La inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes en Ecuador durante el presente año. La sombría cifra de 1.390 muertes violentas durante la primera mitad del año ha conmocionado al país, acercándose peligrosamente al número total de homicidios del año anterior y representando casi la mitad del registro nacional de 3.500 casos.
Ante la grave crisis de inseguridad que azota a Ecuador y en medio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del próximo 20 de agosto, el Presidente Guillermo Lasso ha tomado medidas drásticas para intentar controlar la situación. En respuesta a la ola de violencia que ha golpeado a las provincias de Manabí, Los Ríos y el cantón Durán, de la provincia del Guayas, el mandatario ha decretado el estado de excepción. Esta decisión llega en medio del estupor provocado por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, cuya muerte ha conmovido al país y generado una sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.
Con el fin de restaurar el orden y contener la violencia que se ha desatado dentro de las cárceles, el Presidente Lasso ha extendido el estado de excepción a todo el sistema penitenciario por un período de 60 días. Esta decisión implica la presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas dentro de las prisiones, con el objetivo de enfrentar las peligrosas disputas entre organizaciones criminales que han cobrado la vida de al menos seis reclusos en enfrentamientos recientes. Además, se ha informado que más de 90 guardias de prisiones permanecen secuestrados por reclusos en varias cárceles del país, agravando aún más la situación penitenciaria.
Desde 2020, más de 450 presos fueron asesinados en masacres por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de las diferentes penitenciarías, según el centro de estudios InSight Crime, y el hacinamiento puede llegar al 50% de la capacidad de las cárceles.
La violencia desenfrenada ha escapado de los confines de las cárceles y se ha extendido a las calles, evidenciado por el trágico tiroteo ocurrido en la ciudad portuaria de Manta el domingo. Durante una inspección de obras, el alcalde Agustín Intriago, de 38 años, y una joven futbolista uniformada, Ariana Estefanía Chancay, de 29 años, perdieron la vida, mientras que cuatro individuos más resultaron heridos.
Las autoridades locales recibieron una alerta a las 2.30 p.m., y capturaron a un posible sospechoso del crimen, quien resultó herido en el enfrentamiento. En medio del dolor y la indignación, Ana, la hermana del fallecido alcalde, ha levantado una campaña exigiendo justicia por este acto de violencia sin sentido. Se ha conocido que Chancay se había acercado al alcalde para solicitar apoyo para comprar los uniformes del equipo de fútbol femenino del barrio, Las Dragonas.
Agustín Intriago, quien fue elegido alcalde en 2019 y reelegido con un apoyo mayoritario en febrero de este año, ejercía su cargo desde mayo y contaba con un alto nivel de popularidad entre los ciudadanos. La pérdida de este líder ha desatado manifestaciones de solidaridad hacia su familia y fervientes pedidos de justicia, mientras el país enfrenta una escalada de violencia que parece no tener tregua.
El asesinato del alcalde Intriago ha dejado un profundo impacto en la población ecuatoriana, especialmente debido a su alta popularidad y su victoria en las elecciones de febrero, con un respaldo del 61% de los votos. Mientras tanto, el país se enfrenta a una campaña electoral atípica, marcada por un clima extremadamente tenso debido al preocupante aumento de delitos como robos, secuestros, extorsiones, muertes violentas y también por los frecuentes amotinamientos en las cárceles.
La tasa de homicidios se disparó casi un 500% entre 2016 y 2022 en Ecuador, según InSight Crime, llegando a 81 por 100.000 habitantes.
Según Wolf Grabendorff, experto en Relaciones Internacionales y en temas de seguridad de América Latina, “no es casualidad que mataran al alcalde, tenía reputación de ser incorruptible. No tenía ningún vínculo con los diferentes grupos del crimen organizado que operan en Manta desde hace varios años”. El experto explicó a Deutsche Welle que “los problemas actuales en Ecuador son similares a los de México. Tanto agentes de la policía local como algunos miembros del Ejército tienen relación directa con los carteles”.
Pero este no es el primer atentado contra un alcalde en 2023. En enero, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, resultó gravemente herido y estuvo semanas en estado crítico tras sufrir un atentado, según la agencia AFP. En mayo, el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, sobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial. También en Guayas, el alcalde de Duale, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la Penitenciaría del Litoral, y se le asignó protección de la policía.
Punto crucial para el tráfico
El problema de la inseguridad en Ecuador no se limita únicamente a la violencia interna, sino que también se ve exacerbado por la creciente presencia del narcotráfico. El país se ha convertido en un eslabón crucial en la cadena del mercado globalizado de las drogas ilegales. Miles de toneladas de cocaína colombiana se transportan a través de Ecuador, mientras bandas locales colaboran con mafias internacionales, recibiendo armamento y suministros para mantener su sangriento dominio en territorio ecuatoriano.
La cocaína que sale de los puertos ecuatorianos tiene alcance global, llegando principalmente a Estados Unidos y Europa, pero también extendiéndose hacia destinos en Asia y Australia. Chris Dalby, investigador de InSight Crime, ha advertido sobre la magnitud y la extensión de este comercio ilegal que opera desde Ecuador.
A diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, Ecuador no posee grandes plantaciones de narcocultivos ni laboratorios para el refinamiento de cocaína. Sin embargo, el país se ha convertido en un punto crucial para el tráfico de drogas que se procesa en estas naciones vecinas. Mientras que Colombia produce aproximadamente 1.400 toneladas de cocaína al año y Perú 400 toneladas, Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico para el traslado de estas sustancias ilícitas hacia otros destinos internacionales.
Dalby señala que Ecuador “es un punto de salida natural para la cocaína colombiana”. Antes del acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, la guerrilla ejercía un control sobre las zonas cocaleras, mediando entre campesinos y narcotraficantes. Con la disolución de este grupo armado, bandas ecuatorianas han asumido el papel de transportar la droga desde la frontera hacia múltiples puertos del país.
La presencia de carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes, ha sido confirmada por el más reciente estudio de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, en colaboración con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Estos grupos criminales operan en el país, junto con 10 bandas locales que actúan como microcarteles, aumentando el riesgo y la complejidad del problema del narcotráfico en Ecuador.
Manta, donde falleció el alcalde Intriago, en la provincia de Manabí, es la tercera mayor ciudad y uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Con más de 250.000 habitantes, es un punto clave de la exportación e importación. Pero también es puerto de llegada de cargamentos de cocaína, y de salida de esa droga hacia Estados Unidos, México y Europa.
Hasta el año 2009, Manta sirvió como enclave para la base militar de Estados Unidos, que hacía un monitoreo aéreo y marítimo, pero una vez que Rafael Correa llegó al poder, incluyó en la Constitución la prohibición de bases militares en el territorio y el acuerdo se disolvió.
Según Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército de Ecuador, Manta se ha convertido en un lugar estratégico para el tráfico de drogas hacia el exterior. “Manta es una zona importante para el traslado de la droga al exterior”, dijo al diario El País.
Desde finales de los años 90, toda la línea costera de Manabí era utilizada para el tráfico de personas, siendo empleada por migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos ocultos en los motores de embarcaciones pesqueras o en lanchas hacia Colombia y Centroamérica. Con el cambio de las dinámicas migratorias, toda esa estructura destinada al tráfico de personas fue redirigida hacia la exportación de cocaína.
A partir de la pandemia, el represamiento de la droga que no pudo enviarse derivó en una pugna por el control del territorio entre varias bandas delictivas locales que sirven en las operaciones logística de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y en este momento “hay un desbordamiento de 700 toneladas de cocaína que ingresan al país, y uno de los puertos por los que más sale la droga es el de Manta”, sostiene Pazmiño.
