Justin Trudeau violó la ley de conflicto de intereses al presionar a su fiscal general para evitar un proceso judicial, concluyó este miércoles un reporte del comisionado de Ética, en un duro golpe para el primer ministro de Canadá a dos meses de las elecciones legislativas.

El caso contra el gigante de ingeniería SNC-Lavalin, revelado a principios de este año, opacó la imagen de chico de oro que ha tenido el primer ministro, costó el empleo a dos ministros y a dos altos funcionarios y sumió a los liberales en un empate en las encuestas con los opositores conservadores.

El comisionado independiente de ética parlamentaria, Mario Dion, dijo que Trudeau y sus funcionarios habían tratado erróneamente de "ejercer influencia sobre la fiscal general en su decisión de intervenir en un asunto relacionado con un proceso penal".

Trudeau deberá pagar una pequeña multa de hasta 500 dólares canadienses (375 dólares estadounidenses) por contravenir el acta de conflicto de intereses de Canadá, aunque los costos políticos serán mucho mayores a solo dos meses de las elecciones nacionales.

En un intento por extinguir el incendio, el primer ministro reaccionó inmediatamente. "Asumo la responsabilidad de los errores que he cometido", dijo durante una conferencia de prensa horas después de la publicación del reporte del comisionado de ética, y afirmó que actuó para intentar salvar empleos de la empresa quebequense amenazada con una demanda.

"Aunque esté en desacuerdo con algunas de las conclusiones, acepto plenamente ese reporte y asumo la responsabilidad de lo ocurrido", señaló al agregar que se asegurará de que eso "nunca vuelva a suceder bajo ningún gobierno de Canadá".

Escándalo SNC-Lavalin

El primer ministro antes había rechazado categóricamente las acusaciones de que su círculo íntimo trató de proteger a SNC-Lavalin de un juicio por corrupción. La firma, con sede en Montreal, fue acusada en 2015 de pagar supuestos sobornos para asegurar contratos en Libia.

La ex fiscal general Jody Wilson-Raybould se negó a pedir a los fiscales que dejaran el caso, y el juicio está listo para continuar.

Pero después de renunciar, la exfiscal testificó ante los legisladores que había sufrido una presión política "consistente y sustancial" para intervenir en el caso.

"La autoridad del primer ministro y su gabinete fue usada para eludir, socavar e intentar desacreditar la decisión del director de la fiscalía pública igual que la autoridad de la Sra. Wilson-Raybould", consideró en un comunicado Dion.

El comisionado también encontró que el séquito de Trudeau "pidió indebidamente a la fiscal general que tuviera en cuenta los intereses políticos partidistas en este caso, lo cual es contrario a los principios constitucionales", dice el comunicado.

SNC-Lavalin, que emplea a unas 9.000 personas en Canadá, fue acusado en 2015 por la policía canadiense de pagar millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2011 para obtener contratos en Libia durante el régimen de Muammar Gaddafi. A finales de mayo, un juez canadiense dictaminó que había suficientes pruebas para citar a la empresa a comparecer.