Bolsonaro imputado: las claves para entender el caso contra el expresidente brasileño

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil denunció este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por organizar un golpe de Estado tras la victoria del presidente Luiz Inácio da Silva en las pasadas elecciones presidenciales. Ahora, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), integrada por cinco miembros del tribunal, analizará si acepta la denuncia y abre un proceso contra el expresidente, pero no hay plazo para esa decisión.

El panel está integrado por los ministros Alexandre de Moraes (relator del caso), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin y Flávio Dino. La PGR pide que Bolsonaro responda por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, daños causados ​​por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión y deterioro del patrimonio catalogado.

Aquella denuncia contra Bolsonaro y sus aliados se basó en el informe de investigación de la Policía Federal sobre el complot golpista para impedir que Lula asumiera el cargo. Las señales se conocían desde principios de 2024, cuando la Policía Federal (PF) reveló, con base en pruebas y el testimonio del teniente coronel Mauro Cid, que el expresidente había presentado una propuesta de golpe de Estado a los jefes de las Fuerzas Armadas.

Según la Policía Federal, el almirante Almir Garnier ofreció las tropas de la Marina a Bolsonaro para el golpe, respaldo que también confirmaron los jefes del Ejército y la Aeronáutica. Además de los proyectos de decretos golpistas y del intento de movilizar a las Fuerzas Armadas para una ruptura institucional, la Policía Federal indicó que soldados del Ejército elaboraron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro De Moraes.

Según los investigadores, Bolsonaro conocía el plan formulado por el general de reserva Mário Fernandes. El militar formaba parte del gobierno, con un cargo importante en el Palacio de Planalto, y se reunió con el entonces Presidente días después de publicar el plan criminal y reunir a oficiales del Ejército dispuestos a cometer el atentado.

En 2023 Bolsonaro ya fue declarado inelegible hasta 2030 por abuso de poder político y uso indebido de medios de comunicación, pero ahora se enfrenta a la denuncia de la PGR por aquel intento de golpe de Estado. Según explica el diario Folha de S. Paulo, ahora el STF evaluará si acepta la denuncia de la PGR contra Bolsonaro: si avanza, será juzgado por conspiración golpista y, de ser condenado, podría enfrentar prisión y la extensión de su inelegibilidad más allá de 2030.

En detalle, con la presentación de la denuncia, el relator del caso, el ministro De Moraes, abre un plazo de 15 días para que los abogados de los acusados ​​presenten una defensa preliminar y posibles objeciones. En caso de controversia sobre partes de la queja, la PGR tendrá cinco días para responder las preguntas.

Después de eso, De Moraes evaluará la acusación y los argumentos de la defensa para emitir su voto, definiendo si acepta o no la apertura de un proceso contra Bolsonaro y los demás acusados. No hay fecha límite para esta decisión. Luego libera el caso para que sea programado para juicio en la Primera Sala. Si la mayoría del panel acepta la denuncia, se iniciará un proceso penal contra los acusados, quienes pasarán a ser formalmente imputados.

A partir de este momento los imputados tienen acceso a los detalles de la investigación y tienen la oportunidad de presentar su defensa ante el Tribunal durante la investigación procesal. Una vez realizado lo anterior, se realizan los alegatos finales de la acusación y la defensa para que la Primera Sala decida si condena o no a los imputados.

Normalmente en un proceso penal el acusado, si es condenado, tiene derecho a recurrir ante la segunda instancia del Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y, en algunos casos, el STF. Sin embargo, el proceso en cuestión ya estaría ocurriendo directamente en la Corte Suprema y, aunque los acusados ​​pueden presentar recursos, no hay posibilidad de recurrir a un tribunal superior, pues el STF ya es el máximo tribunal de la justicia brasileña.

Aunque Bolsonaro ya no tiene fuero especial tras dejar el cargo de Presidente, el caso fue tramitado en el STF porque la mayoría de la Corte entiende que las investigaciones relacionadas con ataques a las instituciones democráticas, como el caso de los actos del 8 de enero de 2023, deben ser juzgadas en la Corte Suprema.

