Los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 casi 50.000 millones de dólares, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor porque México no cuenta con una metodología para medir esos montos con exactitud.

Así lo indicó este lunes Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por su departamento o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que su departamento multiplicó el número de denuncias ante los tribunales -en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164- y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios. La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).

En este sentido, congeló recursos a casi 2.000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a 330 vinculadas al de Sinaloa, también llamado el Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional”, Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la geografía. Llamaba la atención que casi todos los estados tienen presencia de dos o más cárteles.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22 % del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

La lucha contra la corrupción ha sido el principal objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y nadie duda que la actividad de la UIF se ha incrementado. No obstante, algunos críticos con el gobierno temen que los procesos abiertos no se traduzcan en el desmantelamiento real de las redes delictivas o corruptas y denuncian que ha habido un doble rasero según si los afectados en las tramas eran afines o no al ejecutivo.