El 10 de marzo, Bolivia registró el primer caso de Covid-19. Dos mujeres procedentes de un viaje a Italia dieron positivo ingresaron sin problemas por el aeropuerto, pero luego de unos días comenzaron con fiebre, tos y malestar general. Así, el país se convertía en uno de los últimos de América Latina en confirmar la presencia del virus originado en Wuhan, China.
“Para la tranquilidad de la población estamos en condiciones de detectar y tratar los casos sin propagar el virus”, señalaba el entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz. Desde ese momento han pasado 100 días y las cifras oficiales señalan que hay 20.685 casos a nivel nacional, con 802 nuevos contagios en 24 horas, y la cifra de víctimas fatales asciende a 679.
A pesar de que Bolivia se encuentra en el puesto número 46 de contagios en el mundo, la propagación del virus en las últimas semanas ha generado una tensión en el sistema sanitario que se suma a la crisis social y política que se desencadenó en octubre pasado.
La jefa de Estado interina y también candidata presidencial, Jeanine Áñez, ordenó las primeras medidas el 12 de marzo, que incluyó la suspensión de clases y de vuelos desde Europa. Pero en paralelo a las primeras restricciones empezaron los bloqueos ciudadanos en diversos puntos del país, que en su mayoría exigían la realización de elecciones generales.
Finalmente, el 21 de marzo, se decretó estado de emergencia y desde el día siguiente inició una cuarentena total en todo el país que permitía solo el funcionamiento de rubros esenciales como mercados, centros de abastecimiento y farmacias. Según el diario El Deber, durante el primer mes con el virus en el país hubo una tasa de letalidad del 6,08% con 115 casos positivos y siete decesos.
Inicialmente, la mayoría de los habitantes estaba “incrédulo” ante la enfermedad, lo que se sumaba a la falta de credibilidad política de un gobierno no electo en las urnas, sino que posicionado como la única opción viable tras la renuncia de Evo Morales, lo que aumentaba las fricciones. En zonas como El Alto y Sacaba las personas seguían en las calles con aglomeraciones lo que habría sido un factor determinante ante el aumento de casos.
En abril se comenzaron a dar las primeras muertes de trabajadores de salud y de las fuerzas de seguridad. En un intento por mantener a las personas en sus casas, el Palacio Quemado ordenó la entrega de bonos, suspensión de pagos de créditos y descuentos en cuentas de luz, agua o gas. Pero los bloqueos ciudadanos comenzaron a exigir el fin del confinamiento ya que acusaban vivir del día a día y con la cuarentena no tenían para comer.
Posteriormente, el gobierno decidió otorgar el poder de seguir en cuarentena “rígida” o iniciar una “dinámica” a los municipios y gobernaciones basados en el denominado Índice de Riesgo Municipal, pero en mayo la situación comenzó a empeorar cerrando el mes con más de 8 mil contagiados en 31 días y 251 muertos.
Los trabajadores sanitarios iniciaron movilizaciones y huelgas para pedir mayores insumos de protección por miedo a contagiarse. Desde ahí, iniciaron en la prensa boliviana las primeras denuncias de “colapso” en hospitales con largas horas de espera o lo que llamaron “peregrinación de pacientes”, ya que las personas con síntomas iban a múltiples centros para ser atendidos sin resultado, lo que generó que al menos 10 personas fallecieran en la calle en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
El Ministerio de Salud reportó que en la última semana que los contagios diarios oscilan entre los 600 y 900. Una de las críticas a la gestión es la escasez de exámenes para detectar los casos, el país registra 51.336 test de Covid-19 para una población de más de 11 millones de habitantes. Esto se suma a la demora en la entrega de los resultados que en ocasiones es mayor a 15 días y los médicos denuncian la falta de un plan en la pandemia, según el diario Los Tiempos.
En paralelo a las críticas a la Presidenta Áñez se reveló un escándalo de corrupción en mayo por la compra de 170 ventiladores -por cuatro veces su valor en el mercado- para enfrentar la pandemia, lo que derivó en la destitución y detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas siendo reemplazado por Eydi Roca.
A pesar de desmarcarse de la polémica, el Palacio Quemado prometió aumentar el equipamiento médico con 300 ventiladores mecánicos, pero a los 100 días del primer caso solo han entregado 100 y los hospitales denuncian que tampoco han llegado los 450 mil kits de prueba anunciados.
Para el Colegio Médico es una serie de factores los que generaron que el país este viviendo un colapso sanitario, en primera instancia es un resultado del precario sistema de salud y la escasez de mejoras en infraestructura y equipos heredadas, pero además evidencian los errores del gobierno, como darle a los gobiernos locales el manejo de la pandemia.
Según la BBC, Bolivia tiene la capacidad de 11 camas de hospital por 10 mil habitantes, unas de las más bajas de la región junto al gasto destinado para salud que representa solo el 4,4% del PIB.
Justamente, la situación boliviana comparada con los países vecinos como Perú (240 mil contagios y 7.257 muertos) y Chile (225 mil casos y 3.841 fallecidos) pareciera no ser tan grave. Sin embargo, el gobierno peruano ha realizado 1,4 millones de testeos y el chileno 903 mil. Incluso, los pronósticos oficiales de Bolivia evidencian una crítica situación para las próximas semanas, según el Ministerio de Salud a fines de junio se prevé alcanzar 30 mil casos y para julio sería de 100 mil contagios positivos.
