En votación relámpago, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la tramitación de un proyecto de ley que equipara aborto después de las 22 semanas con homicidio. Con carácter de urgencia, el texto será votado directamente en el pleno de la Cámara sin ser analizado por comisiones relacionadas con el tema de la iniciativa.
El autor del pedido de urgencia y coordinador del Frente Parlamentario Evangélico, el diputado Eli Borges -del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro- defendió la aprobación. “Basta mirar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), (a partir de las 22 semanas) es literalmente el asesinato de un niño, porque este feto está en plenas condiciones para vivir fuera del útero materno”, afirmó.
La propuesta fue presentada por el diputado Sóstenes Cavalcante, también del PL, y plantea una modificación del Código Civil, a fin de aumentar la pena para las mujeres embarazadas y los médicos en casos de aborto después de la semana 22 de gestación. La propuesta, indica CNN Brasil, aumenta la pena máxima para quienes realicen el procedimiento de 10 a 20 años. Por tanto, la pena de prisión sería la misma para los casos de asesinato.
Actualmente, en el Código Penal brasileño no existe un plazo máximo para el aborto legal, el cual está permitido en casos de violación, riesgo para la vida de la madre y anencefalia fetal, aunque la extrema derecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Congreso para endurecer esas condiciones.
“Como el Código Penal no establece límites máximos de edad gestacional para interrumpir un embarazo, el aborto podría practicarse en cualquier edad gestacional, incluso cuando el feto ya sea viable”, justificó Sóstenes.
El proyecto cuenta con el apoyo del Frente Parlamentario Agrícola, el Frente Parlamentario Evangélico y la “bancada de bala”, tres de los grupos más conservadores del Congreso. El asunto, sin embargo, no tiene fecha para ser votado, precisó el diario Correio Braziliense.
Para intentar evitar que el asunto siga adelante, 20 entidades de la sociedad civil lanzaron la campaña “El niño no es madre”. Clara Wardi, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoramiento, uno de los grupos que lideran la iniciativa, señala que “las principales afectadas son las niñas, que son la mayoría que recurren al aborto legal en embarazos mayores a 22 semanas”.
“En Brasil tenemos datos alarmantes sobre violaciones de niñas en este grupo de edad. Es una población que tiene mayores dificultades para identificar el embarazo o incluso comunicarlo a los cuidadores. Es dentro de las familias donde ocurren los principales casos de violación”, lamentó Clara.
Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, 74.930 personas fueron violadas en Brasil en 2022. De ellas, el 88,7% de las víctimas eran mujeres y alrededor del 60% tenían como máximo 13 años.
En un artículo publicado en el sitio web del Centro Brasileño de Estudios de la Salud (Cebes), la doctora Ana Costa, directora ejecutiva de la institución, califica el proyecto de ley como “una reedición del ‘Estatuto del Violador’, que obliga a las mujeres a quedar embarazadas como resultado de violación, bajo pena de prisión”.
Cebes también destaca que el acceso tardío al aborto legal “refleja desigualdad e inequidad en la atención de salud, impactando particularmente a niñas (10-14 años), mujeres pobres, mujeres negras y quienes viven en zonas rurales”.
En el gobierno de Bolsonaro, recuerda CNN Brasil, hubo una recomendación de que el aborto legal se realizara hasta las 21 semanas y 6 días de embarazo, ya que, pasado ese período, habría “viabilidad del feto”. Por “viabilidad del feto” se entiende: si se produjera un parto prematuro, el feto podría sobrevivir.
A principios de este año, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), el Ministerio de Salud anuló la orientación, a través de una nota técnica. Sin embargo, tras las críticas de la oposición, la cartera dio marcha atrás.
Uno de los alegatos del oficialismo es que la pena para la mujer que aborte en esas condiciones, autorizadas hoy por las leyes, sería incluso peor que la aplicada a los violadores. El proyecto también va en contra de una reciente decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que suspendió de forma cautelar una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica usada para interrumpir un embarazo en gestantes de más de 22 semanas, en casos de violación.
En su decisión, el magistrado Alexandre de Moraes aclaró que, en los casos de violación, “la legislación brasileña no establece expresamente ningún tipo de limitación circunstancial, procedimental o temporal para la realización del llamado aborto legal”.
El gobierno reaccionó a través del ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, quien calificó la propuesta de “inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización”, según consigna EFE. Almeida consideró un “descalabro” y una “provocación” que las cámaras legislativas discutan si “una mujer violada y el violador tienen el mismo valor para el derecho, o peor aún, que el violador puede ser considerado menos delincuente que la mujer violada”.
Agregó que el proyecto es “claramente inconstitucional” porque “hiere el principio de la dignidad de la persona humana y somete a la mujer violada a una indignidad inaceptable y discriminatoria”.
El autor de la propuesta, el diputado Sóstenes Cavalcante, dijo que, con el texto, pretende “poner a prueba” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su compromiso con los evangélicos. “El presidente envió una carta a los evangélicos en campaña diciendo que estaba en contra del aborto. Queremos ver si veta (el proyecto). Vamos a poner a prueba a Lula”, afirmó en declaraciones al blog Política de Andréia Sadi, en GloboNews.
