Cuatro coches bomba explotaron en Ecuador, dos de ellos en la capital en el primer ataque de esta modalidad en Quito, y volvieron a poner atención sobre la violencia en el país. Los atentados no dejaron víctimas ni heridos y las autoridades los relacionan con el traslado de cárcel de varios presos.
Los dos que estallaron en la capital ecuatoriana, en una zona comercial y financiera, lo hicieron con horas de diferencia y en el entorno de instalaciones relacionadas con el sistema penitenciario nacional. Los otros dos ocurrieron en el sur del país, sin que ninguna autoridad haya establecido por el momento relación con los de Quito.
Hay seis detenidos, que tenían antecedentes.
Los ataques suceden después del asesinato de un candidato presidencial pocos días antes de las últimas elecciones y de la reacción del gobierno ante el atentado a Fernando Villavicencio de trasladar a presos a otras prisiones, entre ellos, al líder de una de las bandas de crimen organizado que operan en el país a un centro de máxima seguridad.
La explosión más fuerte ocurrió la madrugada del jueves fuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad -el regidor del sistema penitenciario- situada frente a una universidad. Horas antes, la noche del miércoles, había estallado otro vehículo en una zona cercana a donde anteriormente funcionaba la misma institución de control carcelario, informó la policía.
Estos hechos estarían relacionados con “varios traslados de privados de libertad” que se realizaron la víspera, declaró a la prensa el director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez. No identificó a ningún grupo criminal como responsable de los hechos.
La violencia de las últimas horas, dijo el secretario de Seguridad Wagner Bravo a radio FMundo, es una reacción a las acciones del Estado para controlar la violencia en las cárceles y al traslado de seis presos posiblemente “involucrados en el asesinato del excandidato” presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto.
Bravo no dio más detalles del traslado de los reclusos, pero reveló que como otra acción de amedrentamiento al Estado se produjo la retención desde el miércoles de un grupo de policías y custodios en una cárcel del sur del país.
Violencia ante acciones del Gobierno
En torno al caso fueron aprehendidas seis personas, cuatro de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos, que tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás, sin embargo, fueron liberados con medidas sustitutivas, indicó la autoridad policial.
En un video difundido en redes sociales y admitido como real por las autoridades, un hombre acompañado de un grupo de policías y vigilantes penitenciarios pide a las autoridades “que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Agrega que unas 30 personas están retenidas.
Pese a la consulta de los periodistas, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad no se ha pronunciado acerca del secuestro de esos uniformados en la cárcel de Cuenca, 300 kilómetros al sur de la capital.
Entre los restos de las explosiones en Quito se encontraron cilindros de gas de uso doméstico, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez. La zona permanece acordonada.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo al canal Teleamazonas que las explosiones estarían vinculadas con “acciones de seguridad que está tomando el gobierno”. Agregó que los antecedentes de los detenidos evidencian “la necesidad de que la justicia actúe de manera rápida, proba y con contundencia”.
“No vamos a ceder paso, que sea la paz, la calma y la seguridad la que vaya imperando en los ciudadanos”, enfatizó.