Ayer domingo, Guatemala celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el activista anticorrupción Bernardo Arévalo llegó con gran ventaja frente a Sandra Torres, la exprimera dama del país más poblado de Centroamérica. Con el 98,12% de las actas procesadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arévalo, un diplomático de carrera de 64 años, cosechaba el 58,55% de los votos y Torres, de 67 años y vista como representante del statu quo, tenía el 36,70%. Un resultado que iniciaría una nueva era en el país acosado por la corrupción y el autoritarismo.
El hijo del exmandatario Juan José Arévalo (1945-1951) cosechó simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción, aumentar la cantidad de policías, mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático.
Su sorpresivo segundo puesto en la primera vuelta de junio provocó llamados de los opositores a recuentos que retrasaron los resultados oficiales. Su partido fue suspendido brevemente a pedido de un fiscal antes de que el tribunal supremo del país revocara la prohibición.
Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, denunció presuntas irregularidades durante la jornada del domingo y dijo que había presentado una denuncia penal por la supuesta compra de votos del partido de Torres, Unión por la Esperanza (UNE), a cambio de víveres. Según personeros de Semilla, las personas detenidas en flagrancia están bajo custodia policial.
En una publicación en la red social X, antes llamada Twitter, el saliente mandatario Alejandro Giammattei felicitó a los guatemaltecos por unas elecciones “en paz, con pocos incidentes aislados” y agregó: “Felicito también a @BArevalodeLeon y extiendo la invitación para iniciar la #TransiciónGT ordenada, al día siguiente de que los resultados queden oficializados”.
Si bien Giammattei prometió garantizar una votación pacífica y una transición ordenada del poder, la elección ha sido observada de cerca por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, quienes han pedido respetar las reglas democráticas.
Muchos guatemaltecos, sin embargo, siguen escépticos, ya que en los últimos años el Gobierno ha debilitado las instituciones democráticas, expulsó a investigadores de una misión contra la impunidad respaldada por la ONU y atacó a jueces y activistas anticorrupción, muchos de los cuales se exiliaron.
El fiscal general que pidió la suspensión del Movimiento Semilla había sido agregado previamente por el Departamento de Estado estadounidense a su llamada Lista Engel de “actores corruptos y antidemocráticos”.
En la última década, Guatemala ha venido descendiendo en el ranking de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional hasta alcanzar el año pasado su peor calificación y ubicarse en el puesto 150 de 180 países.
El nuevo presidente de Guatemala asumirá el poder a principios de 2024 mientras la violencia y el alto costo de vida azotan al país, provocando que se haya convertido en el principal expulsor de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. La ONU estima que más de 1,3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, la mitad de ellos de forma irregular. La cifra es 44% más alta que hace una década.
El domingo, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, dijo que considera poner su cargo a disposición la próxima semana luego de haber recibido amenazas de muerte en su teléfono móvil. “Considero que mi función llega hasta esta elección. Para esto me eligieron y no renuncié antes porque era el momento de cumplir con el país”, señaló.
El fiscal que sigue el caso contra el Movimiento Semilla, Rafael Curruchiche, no descartó el enviar después del balotaje órdenes de captura contra miembros del partido. Al respecto, Arévalo aseguró que “después de ganar la elección los corruptos harán cualquier cosa” en miras a evitar que asuma el poder, lo que tendría que ocurrir el 14 de enero de 2024, aunque expertos han advertido que los meses posteriores a la votación los resultados podrían verse cuestionados.
“Si bien el Gobierno ha dado muestras de apertura, en realidad el Ministerio Público, no. El riesgo es (...) la criminalización y la judicialización del proceso electoral”, opinó Ana María Méndez, directora para Centroamérica en la organización de investigación WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). “Puede haber un quiebre democrático severo, está ese riesgo si es que no se respeta la voluntad popular”, agregó.
Habiendo nacido en Montevideo durante un exilio de su padre, “el tío Bernie”, como le dicen sus seguidores a Arévalo, se propone como prioridad de “lo más urgente” el terminar con la corrupción en el país: “Guatemala se merece una nueva primavera, porque Guatemala se merece un futuro digno, y para poder hacerlo hay que arrancarles las instituciones a esos corruptos”.
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