Asamblea Legislativa boliviana avala juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha aprobado este jueves el informe de la comisión especial que investigó los casos de Sacaba y Senkata, por lo que autoriza iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta saliente, Jeanine Ánez, así como seis procesos penales más contra ella, once de sus ministros y siete oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los cargos contra Áñez incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, por los hechos ocurridos Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, según informa el diario local ‘El Deber’.

La comisión especial del Parlamento de Bolivia recomendaba en su informe final iniciar dos juicios de responsabilidades contra Áñez y miembros de su gabinete por las masacres de manifestantes durante los primeros días de su gestión en 2019.

Dicho informe detallaba que por el caso de los sucesos en Sacaba, en El Alto, donde murieron al menos 36 personas, “se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jaenine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictiva”.

Mientras que, por otra parte, la segunda causa está relacionada con la firma del decreto 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara el cargo, cuando los conflictos y protestas se sucedían a lo largo de todo el país.

En concreto, el artículo 3 de esta medida eximía de responsabilidad a los militares, por lo que se acusa a Áñez de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por esta causa, además, se enjuiciará a todos los ministros que firmaron el decreto, once en total.

Con la aprobación del informe, la Asamblea ha dado luz verde a iniciar un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, así como contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante del Ejercito Williams Kaliman por los mismos delitos.

Los casos han sido derivados a la Fiscalía General del Estado (FGE), La Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría, que seguirán con las investigaciones y abrirán los procesos finalmente.