En un intento por preparar el sistema público de salud, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la noche del miércoles el proyecto de Ley 864, que obliga de manera extraordinaria a clínicas y hospitales privados a “diagnosticar, atender y tratar de manera gratuita” a pacientes Covid-19.
El país mantiene una constante alza de contagios, alcanzando 34.227 casos y 1.201 fallecidos. En ese escenario es que los centros médicos de varias regiones han denunciado escasez de recursos y de equipamiento ante la alta demanda de pacientes. Según la prensa local, varias personas han muerto mientras buscaban atención hospitalaria.
El ministro de Obras Públicas boliviano, Iván Arias, señaló que los centros sanitarios privados están cobrando entre US$ 1.450 y US$ 2.890 a cada paciente para ser admitidos. Según el diario El Deber, en Santa Cruz los pacientes deben depositar previamente una garantía con montos desde US$ 724 a US$ 5.800.
Por esto, el proyecto legislativo que fue remitido al Senado establece que el financiamiento a los particulares será solventado por el Ejecutivo con un “reembolso” en el marco de la Ley de Gestión de Riesgos, que también incluirá “créditos y donaciones externas que ingresen al país por el efecto de la pandemia”.
Sin embargo, todavía no se establecen los precios de la atención. Los congresistas sostienen que el Ministerio de Salud estará a cargo de fijar la reglamentación de valores estándar.
Así, los hospitales públicos podrán trasladar pacientes en un sistema conectado por la pandemia. Esta iniciativa surge después que el gobierno de Perú acordó con las clínicas privadas una tarifa única de atención a pacientes Covid-19. A pesar de esto, el proyecto no figura en las “prioridades” del Senado para ser discutido la próxima semana.
En ciudades como Cochabamba la emergencia mantiene un colapso en el sistema funerario, dejando a al menos 40 cuerpos sin lograr ser cremados o enterrados.