La estrategia del STF es juzgarlo este año, con el ministro De Moraes a cargo del caso y haciendo ajustes en la agenda para acelerar los plazos, para evitar interferencias en el calendario electoral de 2026. Sin embargo, los tiempos son cortos para la investigación de los casos penales, y la defensa de Bolsonaro planea tácticas dilatorias para retrasar el juicio, como incluir numerosos testigos en las audiencias para retrasar el proceso, indica Folha de S. Paulo.

En las próximas semanas la PGR presentará más denuncias y dividirá el caso en núcleos de investigación. Si el STF acepta la denuncia, los acusados deberán presentar su defensa, pasar por audiencias de testigos y alegatos finales antes de que el tribunal fije una fecha de juicio. Para agilizar el proceso, la Primera Sala del STF está considerando aumentar la frecuencia de sus reuniones.

El proceso aún puede tomar tiempo, y sus aliados intentarán retrasarlo lo más posible, explica BBC Brasil. Tal es así, que Trump Media Group, la empresa de medios del Presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este miércoles al juez De Moraes en EE.UU., acusándolo de censura por ordenar la eliminación de cuentas de aliados de Bolsonaro en redes sociales.

La demanda pareció representar un sorprendente esfuerzo por parte de Trump para presionar a un juez extranjero mientras sopesaba el destino de un líder de derecha que, como él, fue acusado de intentar revertir su derrota electoral, dice el medio The New York Times.

Bolsonaro había pedido explícitamente a Trump que tomara medidas contra el juez De Moraes en una entrevista con The New York Times el mes pasado. Pero en ese momento no estaba claro cómo Trump podría influir en la política interna de Brasil.

Los asesores cercanos a Bolsonaro reconocen en privado que tiene pocas posibilidades de limpiar su nombre ante la Corte Suprema, por lo que el expresidente está centrando sus esfuerzos en reunir aliados en el Congreso para despejar su camino hacia un regreso político, indica la agencia Reuters. Así, su futuro político puede depender de una ofensiva legislativa para modificar las leyes que rigen cómo se prohíbe a los políticos postularse para un cargo.

Una ley anticorrupción que el ultraderechista votó en 2010, cuando era diputado, prohíbe a cualquier persona condenada por un tribunal de apelaciones presentarse a un cargo público. Este martes Bolsonaro se reunió con senadores aliados para hablar sobre los planes de revisar aquella “ley de antecedentes limpios” y otros posibles obstáculos a su candidatura para 2026.

También se reunió con legisladores de oposición de la Cámara Baja este miércoles por la mañana, con quienes conversó sobre la amnistía y otros temas. La amnistía tendrá un gran espacio en la mesa porque la oposición pretende atacar al Supremo Tribunal Federal (STF) por las penas consideradas demasiado altas, dice el medio G1.

En entrevista con la prensa este martes, el expresidente dijo estar tranquilo ante la posibilidad de ser denunciado por la PGR y que creía tener los votos necesarios en la Cámara para aprobar la amnistía a los responsables de los ataques golpistas del 8 de enero de 2023. “No tengo ninguna preocupación por las acusaciones, cero”, dijo a los periodistas después de un almuerzo con senadores aliados.

Pese a ello, una semana antes de la declaración, el exjefe de Estado dijo que se despertaba todos los días con “la sensación de tener a la Policía Federal” en su puerta. “Me despierto todos los días con la sensación de tener a la Policía Federal en la puerta. ¿Qué acusación? No importa”, dijo Bolsonaro, en una entrevista con el canal Auriverde Brasil.

Anteriormente ha negado en todas las ocasiones haber estado involucrado en los complots para un golpe de Estado. Habiendo dicho que fue perseguido varias veces por el ministro De Moraes, el expresidente incluso admitió haber discutido declarar el estado de sitio después de su derrota ante el candidato del PT, pero dijo que luego descartó la idea.

Una versión del documento, apodado “acta del golpe” , fue encontrada en la propia oficina del expresidente en la sede del PL en Brasilia. Inicialmente, Bolsonaro dijo que se trataba de un documento del proceso enviado por su defensa.

“Hablé con los abogados y tratamos de averiguar cómo estaban esos papeles allí. Al final de la tarde se descubrió, de manera demostrable: esos papeles eran partes de un proceso que el abogado había obtenido del ministro Alexandre de Moraes, que es el relator de esa investigación. Entonces, era un pedazo de proceso. Nada nuevo allí”, declaró a TV Record en febrero de 2024.