Este lunes, Cuba rechazó la decisión de Estados Unidos de habilitar sus tribunales para acoger demandas contra empresas de la isla que operen en bienes confiscados a estadounidenses, y garantizó las inversiones de sus socios extranjeros.
"Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump", publicó el canciller Bruno Rodríguez. Agrego además que "La decisión del Departamento de Estado es un acto hostil e irresponsable que busca recrudecer el bloqueo y asfixiar la economía cubana. Esta es una medida que tiene oposición en el mundo y en el propio Estados Unidos, cuyos empresarios están en contra del bloqueo y favorecen el comercio con Cuba".
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La sección III de la ley Helms-Burton de 1996 permite teóricamente iniciar acciones ante la justicia estadounidense a las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959. Esto, como una medida para endurecer el bloqueo que aplica contra la isla socialista desde 1962.
Pero los sucesivos gobiernos habían suspendido este apartado cada seis meses para evitar una confrontación con socios de Estados Unidos, sobre todo de la Unión Europea (UE), actualmente el mayor socio comercial de la isla y cuyas empresas en Cuba pueden ser afectadas.
Es por esto que el canciller cubano fue enfático en señalar que "Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas extranjeras que operan en el país todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. Tienen como respaldo las leyes cubanas, el derecho internacional y las leyes de sus propios países".
Este lunes, el Departamento de Estado anunció una nueva suspensión, pero de 30 días, de la también denominada "Ley de Libertad", con una excepción: desde el 19 de marzo, los estadounidenses que se consideren afectados -entre ellos cubanos exiliados nacionalizados- podrán denunciar a las firmas cubanas estatales que hagan uso de activos nacionalizados y que Washington tiene hace varios años en una lista negra.
Esta lista comprende a entidades o a subentidades que estén bajo el control de los militares cubanos, los servicios de inteligencia o de seguridad. Varias de estas empresas tienen una contraparte extranjera, a las que por ahora no les afecta esa decisión, explicaron las autoridades norteamericanas.
La isla está en ofensiva para captar inversión extranjera pero solo atrajo 2.000 millones de dólares en 2017, por debajo de los 5.000 millones anuales que necesita para estimular su economía.
"Alentamos a cualquier persona que tenga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y siendo cómplice de la dictadura cubana", aseguró, la diplomacia estadounidense.
Después de más de 20 años sin aplicarse el título III de esta ley por ninguna de las administraciones estadounidenses, incluso la que encabeza Donald Trump, su eventual aplicación se relaciona con el plan desestabilizador desplegado desde Washington contra Venezuela, y las recientes denuncias de EEUU de un supuesto apoyo militar de la isla a Caracas.
