La ex Presidenta Michelle Bachelet, en su nuevo rol como Alta Comisionada de Derechos Humanos, aceptó reunirse con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que debe pronunciar el martes un discurso en Ginebra.
"Venezuela pidió una reunión" con Bachelet y "la Alta Comisionada se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores", declaró a la AFP una portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani.
Arreaza hablará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya hizo el año pasado.
En septiembre de 2017, el que entonces era Alto Comisionado, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió sin éxito una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela, considerando que se podría tratar de crímenes de lesa humanidad.
Bachelet hizo este lunes su primer discurso frente al Consejo Derechos Humanos, que celebra su 39ª sesión entre el 10 y el 28 de septiembre.
El discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció ante los diplomáticos.
"Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos", indica el texto de su discurso. "Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos", añade.
"Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va" del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome "todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos" en Venezuela y Nicaragua.
En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del Alto Comisionado, la instancia "continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos".
Por otra parte subraya que el gobierno de Venezuela "no ha hecho prueba de apertura" para poner en marcha "auténticas medidas" de cara a juzgar las responsables de la violencia "durante las manifestaciones de 2017".
Venezuela, inmersa en una crisis política y economíca desde principios de 2016, vive un nuevo periodo de tensión tras la decisión de la Corte Suprema de marzo de 2017 de asumir los poderes del parlamento, controlado por la posición.
El presidente Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido hasta 2025, en unas elecciones criticadas en el extranjero. Según la ONU, unos 2,3 millones de personas se fueron desde 2014 de Venezuela, sumida en una aguda crisis económica.
