No han sido días fáciles para Perú. A una semana del fallido autogolpe del ahora expresidente Pedro Castillo, las manifestaciones de sus electores y adherentes políticos continúan con protestas que les han costado la vida a, al menos, siete personas, aunque la Policía Nacional del Perú afirma que habría un octavo. Esto, sumado a desórdenes en distintas ciudades del país, han llevado al gobierno de Dina Boluarte a decretar un estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días.
Pero no es el único problema de las autoridades. El exprimer ministro peruano Aníbal Torres, mano derecha de Castillo y la persona con la que huyó cuando entendió el miércoles pasado que no contaba con apoyo de las Fuerzas Armadas ni el Congreso, anunció el sábado su paso a la “clandestinidad” luego de que fuera incluido en la investigación contra el exmandatario por su fallido golpe de Estado. Este martes, sin embargo, azuzó a través de redes sociales a la población para continuar con las protestas ante la presunta liberación del destituido mandatario.
Un exministro prófugo
Su fidelidad es innegable. Aníbal Torres, jurista de profesión, fue parte del gabinete del ahora detenido expresidente desde el inicio de su gestión. Arribó como ministro de Justicia y Derechos Humanos en julio de 2021, para luego aceptar el cargo de presidente del Consejo de Ministros en febrero de 2022, convirtiéndose en el cuarto político en el puesto. Su renuncia, ocurrida en noviembre de este año, no se dio por alguna diferencia política o ideológica, sino por el rechazo de la mesa directiva del Congreso a la cuestión de confianza presentada por el abogado. Prueba de su afinidad es que, pese a renunciar al puesto, su sucesora, Betssy Chávez, lo nombró asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, continuando su labor en la misma cartera.
Es por eso que no fue sorpresa cuando la prensa local anunció que, en el vehículo presidencial en el que intentaba escapar junto a su esposa e hija, Pedro Castillo también iba acompañado de Torres.
Sin embargo, los mayores problemas para el jurista estarían por llegar. Fue cuando la fiscal de la nación, Patricia Benavides, anunció la inclusión de Torres en la carpeta investigativa por presunta rebelión y sedición al orden constitucional que afecta a Castillo que las complicaciones se hicieron tangibles.
“La fiscal de la nación me incluye como investigado y me aparta de la defensa de Pedro Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país. Mi incólume lealtad con Pedro Castillo es mi lealtad con el pueblo”, dijo el 10 de diciembre a través de Twitter, pero su paso a la clandestinidad llegaría unos minutos después.
“La fiscal de la nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto paso a la clandestinidad”, agregó, oficializando su estado de prófugo.
Luego, fue un excolega el que disparó contra Torres. Willy Huerta, exministro de Interior de Castillo, aseguró que tanto Betssy Chávez como Aníbal Torres sabían del plan del autogolpe antes de que este fuese anunciado públicamente. Según Huerta, ambos habrían estado reunidos con el mandatario antes de que les comunicara sus próximos pasos.
“Betssy Chávez ingresa por la puerta del salón principal por donde se juramenta en compañía del doctor Aníbal Torres (…), los dos ingresaron al Salón Grau y nosotros seguíamos sentados esperando en el Salón Quiñones. La puerta misma del salón principal se vuelve a abrir y entra la doctora Betssy con un camarógrafo y una señorita periodista de Canal 7, me parece”, dijo Huerta al programa 24 Horas.
“A mi entrada al despacho presidencial observo al expresidente sentado en su escritorio con terno, con su banda presidencial y agarrando una hoja mirando a la cámara. En un momento dice estado de excepción y cierre del Congreso. Yo me quedé sorprendido, yo no sabía que iba a hacer eso”, relató, agregando que Castillo le pidió personalmente que reforzara la seguridad de la casa de sus padres, de Chávez y Torres.
La afirmación del exministro de Interior fue rechazada Betssy Chávez, quien aseguró al semanario Hildebrandt en sus Trece que ni ella estaba enterada del autogolpe, ni Torres habría escrito el texto que luego Castillo leyó: “Imposible, el doctor (Aníbal Torres) tampoco. El doctor en ese momento estaba sorprendido, pero lo que atinamos a hacer..., porque había otras personas más, pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, fue su defensa.
La tercera trama de la cuestionada gestión del abogado llegó este martes, cuando, también a través de su cuenta de Twitter, anunció la supuesta liberación de Pedro Castillo para el mediodía de este miércoles, fecha en que acababa la detención preliminar del exmandatario de no decretarse la prisión preventiva.
“Mañana miércoles 14/12 al mediodía saldrá en libertad nuestro hermano Pedro Castillo. Compatriotas, les convoco para que, junto a las organizaciones sociales, concurran a la Diroes para recibirlo y acompañarlo. #SiempreConElPueblo”, escribió el abogado, en lo que fue interpretado como un llamado a continuar con las protestas que llaman a desconocer el gobierno de Dina Boluarte, excompañera de fórmula vicepresidencial de Castillo.
Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial suspendió la audiencia en la que se iba a pedir extender la prisión preventiva en contra del expresidente y Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, debido a que, según RPP, Ronald Atencio, abogado de Castillo, habría renunciado a pocos minutos del inicio de la audiencia de este miércoles, denunciando “afectaciones al debido proceso”. El poder Judicial anunció que el trámite se retomará este jueves a las 8.30 horas.
Estado de emergencia nacional
Se esperaba que, con el anuncio de Dina Boluarte sobre el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, las aguas se calmaran entre los manifestantes y partidarios de Castillo. No ocurrió. Este miércoles la mandataria detalló que, tras una reunión del Consejo de Estado, se discutirá la posibilidad de anticipar aún más los comicios, puntualmente para diciembre de 2023, es decir, en menos de un año. Sin embargo, esta vez no esperó a ver el efecto de sus palabras en las protestas.
Durante la tarde del miércoles, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el gobierno decretará un estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, en respuesta a los hechos de violencia registrados en los últimos días. “Analizando el caos que existe, el vandalismo y las muertes que han sucedido en todo el Perú y viendo que están viniendo diferentes personas a la capital, lo que tenemos que hacer, aquí en la capital, Lima, y Callao, es frenar el vandalismo a través de recuperar el principio de autoridad”, dijo.
“La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales”, explicó, agregando que el Ejecutivo no descarta la posibilidad de aplicar también un toque de queda.
Según Heber Campos, abogado constitucionalista, además de restringir algunos derechos fundamentales, la medida permitirá que “el orden público podría eventualmente trasladarse de la Policía a las Fuerzas Armadas. Es decir, en la actualidad las Fuerzas Armadas no pueden hacerse cargo del control del orden público y seguridad pública. Pero a partir del estado de emergencia eso puede variar”, dijo al programa peruano Rotativa del Aire.
Al cierre de esta edición, 13 de las 24 regiones del país vecino estaban afectadas por manifestaciones o cortes de carreteras, mientras que se contabilizaba la muerte de siete personas y 26 hospitalizados, según el Ministerio de Salud de Perú, en el marco de las protestas, sumado a una octava víctima informada por la Policía Nacional, pero aún no confirmada por las autoridades de gobierno.
