El balance de muertos en las protestas registradas durante los últimos días en Sudáfrica, en el marco de las movilizaciones para exigir la liberación del expresidente Jacob Zuma, ha aumentado a 72 mientras los disturbios se extienden a otros territorios.
Los servicios nacionales de operaciones e inteligencia informaron de esta cifra así como de que el número de detenidos aumentó a 1.234, mientras que anunciaron nuevos planes operativos en las provincias de Mpumalanga y Cabo Norte tras registrarse disturbios, según recoge el diario sudafricano ‘News 24’.
Las principales provincias afectadas son Gauteng y KwaZulu-Natal, donde la policía ha indicado que se están investigando las 72 muertes, las cuales están relacionadas con estampidas por saqueos, explosiones y disparos.
Por otro lado, el ministerio de Exteriores de Somalia confirmó que cuatro ciudadanos de ese país fueron asesinados en Sudáfrica después de que sus tiendas fueran saqueadas en la provincia de KwaZulu-Natal. Ante estos hechos, Somalia ha instado al gobierno de Sudáfrica a realizar todos sus esfuerzos por proteger a los somalíes.
“Somalia llama al Gobierno de Sudáfrica a realizar todos sus esfuerzos para proteger a los somalíes de los brutales disturbios, asegurar sus vidas, oficios y derechos”, se lee en un comunicado del país africano.
Ante estos hechos, el gobierno ha aprobado el despliegue de al menos 2.500 militares para hacer frente a las protestas y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo que hay “violencia oportunista”. “No hay motivos, no hay causas políticas que puedan justificar la destrucción que hemos visto”, se lamentó.
El propio Ramaphosa afirmó el domingo que las recientes protestas protagonizadas por seguidores de su predecesor están fundamentadas “en la movilización étnica” y denunció la destrucción de propiedades e infraestructuras en el marco de las movilizaciones.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) -partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa- se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana -figura equivalente al Defensor del Pueblo- Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.
