox anunció una iniciativa para solicitar al Congreso la reprobación de la ministra de Igualdad por los efectos de la ley del “solo sí es sí”, norma que la colectividad llevará ante el Tribunal Constitucional. El portavoz parlamentario del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, acusó al Ministerio de Igualdad de poner “alfombra roja a los violadores” y dejar “más desprotegidas” a las mujeres. “Están empeñados en el marketing y la propaganda, pero mañana quienes pagarán las consecuencias serán las mujeres de verdad, las españolas de carne y hueso”, alertó, exigiendo a Montero “que rectifique, pida perdón y dimita”.

La cúpula de Podemos, en cambio, reafirmó su respaldo a Montero. El exvicepresidente Pablo Iglesias denunció la “dimensión de las mentiras que se están esparciendo y la cobardía” de una parte del gobierno que, “a diferencia” del Presidente Pedro Sánchez, “no ha defendido a Igualdad”.

Desde Bali (Indonesia), donde participó en la cumbre del G20, Sánchez enfrió la posibilidad de revisar la ley en este momento y dijo que esperará a ver cómo se unifica por tribunales y fiscalía y la jurisprudencia que se siente al respecto. “La voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (al aprobar esta ley) fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres, ese es el objetivo. Y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual, para que haya penas más agravadas”, afirmó el jefe del gobierno español, antes de calificar la ley de “gran conquista del movimiento feminista”.

Sin embargo, la portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, mostró este jueves su respaldo a los jueces después de las críticas recibidas de parte de la ministra de Igualdad y de miembros de Podemos. Así, expresó su “absoluto respeto a todos los jueces y magistrados” a título personal y en nombre del gobierno. No obstante, rechazó que este episodio suponga un nuevo enfrentamiento entre los socios de gobierno, PSOE y Podemos, a pesar de las distintas opiniones que están trasladando. Al ser consultada al respecto, respondió con un simple “no”.