Aumento de asesinatos azota Uruguay y abre debate por cadena perpetua

Pese a ser el país de la región con mejor calidad de vida según el ranking de Mercer y The Economist, uno de los más liberales y con menor desigualdad social de América Latina, Uruguay sufre un incremento de homicidios y la cifra de robos a propiedades es la más alta de los últimos 30 años. El 6 de marzo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó lo que muchos ya especulaban: 414 homicidios se registraron en 2018, de los cuales el 60% fue por rivalidades "entre criminales", el 14% ocurrió debido a "violencia intrafamiliar" y el 11% durante robos. Mientras que en 2017, según el gobierno, contabilizaron 284 homicidios en un país de 3,5 millones de habitantes.

Los datos reflejaron un alza de 45,8% en los asesinatos del país, lo que se traduce en una tasa de 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de las denuncias por robo con violencia, éstas aumentaron en un 53,8% en un año.

"Los homicidios eran tradicionalmente bajos en Uruguay con una tasa de alrededor 5 o 6 por cada 100.000 habitantes y eso cambió desde 2011, cuando subió la tasa a 8, pero se mantuvo por un tiempo hasta finales de 2017, cuando hubo un salto muy marcado y aumentó casi en un 50%", dijo a La Tercera, el analista político uruguayo y experto en seguridad, Diego Sanjurjo. Y agrega: "Los delitos contra la propiedad, hurtos y rapiña (robo con violencia) tienen un aumento gradual desde casi final de los 90. Desde 2006, aumentó con mayor velocidad y en 2017 explotó con un aumento de casi 40% en las denuncias".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países con más de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes se considera una "epidemia". El tema de la seguridad incluso llevó a que el Partido de la Gente contratara en noviembre al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani y actual consultor de seguridad para que visitara Uruguay y se reuniera con autoridades gubernamentales.

La oposición al gobierno del Presidente Tabaré Vásquez apunta al nuevo Código de Proceso Penal que se modificó en 2017 como culpable del aumento de inseguridad. Los cambios establecidos en principio para agilizar un sistema judicial que se considera "desbordado" y para evitar la estadía en cárceles para ciudadanos sin condena también implicó la reducción de causas con prisión preventiva, mayor respaldo a acuerdos extrajudiciales y preferencia a penas alternativas a la cárcel para delitos menores, como la libertad vigilada, trabajo comunitario y otros.

"El Código de Proceso Penal fue una copia de lo que se hizo en Chile y en países europeos en busca de ser más garantista. En Uruguay como el sistema de penas alternativas no está construido las personas van a la cárcel o quedan libres y eso envía una señal al mundo delictivo de que incluso si te atrapan es probable que no vayas a la cárcel", aclaró Sanjurjo.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El politólogo uruguayo y doctor en Historia Gerardo Caetano señaló a La Tercera que "el Código de Proceso Penal ha tenido problemas en la implementación, pero en modo alguno es el factor desencadenante del incremento de delitos. Las cifras de la seguridad interior muestra perfiles de gravedad. Las políticas de represión al delito se han endurecido en este gobierno. La policía se ha modernizado. Nunca ha habido tantos delincuentes en prisión, dentro de un sistema carcelario desbordado y con muchos problemas. Sin embargo, el cruce del narcotráfico y redes delictivas nacionales e internacionales potencian el problema y hace falta abordajes más innovadores que cuenten con un respaldo político algo casi utópico en el actual ciclo electoral".

El 27 de octubre se realizarán las elecciones parlamentarias y presidenciales en Uruguay, por lo que el debate sobre la inseguridad se ha tomado la campaña electoral.

Según una encuesta de la firma Equipos, publicada en 2018, siete de cada 10 uruguayos considera que la inseguridad es el tema prioritario en el país. Los precandidatos presidenciales han propuesto desde un aumento en las cámaras de seguridad en las calles hasta un plebiscito. El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, obtuvo 407.000 firmas para convocar a un referendo en octubre par modificar la Constitución e incorporan: la cadena perpetua revisable por ciertos delitos -en Uruguay la pena máxima es de 30 años-, crear una guardia nacional militarizada con 2.000 efectivos, permitir allanamientos nocturnos y cumplimiento efectivo de penas para casos de violación, homicidio agravado y otros.