Cae otra "víctima" de Odebrecht: 18 meses de cárcel para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán

"Hoy quiero decirles una verdad". De esa forma, la exalcaldesa de Lima (2011-2014), Susana Villarán, comenzó un hilo en Twitter el sábado, respecto de la investigación judicial en su contra que se inició en 2017 y que la tiene contra las cuerdas por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht y OAS cuando estaba en el cargo. Así, la ex edil y una de las líderes de la izquierda en Perú, enfrenta cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos en la trama de corrupción que sigue golpeando a los peruanos después del reciente suicidio del expresidente Alan García.

El fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato y encargado del proceso contra Susana Villarán, de 69 años, solicitó 36 meses de prisión preventiva después de corroborar que las "coimas" no sólo fueron para la campaña "No a la Revocatoria", que data de 2012, cuando los limeños solicitaron la salida de la edil por acusaciones de financiamiento e intereses personales en el equipo municipal. La consulta popular se realizó en 2013 y permitió a Villarán terminar su período de cuatro años, aunque 20 asesores fueron desvinculados. Finalmente, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la exedil, ya que hay riesgo de "obstrucción a la investigación" y "peligro de fuga".

Según el diario El Comercio, durante más de dos horas la justicia analizó la comparecencia en la que la fiscal Ángela Zuloaga fundamentó los hechos para solicitar la prisión preventiva de Susana Villarán. De acuerdo con la acusación, la exedil solicitó en 2013, a través de José Miguel Castro, exgerente municipal, US$3 millones a Odebrecht y otros US$3 millones a OAS, mientras que para su reelección en 2014, de la mano de Diálogo Vecinal, recibió US$4 millones de esta última empresa. En total US$10 millones.

El primer aporte de OAS fue el que más llamó la atención en la audiencia de hoy, ya que la fiscalía sostiene que los egresos por la campaña para la reelección son menores a los US$ 4 millones que OAS entregó, lo que significaría que Villarán y otros exfuncionarios aún tendrían "en su poder" parte de ese dinero. Villarán, la primera mujer electa en la alcaldía de Lima; exministra de la Mujer y del Desarrollo Humano (2000-2001); y excandidata a la Presidencia en 2006, admitió en una entrevista con la radio peruana Exitosa que siempre supo de los "aportes" a las campañas realizadas por las constructoras. En esta entrevista dijo que no tenía miedo de ir a la cárcel.

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La exalcaldesa de Lima Susana Villarán. FOTO: EFE[/caption]

"Mi patrocinada jamás se acogerá a la colaboración eficaz. Si tiene que ir a prisión, ella irá a prisión", señaló Iván Paredes Yataco, abogado de la exalcaldesa. Además, Paredes sostuvo que Susana Villarán ha cumplido con las normas de conducta que el Poder Judicial le impuso -la comparecencia restringida con impedimento de salir del país-, y criticó que para solicitar prisión preventiva es necesario un aumento del peligro procesal lo que a su juicio no ocurriría ya que la fiscalía conoce el domicilio de la exalcaldesa, que mantiene un contrato laboral vigente hasta septiembre.

"He estado preparada para todo", dijo Villarán a la radio Santa Rosa tras ser consultada si estaba preparada para ir a la cárcel. Algunos medios peruanos sostienen que podría ir al penal de Chorrillos. Según la fiscalía limeña, a Villarán se le imputa asociación ilícita por "liderar una organización delictiva que tenía dos brazos" una que involucró la municipalidad y otro a la izquierda peruana (partido Fuerza Social y Diálogo Vecinal) desde 2012 a 2015.

"Villarán y su entorno de izquierda decían representar la reserva moral de la política de este país e hicieron carrera en base a esa premisa. Por lo que el impacto es moral en la opinión pública. Es un golpe fulminante para la izquierda limeña, para la clase política, empresarial,  intelectual, y artística que puso las manos al fuego por ella. Afectará el futuro político de los jóvenes de izquierda que pertenecieron a su entorno", afirmó a La Tercera Carlos Meléndez, analista político peruano y académico de la UDP.

Además, Villarán es investigada por cohecho pasivo y lavado de activos, ya que solicitó a las empresas "dinero para financiar su campaña política por la No Revocatoria y con ello poder quedarse en el poder". La fiscalía acusa que la exalcaldesa incumplió con las obligaciones de sus funciones de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad por "presuntamente perjudicar a los proyectos Vías Nuevas de Lima (Odebrecht) y Línea Amarilla (OAS)".

Según el diario Perú 21, el caso Villarán empezó a resonar en Perú en mayo 2017, cuando se vinculó a la exalcaldesa con sobornos por la concesión del proyecto vial "Rutas de Lima" que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –Caja 2- y de OAS. Aunque un año antes, el hombre clave de la trama Lava Jato, Jorge Barata, declaró que el exgerente de la Municipalidad de Lima y mano derecha de Villarán, José Miguel Castro pidió US$ 3 millones para la campaña "No a la revocatoria".

Villarán se suma así a la larga lista de políticos peruanos que enfrentan a la justicia por el caso Odebrecht y que han debido pagar con cárcel sus delitos: Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. A su vez, Alejandro Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones de la constructora brasileña y que está recluido en Estados Unidos, enfrenta un pedido de extradición.