De este lunes y hasta el 22 de noviembre, en Bakú, la capital de Azerbaiyán, tendrá lugar la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024. Por segundo año consecutivo, será un país petrolero el que recibirá el evento, luego de que en 2023 se realizara en Emiratos Árabes Unidos, específicamente en la ciudad de Dubái.
Al igual que Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán es un país que enfrenta acusaciones por violar constantemente los derechos humanos, sobre todo en lo relativo a la libertad de expresión y de reunión. Por esto mismo, muchos reclaman que Bakú busca un “lavado de imagen” a través de este encuentro, y no son pocos los que ven con pesimismo los acuerdos a los que se pueda llegar en esta semana y media.
Con la ausencia de Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Olaf Scholz, entre otros, la COP29 no cuenta con los grandes actores de las COP previas. En tanto, Azerbaiyán se estaría preparando para un test “de sinceridad” frente al jurado internacional de diplomáticos y activistas ambientales. Con cerca del 92% de sus exportaciones siendo hidrocarburos, pocos parecen creerle a Bakú.
Independiente desde 1991 y con una población de 10 millones de personas, los dos pilares de la economía azerbaiyana son el gas y el petróleo que sacan del mar Caspio, y que conforman el 92% de sus exportaciones. Esta no sería la única contradicción de un evento que busca detener el cambio climático: el presidente azarí, Ilham Aliyev, busca mejorar la imagen de su país, que ha sido liderado por la misma familia en estos últimos 31 años, con prisión para los oponentes políticos y un control férreo de los medios de comunicación.
Así, en el índice de democracias de The Economist, Azerbayán se ubica en el lugar 131, mientras que en los rankings de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, el país está 164 entre 180. A eso, hay que sumarle la restauración forzosa de l región de Nagorno Karabaj, luego de una ofensiva militar que terminó con el éxodo de cerca de 100 mil armenios, en septiembre de 2023.
A pesar de todo esto, precisamente Armenia, “el enemigo histórico” de Bakú, fue el país que permitió la realización de esta COP29 donde su vecino, luego de levantar el veto que tenía durante la COP28 en Dubái. Desde entonces, el gobierno azerbaiyano ha calificado la cumbre de Bakú como una “COP de paz”, resultado de una “tregua inesperada” con Ereván.
El objetivo de la conferencia internacional este año es decidir cuánto dinero pondrán los países ricos para financiar la transición climática, que debería reemplazar el número fijado en 2009. En ese entonces, se preveía que aquellos países pusieran 100 mil millones de dólares anuales a las naciones en desarrollo.
Las discusiones al respecto, sin embargo, prometen ser largas y difíciles, tanto sobre el importe, la forma o incluso la identidad de los contribuyentes. “Existe el fantasma de no ver este tema concretado”, comenta a France Inter Lola Vallejo, consejera especial del clima en Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), de Francia. El tema ya ha bloqueado el éxito de la COP16, dedicada a la protección de la biodiversidad.
Ahora, ¿cómo llegó Azerbaiyán a ser sede de este evento? En un inicio, era el turno de Europa Oriental para recibir la COP, pero luego de que Rusia vetara a todos los miembros de la Unión Europea, las únicas opciones que quedaron fueron Armenia y Azerbaiyán. Armenia levantó su veto contra Azerbaiyán, y apoyó su candidatura a cambio de la liberación de prisioneros, aunque un gran número de presos políticos armenios siguen detenidos.
Por ejemplo, el año pasado, el crítico del régimen Gubad Ibadoghlu fue encarcelado tras criticar la industria de combustibles fósiles de Azerbaiyán. Otros prisioneros políticos incluyen al activista por la paz Bahruz Samadov, el investigador de minorías étnicas Iqbal Abilov, los activistas políticos Akif Gurbanov y Ruslan Izzatli y muchos periodistas.
Según Le Monde, casi 30 disidentes, periodistas y sindicalistas han sido arrestados en los últimos meses antes de la COP29, mientras el país ve la cumbre como una oportunidad para mejorar su reputación en el escenario internacional. “En lugar de centrarse en una transición verde, el líder autocrático de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, parece más interesado en reforzar su dañada respetabilidad”, escribió el diario francés en un editorial.
En una columna para The Guardian, la activista por el medio ambiente Greta Thunberg se refirió largo y tendido sobre sus aprensiones contra la COP en Azerbaiyán. “Toda la economía de Azerbaiyán se basa en combustibles fósiles, y las exportaciones de petróleo y gas de la empresa petrolera estatal Socar representan cerca del 90% de las exportaciones del país. A pesar de lo que pueda afirmar, Azerbaiyán no tiene ambiciones de tomar medidas climáticas. Está planeando ampliar la producción de combustibles fósiles, lo que es completamente incompatible con el límite de 1,5 °C y los objetivos del acuerdo de París sobre el cambio climático”, indicó la activista sueca.
“El régimen de Azerbaiyán es culpable de limpieza étnica, bloqueos humanitarios y crímenes de guerra, además de reprimir a su propia población y tomar medidas enérgicas contra la sociedad civil del país. El organismo de control independiente Freedom House clasifica al país como el estado menos democrático de Europa, y el régimen ataca activamente a periodistas, medios de comunicación independientes, activistas políticos y cívicos y defensores de los derechos humanos”, aseguró la activista, recordando también la participación de Bakú en la economía israelí, vendiendo el 40% del petróleo que termina en el país de Medio Oriente, “alimentando así la maquinaria de guerra israelí y siendo cómplice del genocidio en Palestina y de los crímenes de guerra de Israel en Líbano”.
La relación entre ambos países no se acabaría ahí, ya que es Israel quien le vende armas a Azerbaiyán, que terminaron siendo usadas en la guerra de Nagorno Karabaj.
Respecto al récord en derechos humanos de Bakú, Amnistía Internacional acusa: “Azerbaiyán tiene un alarmante historial en materia de derechos humanos, con restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión desde hace mucho tiempo. Es habitual que se repriman violentamente las manifestaciones pacíficas, incluso las de grupos ecologistas, y, según ONG locales, actualmente hay más de 300 personas en prisión por cargos de motivación política”.
