Los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner se enfrascaron este sábado en enfrentamientos con la policía por las vallas colocadas por las autoridades de Buenos Aires en la madrugada en torno al vecindario donde reside la vicepresidenta y donde los argentinos acudieron a apoyarla.
El gobierno de la ciudad había dispuesto de vallas colocadas en la madrugada del sábado en un intento por poner fin a las constantes muestras de apoyo de más de cuatro días de los partidarios de la vicepresidenta, algo que generó polémica durante todo el día en el país vecino.
Cientos de manifestantes derrumbaron con violencia el cercado en violentos enfrentamientos con la policía que utilizó carros lanzaaguas para tratar de controlar los desórdenes.
El presidente Alberto Fernández intervino vía Twitter afirmando que es imperioso “que cese el hostigamiento” a la vicepresidenta y garantizar la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos.
Por su parte, el exmandatario Mauricio Macri, señaló que Fernández de Kirchner “se victimiza para promover el caos”.
“Amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada”, reaccionó Fernández de Kirchner durante la jornada a la instrucción del gobierno de Buenos Aires del opositor Horacio Larrieta. Para la vicepresidenta, las vallas “son algo más que impedir la libre circulación” o sitiarla.
“Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”, afirmó en una misiva publicada en su página web.
Las reacciones no se hicieron esperar y agudizan la que es considerada una grieta que divide en dos la sociedad argentina. Al enterarse de la instalación de las vallas, muchos optaron por suspender las protestas planeadas en distintos puntos de la ciudad para sumarse espontáneamente a las muestras de apoyo a la exmandataria que desde hace al menos cuatro días se realizan en los alrededores de su residencia.
El oficialista Frente de Todos cambió la ubicación de su marcha prevista para el sábado a una plaza cercana a la residencia de la vicepresidenta. Un grupo de manifestantes desplegó una pancarta que decía “Todos con Cristina” sobre las polémicas vallas.
“Teníamos otra idea nosotros, juntarnos”, afirmó Leandro Santoro, diputado oficialista, a The Associated Press, respecto al cambio de planes tras la instalación de las vallas.
Mientras, algunos vecinos del adinerado barrio de Recoleta miraban indignados por los balcones.
“Es insoportable, hace una semana que la gente no puede dormir, no tienen condiciones de higiene”, explicó a la AP uno de los vecinos, Juan Manuel Arana, que subrayó que se trata de una zona residencial que en general es muy tranquila. “Si se quieren manifestar me parece muy bien, pero en otro lugar y fuera de un barrio”.
“Lo que no se puede hacer es alterar la vida del barrio de la forma en que se estaba alterando y ahí vamos a ser firmes para que el barrio pueda recuperar esa tranquilidad”, afirmó Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de Buenos Aires, en declaraciones al canal de noticias TN el sábado en las que defendió la postura de las autoridades de la ciudad.
Miguel señaló que se lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada y hubo interrupciones del tráfico, entre otros incidentes, y recalcó que la misión del gobierno de la ciudad es garantizar la seguridad en los barrios de la capital.
“Los manifestantes pueden ir, pero lo que no se puede hacer es alterar la vida de un barrio”, sostuvo.
Para Jonathan Iglesias, un trabajador social de 35 años, el amor popular y el cariño hacia Cristina Fernández “es amor de verdad”. “Necesitaba ser parte de esta demostración popular” explicó Iglesias el sábado a la AP, calificando de error político la decisión de Larreta de poner las vallas, pues “aumenta el caldo de cultivo”.
Fue una semana difícil para la vicepresidenta, en la que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestos delitos de corrupción, al acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato (2007-2015) unas 51 obras a un empresario cercano, Lázaro Báez, generando un fraude al Estado de unos 1.000 millones de dólares.
Por su parte, la vicepresidenta señala que los fiscales no tienen pruebas y han preparado un relato de ficción. El juicio está basado “en un guion bastante malo, además de falso”, afirmó Fernández de Kirchner. Además, esta es la primera solicitud de condena para una expresidenta en una docena de causas judiciales por diversos delitos, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.
