“Una muy cruenta guerra judicial se cierne sobre Barcelona”, la catalogó el diario La Vanguardia. Ello, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el gobierno socialista de Jaume Collboni, que plantea eliminar todos los departamentos de uso turístico de la ciudad catalana en noviembre de 2028 para destinarlos a uso residencial aplicando el decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula las viviendas turísticas.
Collboni anunció este viernes que el Consistorio no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028, en aplicación de la ley catalana, de manera que, en cinco años, los 10.101 departamentos turísticos que hay en la ciudad perderán esa condición.
“La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos”, explicó el edil socialista al exponer la propuesta del gobierno municipal, que deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio y que se ejecutará en el próximo mandato, ya que el presente concluye en 2027.
En conferencia de prensa, Collboni detalló la voluntad de su gobierno de que el máximo de departamentos turísticos se destine a uso residencial y sirvan para incrementar el parque de vivienda de la ciudad y frenar el alza del precio del arriendo y de la compra.
El objetivo es que “a partir de 2029 desaparezca la figura de piso turístico”, tal y como se concibe actualmente y se cese completamente la actividad de uso turístico en pisos residenciales, una propuesta que primero deberá ser aprobada con el resto de grupos del Consistorio.
Para defender la medida, Collboni señaló que en los últimos 10 años el precio del arriendo de la vivienda en Barcelona ha subido un 68% y el de venta un 38%. Por eso, cree que es necesario aumentar la oferta “para que los precios no suban tanto o empiecen a bajar y la gente no se tenga que marchar de la ciudad”, además de seguir aplicando la regulación de precios del arriendo.
Luego de conocer el anuncio de Collboni, Enrique Alcantara, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, criticó que el gobierno municipal se está dejando llevar por la turismofobia y el populismo, según consigna La Vanguardia.
“Los pisos turísticos representan el 0,77% del parque de vivienda de Barcelona. Eliminándolos no van a solucionar el problema de acceso a la vivienda. Lo único que va a conseguir el Ayuntamiento es alimentar la oferta de alojamientos fuera de la ley. Están acabando con un sector que aporta 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona, un sector de pequeños propietarios que da trabajo de manera directa a más de 5.000 personas, y de manera indirecta a muchos más ¿cuantos museos, tiendas y restaurantes tendrán que cerrar? Nosotros trabajamos básicamente con un público familiar”, cuestionó Alcantara.
Según detalló la primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, desde la aprobación del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), en 2016, se han impuesto 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese, y de unos 6.000 pisos ilegales se ha pasado a entre 300 y 400 anuncios mensuales que el equipo de inspección municipal detecta y requiere a las plataformas digitales de arriendo vacacional su desactivación.
