Asesinatos de exguerrilleros de las FARC suman al menos 130 y alarman a Colombia

Un bebé de siete meses, hijo de un excombatiente de las FARC, fue asesinado el pasado 15 de abril. Días después, el exintegrante de la guerrilla, Dimar Torres, falleció de "manera accidental" a manos del Ejército colombiano y este martes fue asesinado Wilson Saavedra, antiguo comandante del Frente 21 del extinto grupo armado. Estos homicidios han puesto en primera plana la inseguridad que reina para los cerca de 7 mil exguerrilleros que se adhirieron al proceso de paz en 2016 tras dejar sus armas.

"¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto?, ¿Este es el proyecto de paz y de país del gobierno?, ¿Nos desarmaron para matarnos? Exigimos respuestas, no frases inocuas. #NosEstánMatando", escribió en Twitter la senadora del partido FARC, Victoria Sandino.

Una de las tantas garantías del pacto era la seguridad jurídica y física para los excombatientes. Sin embargo, a casi tres años del acuerdo, las cifras muestran otra realidad: según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al menos 130 exguerrilleros han sido asesinados.

"El conflicto no terminó, sino que cambió su forma de expresarse, lo cual requiere de nosotros un comportamiento consecuente", advirtió el año pasado Timochenko, el exlíder de la guerrilla a los miembros del partido FARC, que surgió tras los acuerdos.

A comienzos de abril, la Fiscalía de Colombia reportó que había logrado capturas, imputaciones o establecido responsabilidades en 61 casos de 126 en los que los exguerrilleros han sido víctimas de actos de violencia graves, como asesinatos y desapariciones, lo que representa un esclarecimiento del 48%. El organismo señaló que, dentro de estas investigaciones, ha logrado capturar a 37 personas, mientras que otras 125 han sido incluidas en sus expedientes como investigadas.

Pese a que después del asesinato del hijo del exguerrillero de las FARC representantes de 15 espacios de reincorporación se reunieron para recibir un proyecto del gobierno y de la ONU, que pretende acelerar el proceso del posconflicto y que beneficiará a unas 2.500 personas entre excombatientes y sus familias, los motivos y las causas de estos actos no han podido ser esclarecidas.

"No hay una claridad de quiénes están detrás de esos asesinatos. El gobierno dice que no es algo sistemático; las FARC dicen que sí. Hay un gran debate interno", explica a La Tercera el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, Néstor Rosanía. "Ni las autoridades ni las mismas FARC han podido decir con nombre y apellido quiénes estarían detrás de esto", asegura.

Pero sí habría varios involucrados. El crimen organizado, las mismas disidencias de las FARC y otros actores estarían detrás de estos ataques. "En algunas zonas los están matando las propias disidencias de las FARC, el ELN o grupos criminales posdesmovilización paramilitar que les ofrecen que se vayan con ellos, que reincidan. No aceptan y los terminan asesinando", sostiene a La Tercera Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

Según el experto, también hay otros casos en los que habría motivaciones políticas o venganzas frente a las acciones que cometieron los exguerrilleros en su momento.

El conflicto en Colombia solía tener una característica ideológica, pero según Néstor Rosanía, "esa lógica de un conflicto ideológico, una violencia política, desapareció. Y lo que vamos a ver son actores dedicados a la disputa por los portafolios de la economía ilegal. Se están disputando la plata del narcotráfico, la plata de la minería ilegal".

Pese a que el conflicto con las FARC terminó, aquello no significa que se resolvieron los problemas de seguridad que enfrenta Colombia. El ELN, las disidencias de las FARC y grupos de crimen organizado, como el Clan del Golfo, aún son protagonistas de actos de violencia.

Según el analista colombiano Jorge Restrepo, el problema que se da con la seguridad de los excombatientes es que casi todos estos asesinatos ocurren fuera de los espacios de reincorporación o cuando no han estado bajo la protección de la fuerza pública. "Es muy difícil dar seguridad por fuera de los espacios de reincorporación o de protección por parte de excombatientes, y eso apunta a que los riesgos van a ser crecientes en el futuro", dice Restrepo.

Por eso, el desafío de la seguridad es uno de los principales temas pendientes del posconflicto. De los 242 municipios donde operaban las FARC, de 1.122 que tiene el país, en unos 80 la situación de seguridad es complicada. Ya se advertía que una vez las FARC dejaran las armas, habría una disputa por economías ilegales. Así, el desafío del gobierno estaría en garantizar la seguridad de los excombatientes en sus comunidades.