La Asamblea de Ecuador, de mayoría opositora, tiene previsto decidir el martes si avanza con el juicio político y la eventual destitución del Presidente Guillermo Lasso pese a que la defensa del mandatario denunció que el procedimiento viola normas del organismo legislativo.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a una sesión en la que el juicio a Lasso dependerá de la decisión que adopte la mitad más uno de los asambleístas presentes en el pleno, integrado por 137 legisladores.
En caso de que la mayoría vote por mantener el juicio, la ley dispone que los acusadores tendrán cinco días para presentar pruebas, luego establece un plazo similar para la defensa y finalmente otros cinco días para tomar una decisión. Para la destitución del presidente se requieren al menos 92 votos.
Si el juicio avance sin contratiempos, se espera que la votación para la censura del presidente se produzca entre el 20 y 22 de mayo.
En cualquier momento del proceso Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, tras lo cual debería convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
El presidente ecuatoriano está acusado de malversación de fondos públicos. Aunque la acusación no ha sido demostrada y la Comisión de Fiscalización Legislativa emitió un informe que libera de responsabilidades a Lasso, el documento no fue aprobado porque ese organismo también es controlado por la oposición.
Saquicela defendió la convocatoria alegando que “al no existir informe, el pleno de la Asamblea tiene, a través de una resolución, que resolver” con el voto de los legisladores la suerte el juicio político.
El legislador del partido Avanza, Pedro Velasco, aseveró que se está aplicando una normativa que no es aplicable para el juicio político al presidente, lo que “nos deja a todos en la incertidumbre y aspiramos por el bien de la legislatura que se encuentre el camino legal y constitucional”.
Edgar Neira, abogado del presidente, afirmó a la red de televisión Teleamazonas que el proceso está reglamentado en la ley orgánica del Poder Legislativo y que los opositores han tomado como base una norma que no está en ese texto para adelantar el juicio.
Añadió que el Legislativo no puede ejercer otra atribución “que no esté establecida en la Constitución y la ley”.
El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder.
