Casa Blanca niega haber desacatado orden del juez que ordenó parar la deportación de inmigrantes a El Salvador

La Casa Blanca negó este lunes haber desacatado la orden de un juez federal para cancelar vuelos de deportaciones de inmigrantes a El Salvador. Ello, luego de que el sábado un grupo de 238 presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua (TdA), además de 23 presuntos miembros de la pandilla internacional MS-13, fueran enviados desde Estados Unidos a una prisión salvadoreña, algunos de ellos bajo una ley que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial.

En concreto, la Casa Blanca afirmó a través de un comunicado de prensa este domingo por la noche, que la orden del juez en sí misma era ilegal y se emitió después de la deportación del grupo. “Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados ​​físicamente de suelo estadounidense”, criticó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en el escrito.

Y valoró: “Gracias a la gran labor del Departamento de Estado, estos atroces monstruos fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán representar una amenaza para el pueblo estadounidense”.

Al anunciar la medida el sábado, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a TdA de “perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos” e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 y que permitía la deportación de extranjeros en tiempos de guerra o invasión.

Esta vez, la ley se utilizó para procesar a 137 de un total de 261 personas que fueron deportadas, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio estadounidense de la BBC. Ni el gobierno de Estados Unidos ni El Salvador han identificado a los detenidos ni han proporcionado detalles de su presunta criminalidad o pertenencia a pandillas.

Los abogados de algunos deportados afirmaron que no tenían afiliación a ninguna pandilla y que algunos no contaban con órdenes definitivas de deportación emitidas por un juez de inmigración estadounidense.

Se desconoce el número exacto de prisioneros deportados según la declaración de Trump. Leavitt afirmó que se trataba de casi 300 deportados, mientras que Bukele citó 238. Sin embargo, entre ellos se encontraban algunos presuntos miembros de una pandilla diferente, la Mara Salvatrucha (MS-13), no contemplada en la proclamación de Trump.

Poco antes de las 7 de la tarde el sábado, hora Washington, el juez federal James Boasberg ordenó la suspensión inmediata del mandato emitido por Trump para deportar a los ciudadanos venezolanos, y exigió la devolución de los aviones que ya se dirigían a Centroamérica. Ello, para tener más tiempo de litigar si el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump era ilegal.

Su mandato se produjo después de que una base de datos de rastreo de aviones mostrara que un vuelo de deportación que salió de Harlingen, Texas, por la tarde, estaba a aproximadamente una hora y 15 minutos de aterrizar en San Salvador.

El avión partió de Estados Unidos durante un receso que Boasberg convocó en la audiencia para que un abogado del Departamento de Justicia pudiera verificar si había vuelos de deportación inminentes o en curso. “Cualquier avión que lleve a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire, debe ser devuelto a Estados Unidos, sea cual sea el procedimiento”, anunció Boasberg a la vuelta del receso.

“Asegúrense de que se cumpla de inmediato”, ordenó, mientras los 2 aviones ya estaban en el aire en camino a Centroamérica. De esta manera, un avión lleno de deportados venezolanos continuó hacia San Salvador y descargó a sus pasajeros a una brigada de soldados, policías y videógrafos salvadoreños que los esperaba. El segundo avión con migrantes deportados arribó a Comayagua, Honduras, según detalló el medio Politico.

El domingo por la tarde, los abogados del Departamento de Justicia presentaron a Boasberg un documento de dos páginas, afirmando que “algunos miembros de pandillas sujetos a expulsión bajo la Proclamación ya habían sido expulsados ​​del territorio de los Estados Unidos, antes de la emisión de la orden de este Tribunal”.

La presentación del Departamento de Justicia también sugirió que la orden de Boasberg no entró en vigencia hasta que se registró en el expediente electrónico del tribunal a las 7:26 p.m., a pesar de que el juez emitió la orden verbalmente unos 45 minutos antes y dijo que debía “cumplirse de inmediato”.

El horario de los vuelos a El Salvador es importante, ya que si bien el juez Boasberg emitió su orden poco antes de las 7 p. m. en Washington, un video publicado desde El Salvador muestra a los deportados desembarcando del avión de noche. El Salvador está dos husos horarios por detrás de Washington, lo que plantea dudas sobre si la administración Trump ignoró una orden judicial explícita.

Un video publicado en X por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostraba a soldados sacando a hombres tatuados de un avión, obligándolos a inclinarse hacia el suelo mientras los llevaban a rastras hasta los autobuses que los esperaban y les afeitaban la cabeza los guardias de la prisión encapuchados.

