Más de 8.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la policía de El Salvador cercaron el martes por completo un departamento en la zona central del país bajo el argumento de la búsqueda de pandilleros en áreas rurales a los que responsabilizan del ataque el fin de semana una patrulla de las fuerzas de seguridad en el que dos policías resultaron heridos de bala.

“Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

El mandatario afirmó que en las últimas semanas, “Cabaña se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”. Ya en junio de 2022, el gobierno salvadoreño desmanteló varios campamentos clandestinos en el mismo departamento a los que, según las autoridades, van los pandilleros cuando huyen hacia zonas rurales.

En el operativo en Cabañas, los uniformados han tomado control de las carreteras y calles de acceso al departamento y se realiza registros de los vehículos de pasajeros y particulares. Las personas deben de identificarse para poder entrar y salir de la zona, mientras también se realizan registros en las comunidades para localizar y capturar a los pandilleros.

“Los más de 1.100 kilómetros cuadrados de Cabañas están cercados. Los terroristas van a enfrentar la justicia”, advirtió en un tuit el director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.

Éste es el quinto cerco militar de seguridad que implementa el gobierno salvadoreño, que en mayo despegó 5.000 militares y policías en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, en el norte del país, tras el asesinato de un policía.

Desde el 27 de marzo del año pasado rige estado de excepción en El Salvador, promovido por el presidente Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra estructuras criminales, que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, el de tener asistencia de un abogado y el de conocer las razones de una detención. Esta situación le ha conllevado duras críticas de organismos de derechos humanos.

Bukele advirtió que “el cerco se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.

Dijo que la población de Cabañas, sus visitantes y turistas pueden estar tranquilos y realizar sus actividades normalmente, ya que “este masivo cerco garantiza aún más la seguridad de la zona y no lo levantaremos hasta dar con todos los delincuentes”.