La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, cuestionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apunta a violaciones de Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta peruana, Dina Boluarte.
“El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los Derechos Humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi Gobierno discrepa respetuosamente”, declaró.
Gervasi, que hizo estas declaraciones durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseveró que el Gobierno de Boluarte está comprometido con el respeto a los Derechos Humanos.
Sin embargo, la canciller peruana ha reconocido que su país “presenta ciertos retos en materia de DD.HH.”, de los cuales “muchos se arrastran de antiguo y son estructurales”, mientras que considera que otros tuvieron su origen tras la destitución en diciembre del expresidente Pedro Castillo, después de que este anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El gobierno peruano, que considera el anuncio de Castillo un golpe de Estado, recordó que dicho “quebrantamiento del orden constitucional” fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la CIDH.
“Hechos deben ser investigados”
“En estos últimos retos, se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de un 20 a un 30 por ciento”, manifestó Gervasi.
“Por el otro lado, los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad”, aseguró.
Con todo, la ministra ha expresado que el gabinete peruano coincide “con la comisión en que los hechos deben ser investigados, tarea a la que se han abocado las instancias judiciales competentes en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.
El CIDH concluyó en su último informe sobre al crisis política en Perú, publicado a principios de mayo, que se cometieron “graves violaciones” de Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta, analizando episodios de violencia y represión policial en las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre -el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado- y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
La comisión sostiene que estas “graves violaciones” contra los Derechos Humanos deben ser investigadas bajo un “enfoque étnico-racial” y que al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de “ejecuciones extrajudiciales”.
Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte, la que era su “número dos”. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.