“Ups… Demasiado tarde”, publicó Bukele, junto con un emoji de lágrimas de alegría, justo encima de un titular del New York Post sobre el juez de Washington que ordenó que el avión con destino a El Salvador regresara a Estados Unidos. Bukele, en otra publicación, afirmó que el traslado de prisioneros formaba parte de un acuerdo con Estados Unidos tras conversaciones mantenidas el mes pasado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Añadió que, por una “mínima tarifa” pagada por Estados Unidos, los presuntos pandilleros del Tren de Aragua serán alojados en el Centro de Reclusión para Terroristas del país, la megaprisión construida para albergar a más de 40.000 personas y que ha sido objeto de preocupación por parte de grupos de derechos humanos debido a la violencia y el hacinamiento.

Por su parte, Venezuela tachó las detenciones de “crimen de lesa humanidad” y adelantó que el gobierno presionará por la repatriación de los migrantes deportados. “No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador”, aseguró en una conferencia de prensa el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

Asímismo, anunció que solicitará al gobierno de Nicolás Maduro que emita una petición para que ningún ciudadano venezolano viaje a Estados Unidos.

En la tarde de este lunes, los demandantes pidieron al magistrado que obligara a los funcionarios de gobierno a explicar bajo juramento cómo acogieron su orden judicial. Así, una audiencia comenzó a las 5 p.m., hora Washington, para determinar si la administración Trump cumplió o violó la orden del juez de parar las deportaciones.

Allí, el abogado de la administración Trump se negó a responder preguntas sobre el momento y el número de vuelos de deportación, citando razones de seguridad nacional. Argumentó que cumplieron con la orden escrita, y que, de todos modos, los aviones ya estaban en el espacio aéreo internacional al momento de la orden, por lo cual los tribunales estadounidenses ya no tendrían jurisdicción sobre ellos.

Al final, no se llegó a ninguna resolución inmediata: el juez dijo que no tomaría ninguna decisión este lunes, pero pidió a la administración que “le diga antes del mediodía del martes exactamente a qué hora cree que su orden de detener los vuelos de deportación entró en vigor el sábado”, según informó The New York Times, The Guardian y Politico, presentes en la audiencia.

Si se llegara a determinar que violó la orden del juez, esto intensificaría los conflictos legales en torno a las afirmaciones sobre el amplio poder presidencial, llevando la situación al límite de una crisis constitucional.

El caso ha alimentado dudas sobre la capacidad del sistema judicial estadounidense para limitar las acciones de la administración Trump, ya que, bajo el sistema estadounidense de controles y equilibrios, se espera que las agencias gubernamentales cumplan con la decisión de un juez federal.

El texto de la antigua ley dice que ésta puede invocarse siempre que se declare una guerra entre Estados Unidos y “cualquier nación o gobierno extranjero”. Pero Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, y además es el Congreso, no el presidente, quien tiene la responsabilidad constitucional de declarar la guerra, explica CNN.

Mientras volaba de regreso a Washington el domingo por la noche después de un fin de semana en Florida, Trump defendió las acciones de su administración pero eludió una pregunta sobre si se habían seguido las instrucciones del juez. “Les puedo decir esto: eran malas personas. Eran un grupo de, como digo, hombres malos”, dijo. Consultado sobre si su gobierno violó las órdenes judiciales, respondió: “Tendrían que hablar con los abogados sobre eso”.

Y Leavitt, en su sesión informativa de este lunes, rechazó las acusaciones de que los inmigrantes fueran deportados ilegalmente. También calificó las deportaciones como una “operación antiterrorista” y argumentó que técnicamente habían cumplido con las instrucciones del juez en el momento en que se entregaron.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que la orden de Trump podría someter a “innumerables venezolanos” a un “riesgo inminente de deportación sin ninguna audiencia o revisión significativa”. El juez Boasberg dijo que hay serias dudas jurídicas sobre el fundamento de Trump para invocar la ley de 1798 (utilizada sólo tres veces en la historia de EE.UU.) al etiquetar al Tren de Aragua como equivalente a un gobierno extranjero.

Mientras que los abogados de Trump, argumentaron este lunes que la orden oral del juez “no era ejecutable”. Y el Departamento de Justicia pidió al Circuito de DC que retire al juez Boasberg del caso, quejándose de que lo convirtió indebidamente en una demanda colectiva y de que el Gobierno “no puede —y no va a— ser forzado a responder preguntas delicadas de seguridad nacional".

Su orden de restricción temporal expirará en 14 días, tiempo suficiente, según él, para litigar la legalidad de la orden de Trump. El juez fijó una nueva audiencia sobre el fondo del caso para finales de la próxima semana.